Guerra y retoques
Ayer se destacó el “guiño-guiño” entre oficialistas y parte de Juntos por el Cambio -UCR y PRO, no así la CC- a la propuesta que se incorporó a instancias del kirchnerista Marcelo Casaretto, quien solicitó el pago de Ganancias -según corresponda- de todos los empleados judiciales. Es decir, una declaración de guerra al Poder Judicial que, en los últimos años, realizó varias volteretas para amagar el tema. Fue curiosa la “defensa” del diputado y sindicalista de los bancarios, el exradical y hoy kirchnerista Sergio Palazzo, en cuanto a que ningún trabajador tendría que pagar Ganancias.
Otro retoque importante está relacionado con la inflación: el oficialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, a fines de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se defina la redirección de gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ayer, el escurridizo macrista Luciano Laspina dijo que “los medios de comunicación” inventaron el término “cláusula gatillo”, aunque luego lo utilizó como propio en su discurso.
Punto relevante para las provincias, que siempre logran esquilmar a cualquier gestión nacional, sin interesar el signo político. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cobrará la deuda con distritos en ocho años (96 meses). Pasado dicho plazo, el Gobierno podrá retener partidas presupuestarias, pero bajo ningún punto se frenará la coparticipación.
En relación con los subsidios al transporte para el interior del país -reclamo algo lógico por la desigualdad ante el AMBA-, se ratificó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, con gobernadores oficialistas y opositores, y el piso para 2023 subirá a $85.000 millones. Además, habrá un consejo federal para revisar dicha aplicación y la implementación de la SUBE. Queda pendiente una solución para lo que resta del corriente año, con paros varios y súplicas por $13.500 millones.
Otra cuestión -que genera alarma- fue sugerida por Palazzo -e incluida en el dictamen- para que se agregue un nuevo porcentaje sobre lo que los trabajadores pagan de diferencial entre obra social y prepaga. También se aumentarán impuestos internos como “solución” -creará más problemas- para sostener el polémico régimen de beneficios impositivos fueguino. En tanto, la oposición logró que se puedan deducir gastos educativos en Ganancias.
El punto que genera más quejas es el de las retenciones. El oficialismo dejó la delegación al Ejecutivo para que pueda subirlas y la oposición está dividida: el interbloque federal exige la eliminación y Juntos por el Cambio quiere que vuelva a épocas de 2019. Al término de la reunión de ayer se escuchó por pasillos que el macrismo no quiere ir a fondo con este tema por si el año que viene gana las elecciones.
Cuentas
Heller consiguió las firmas necesarias por las negociaciones que encargó Massa y el jefe del interbloque K, Germán Martínez. También, por el aumento por más de $320.000 millones sobre la iniciativa original. De allí los anuncios en cuanto a que Ganancias en el Poder Judicial significarían $237.000, según Casaretto. En las próximas horas continuarán los intercambios de cara a la sesión debido a que Heller tuvo que irse, al término de la reunión, a ver un partido de fútbol.
