Pero ahora, el movimiento de la lista Compromiso vuelve a subir la tensión porque esgrime que la posibilidad de que Lugones sea reelecto infringe uno de los artículos de la Ley y contraría el fallo de la Corte Suprema del 16 de diciembre pasado que reinstauró el formato de 20 miembros en el Consejo. Ese pedido ingresó a la Corte en la tarde del lunes. Es difícil predecir si el máximo tribunal atenderá la cuestión: no solo por la decisión de meterse en las elecciones del estamento, sino por las fechas y feriados que hay antes de que el 18 de octubre se lleven a cabo las elecciones entre los magistrados.
Casi en idéntica situación pero con el agravante de que la votación será hoy mismo, entre los académicos por una segunda plaza para el estamento, Leandro Vergara insistió en impugnar que sea el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el que defina mediante la votación de sus representantes cuál será la segunda nominación, de acuerdo a su reglamento. En un escrito de 29 carillas, insistieron en un amparo que había sido rechazado en primera instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal y que debía ser estudiado por la Cámara. Ante la premura y con el reloj corriendo apelaron al último recurso y le solicitaron a la Corte que estime que habría “gravedad institucional” y un gravamen imposible de reparar para que primero, tome el tema, y luego suspenda los plazos del cronograma electoral fijado por el CIN, de manera de suspender las elecciones hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto que es la metodología respecto a la cual se escoge el segundo candidato. Los demandantes aseguran que la vía constitucional es la de voto directo de cada uno de los profesores titulares y de fondo lo que se discute es la posición de poder de la UBA respecto de las otras universidades que integran el CIN, compuesto por todas las casas de estudios a nivel nacional. Forma parte de una pulseada donde buscan restarle poder de fuego al académico Diego Molea, el hombre fuerte en las decisiones que adopta el CIN y que en esta partida, además, juega fichas también en el estamento de los abogados con lista propia.
La Corte no tiene ninguna obligación de contestar los pedidos antes de la fecha electoral y tampoco registra demasiados antecedentes de tomar los saltos de instancia, a excepción del caso Bruglia-Bertuzzi donde sí decidió tomar el caso. De otra forma, los reclamos quedarán sin respuesta y podrían tener que seguir el camino procedimental de las Cámaras respectivas. Más allá de que la Corte se expida, la previa de las definiciones llega a su pico de tensión, en un enfrentamiento por el modelo de Consejo que ahora con 20 miembros se perfila por los próximos 4 años.