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jueves, 28 marzo, 2024
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    Reclaman que se apruebe la nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS

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    A más de 30 años de sancionada la Ley Nacional del Sida (23.798), organizaciones y redes de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), hepatitis virales, tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS) reclaman que se apruebe una nueva ley integral, de enfoque social, para mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

    Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en Argentina 140.000 personas viven con VIH, y son 4.500 nuevos casos notificados por año.

    Además, se calcula que el 17 por ciento de las personas que viven con VIH no conoce su diagnóstico, lo que genera que el 29,9 por ciento se diagnostique en una etapa avanzada de la infección.

    El proyecto de ley, elaborado por múltiples organizaciones, hace hincapié en declarar de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial al VIH, las hepatitis, la tuberculosis e ITS, y este mes se incluirá en las sesiones extraordinarias en el Congreso.

    “Seguimos teniendo casi el mismo promedio de casos notificados año tras año y los fallecimientos asociados al VIH son 1.400 todos los años”
    José María Di Bello

    “Una vez dictaminado, pasa a la Cámara de Diputados, donde tiene que recibir la media sanción y ahí tiene dos años más para que se convierta en ley en el Senado”, explicó a Télam Pablo Yedlin, senador nacional y ex presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, impulsor de la iniciativa.

    Yedlin reconoció que a Télam que “la ley que tenemos hoy es vieja, pero ha permitido que ninguna persona con VIH se quede sin tratamiento. Sin embargo, este proyecto es más amplio”.

    José María Di Bello, activista LGBTIQ+ y presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), amplió: “Cuando se sancionó la ley actual, que va a cumplir 32 años, fue de vanguardia y una de las primeras en la región. Emerge desde un enfoque biomédico, desde la atención sanitaria, pero este proyecto incluye una respuesta integral, con enfoque de derechos humanos, pensando en las mujeres y personas con capacidades gestantes, las niñeses, personas privadas de la libertad, o personas en residencias”.

     

    A su vez, remarcó que “era importante incluir las infecciones más importantes dentro del VIH, que además son las enfermedades transmisibles de prevalencia no solo en Argentina sino en el mundo”.

    Así, datos del Ministerio de Salud registran que el 50 por ciento de las personas con hepatitis crónica desconoce su diagnóstico, la tasa de incidencia de sífilis en la población es de 22,84 cada 100.000 habitantes y se estima que cuatro de cada cinco personas van a contraer uno o varios de los tipos de virus del papiloma humano (VPH) en algún momento de sus vidas.

    “Se viene trabajando desde hace más de siete años con organizaciones de todo el país de manera federal, pensando en el estigma, la descriminalización y en cuestiones que hacen a la calidad de vida de las personas”, expresó Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo, en dialogó con Télam.

    “Las farmacéuticas multinacionales cuando logran una patente sobre un antirretroviral generan un monopolio por 20 años que hace que ningún otro productor pueda producir ni comercializar dicho medicamento”
    José María Di Bello

    Es por ello que se contempla la creación del Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales e ITS con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

    En tanto, Muñoz hizo referencia a que si bien el proyecto fue firmado por legisladores de todos los bloques, no fue tratado durante el período ordinario “porque hay una falsa creencia de que es un problema ya solucionado, sin embargo todavía la tasa de letalidad es alta y las muertes por causas relacionadas al sida son evitables”.

    “Seguimos teniendo casi el mismo promedio de casos notificados año tras año y los fallecimientos asociados al VIH son 1.400 todos los años”, detalló Di Bello.

    En este sentido, reconoció que hay una respuesta sanitaria, donde casi el 90 por ciento del presupuesto se invierte en la compra de tratamientos, pero “no queda resto para otras políticas públicas como la prevención, trabajos de capacitación y sensibilización”.

    Por eso el proyecto también menciona la producción pública de medicamentos, la investigación y desarrollo científico.

    “Las farmacéuticas multinacionales cuando logran una patente sobre un antirretroviral generan un monopolio por 20 años que hace que ningún otro productor pueda producir ni comercializar dicho medicamento, obligando a que los Estados paguen precios astronómicos para poder atender la necesidad de tratamiento de las poblaciones afectadas”, señaló Di Bello.

    “Es importante que la ley salga porque hay que debatir cómo mejorar la calidad de vida de las personas, y quitar los miedos y prejuicios a esta enfermedad”
    Pablo Yedlin

    En cuanto al apartado de los derechos laborales, indicó que “aún hoy se siguen haciendo en los preocupacionales los test de VIH, algo que no corresponde porque ya hay resoluciones ministeriales, por eso casi el 70 por ciento de personas con VIH se atiende en el sistema público porque no tiene trabajo registrado”.

    Al respecto, la normativa menciona incorporar jubilaciones y pensiones no contributivas para aquellas personas con VIH y hepatitis B o C en situación de vulnerabilidad social, cuyos ingresos no superen dos salarios mínimo vital y móvil.

    “Tenemos un informe de la Anses en donde se da el visto bueno en que no es una gran erogación presupuestaria lo que propone este proyecto de ley en cuanto a las situaciones de acompañamiento previsional”, puntualizó Muñoz.

     

     

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