Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe pronunciarse sobre una denuncia cuyos hechos se desarrollan en un contexto de absoluta prohibición del aborto. La demanda es contra el Estado salvadoreño. Se trata del “Caso de Manuela”, nombre ficticio de una mujer muy pobre, que vivía en una zona rural, no sabía leer ni escribir y que fue encarcelada por la pérdida involuntaria de su embarazo: los médicos que la atendieron la denunciaron por sospecha de aborto y fue finalmente condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.
Falleció en 2010, a los 33 años, privada de su libertad, como consecuencia de un cáncer que no fue tratado adecuadamente. “Quiero pedir que se haga Justicia. Y que no se haga más lo que le pasó a mi mamá “, dijo este martes Santos, el hijo mayor de Manuela, de 21 años, en una conferencia de prensa –de manera virtual– para periodistas de la región, junto a integrantes de las organizaciones que acompañan a la familia en el litigio. El joven tenía 9 cuando quedó huérfano. Su hermano menor, 7. Este miércoles y jueves tendrán lugar las audiencias ante la Corte-IDH, en la que expondrán expertos y las partes en litigio.
Es el primer caso que llega a la Corte-IDH para reconocer que negar servicios de salud reproductiva y criminalizar a mujeres por eventos obstétricos constituye discriminación y violencia en su contra”, explicó la abogada Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, ONG con sede en Nueva York. Junto con la Colectiva Feminista, de El Salvador, presentaron en 2012 la denuncia ante la CIDH. “Manuela murió esposada a una camilla de un hospital público”, contó Sara García, de la Colectiva. Se espera que la Corte-IDH se pronuncie este año. El fallo podría significar una bisagra en la lucha por la ampliación del derecho al aborto en la región, donde El Salvador junto a Nicaragua, Honduras, y República Dominicana tienen las legislaciones más restrictivas.
Manuela no tuvo ni defensa justa. “Le cambiaron tres veces el abogado. A su padre, que no sabía leer ni escribir, lo obligaron a firmar un documento que, sin saberlo, incriminaba a su hija, donde testificaba que se había inducido el parto. Y fue usado como prueba en el juicio”, recordó García. Cuando estaba privada de libertad, a Manuela le diagnostican un cáncer linfático. “El Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado. Ese cáncer fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo”, agregó la activista feminista.
El “Caso de Manuela” no es un caso aislado. Entre el 2000 y el 2019, 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado en El Salvador, en casos similares al de ella. “De hecho muchos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas ya han declarado que hay una relación directa entre la total prohibición del aborto y la criminalización de estas mujeres. Y es por esto que precisamente el Sistema Interamericano decide conocer un caso emblemático como el de Manuela, porque lamentablemente hay muchas Manuelas en El Salvador y en la región que no reciben atención en salud obstétrica cuando lo requieren, que son humilladas por parte del personal médico, y denunciadas ante cualquier sospecha de aborto”, destacó la abogada Martínez Coral.
Por esto es que las organizaciones litigantes le están pidiendo a la Corte-IDH que declare la violación de derechos humanos contra Manuela y contra su familia, y establezca además parámetros no solo para el Estado de El Salvador, sino de toda la región para que no se sigan criminalizando las mujeres en esas situaciones. Advierten además, que “la penalización absoluta del aborto genera un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas”.
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