Si bien esa zona aumentó su relevancia producto de los efectos de la bajante del Río Paraná, los empresarios exportadores denunciaron la protesta por “extorsiva e ilegal”.
“El gobierno de la provincia de Buenos Aires debe actuar rápido para garantizar la libre circulación”, sostuvo Gustavo Idígoras, presidente de CIARA. “Somos víctimas de un conflicto ajeno donde un grupo de camioneros no agremiados impiden que los demás camioneros puedan ingresar a los puertos con granos”, agregó.
El dirigente empresarial, afirmó que el lock out, que comenzó el 30 de julio por 48 horas, se extendió en forma ilimitada y ya lleva cinco días causó un gran prejuicio económico para el país ya que son más de 11 mil los camiones que no ingresaron a puerto y que se contabilizan como perdidos.
Además, hay 40 buques esperando para cargar 1.200.000 millones de toneladas de maíz, trigo y harina de soja, entre otros productos. En esa línea, desde CIARA confirmaron que además de perder previsibilidad como exportador el Estado Argentino pierde 400 millones de dólares en divisas por esta situación anárquica.