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lunes, 27 septiembre, 2021
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    Pepín Rodríguez: comisión de refugiados negó estatus y se espera la definición de la justicia uruguaya

    La Comisión de Refugiados (CORE) no avaló el pedido del operador judicial del macrismo. La jueza de la causa podría iniciar el proceso de extradición.

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    La situación de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón quedará esclarecida en las próximas horas. Esta noche la Comisión de Refugiados en Uruguay negó ese pedido y ahora se espera la definición la de justicia uruguaya que iniciaría el proceso de extradición, adelantó la señal de noticias C5N.

    Al exasesor del expresidente Mauricio Macri se le vence el viernes 6 de agosto el plazo otorgado por el gobierno uruguayo de 90 días para definir si lo aceptan como “refugiado político” en el país oriental. La decisión entonces está en manos de la Comisión de Refugiados (CORE), un organismo estatal uruguayo integrado por siete miembros y presidido por el canciller Francisco Bustillo, ex embajador en la Argentina entre 2005 y 2010.

    La CORE está compuesta por:
    • un funcionario la Dirección Nacional de Migración, designado por el Ministro del Interior;
    • un representante de la Universidad de la República, designado por el Consejo de la Facultad de Derecho;
    • el presidente o un miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes (diputados);
    • un representante de una ONG designado por ACNUR;
    • un representante de una ONG designado por la Asociación Nacional de ONG’s;
    • el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, con derecho a voz pero sin voto.

    Según la ACNUR, como el CORE negó la solicitud, Pepín Rodríguez Simón puede pedir una revisión de la decisión mediante un recurso de revocación por escrito, donde explique las razones de su desconformidad, y si la revisión también es rechazada es posible iniciar un trámite para solicitar la residencia legal.

    ¿Cuál es la situación actual de Pepín Rodríguez Simón?

    El abogado y diputado del Parlasur ya entregó su pasaporte a la Justicia de Uruguay, que dispuso el cierre de fronteras para su caso, en medio de un proceso de extradición requerido por la jueza federal María Servini, quien había ordenado primero la declaración indagatoria y luego su captura en el marco de una frondosa investigación judicial. La magistrada considera que “se dio a la fuga del territorio y manifestó su intención de no someterse a la jurisdicción del país”.

    El cierre de fronteras y retención de documentos lo resolvió la jueza Adriana Chamsarián, del fuero Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, ante quien tramita el pedido de captura de su colega argentina que imputó a Rodríguez Simón por presunta extorsión y aprietes a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, accionistas de Grupo Indalo.

    Pero el pasado 3 de junio, la Justicia uruguaya frenó ese pedido de extradición de Rodríguez Simón realizado por Servini, para que el gobierno de Luis Lacalle Pou defina su proceso de asilo político. El ex asesor jurídico de Macri pidió en mayo pasado “asilo político” por considerarse un “perseguido” al que la Justicia argentina quiere “meter preso”. Se escudó en la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales.

    Café. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en un café en Montevideo, donde dijo que pedirá refugio por ser “perseguido”.

    Café. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en un café en Montevideo, donde dijo que pedirá refugio por ser “perseguido”.

    “Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, argumentó en un comunicado de prensa. Desde ese momento, la legislación vigente en Uruguay (Ley Nº 18.076) le otorgó un plazo de tres meses para analizar su situación. El tiempo se terminó, y ahora la CORE debe expedirse.

    El primer prófugo del macrismo se encuentra en Uruguay desde el pasado 8 de diciembre. Mientras duró el plazo de 90 días para determinar si es aceptado o no, Pepín tuvo derecho a no ser rechazado en la frontera, ni ser devuelto, expulsado o extraditado. Si Uruguay reconoce su condición de refugiado, el ex funcionario de Cambiemos tendrá derecho a residir en forma permanente en el país, con un nuevo documento que debe renovarse cada tres años.

    A diciembre de 2020, Uruguay albergaba a 25.406 personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y apátridas, y a 14.063 personas venezolanas desplazadas en el extranjero.

    Desde Uruguay, donde permanece prófugo desde diciembre de 2020, Fabián

    Desde Uruguay, donde permanece prófugo desde diciembre de 2020, Fabián “Pepín” Rodríguez concedió entrevistas a medios argentinos por Zoom.

    Si no recibe el estatus de “refugiado político”, Rodríguez Simón tiene la posibilidad de aceptar el pedido de extradición (en cuyo caso regresará de inmediato a la Argentina y quedará detenido a disposición de Servini) o rechazarlo, lo que dará pie al inicio del juicio de extradición en Uruguay, que puede demorar varios meses o años.

    Según la legislación uruguaya, cuando chocan dos reclamos antagónicos, el pedido de refugio y una orden de detención de un tribunal extranjero, la primera instancia que debe adoptar una decisión es la judicial. Por eso interviene la jueza Chamsarián antes que el gobierno uruguayo aunque, en definitiva, será éste el que adoptará la decisión final, aún en caso de un fallo judicial que apruebe la extradición.

    En el interín, el pasado 8 de junio, la División de investigación deferal de fugitivos y extradiciones de Interpol emitió un alerta roja por el pedido de extradición de Rodríguez Simón y el 30 de junio el Parlasur avanzó con un jucio político en su contra.

    En la página web de Interpol se explica que “se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena” y aclaran que “una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.

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