El proyecto que busca cancelar la deuda con el FMI con los dólares no declarados y fugados al exterior tuvo su segundo round en el Senado. Durante más de tres horas, el plenario de comisiones de Legislación General y Presupuesto retomó el debate de las dos iniciativas del kirchnerismo —la primera crea un “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI”, la segunda modifica la ley de Entidades Financieras de modo de flexibilizar el secreto bancario, bursátil y fiscal— con la participación de expositores.
A diferencia de la primera reunión plenaria, que estuvo principalmente atravesada por los cruces entre el oficialismo y Juntos Por el Cambio (que ya anticipó su voto en contra), este segundo encuentro se valió del intercambio con les especialistas convocados por la oposición para plantear diversas modificaciones al proyecto inicial. El objetivo del Frente de Todos es retomar el debate este miércoles a las 14 horas, emitir un dictamen con las modificaciones y tratarlo en el recinto la semana que viene.
Atravesado el cuarto intermedio de Semana Santa, el Senado retomó el tratamiento de las dos iniciativas que más entusiasmo generan en el núcleo k del oficialismo. El plenario de comisiones comenzó a las 15 horas en el Salón Azul y contó con la participación de cinco especialistas, dos de les cuales habían sido convocados por la oposición y presentaron numerosas objeciones.
“El problema de este proyecto es que hay un desfasaje entre los fundamentos y el texto de la ley”, sostuvo la abogada Jimena De La Torre, exfuncionaria de la AFIP macrista, flamante consejera de la Magistratura y una de las voces (críticas) con las que más dialogó el oficialismo a lo largo del encuentro. “Lo que más me preocupa es que tal como está redactada la norma estamos convirtiendo al Estado Nacional en un vehículo para lavado de activos. Este proyecto dice que no va a revisar el origen de los fondos, que es primordial”, comenzó a decir cuando fue interrumpida por la senadora oficialista Juliana Di Tullio: “Yo también considero que se requiere una articulación más precisa. Es cierto que no está incluido lo de delitos preexistentes y por eso estamos trabajando en una modificación que evite que esta ley sea un vehículo para delitos aberrantes”.
En efecto, algunas de las objeciones que presentó De La Torre terminaron traduciéndose en modificaciones del texto de la ley. Una de ellas fue explicitar que solo podrían acceder a los beneficios que ofrecía la ley aquellos que habían cometido delitos tributarios o de evasión fiscal, no aquellos que hubieran cometidos delitos como lavado de dinero, contrabando, trata de personas o narcotráfico. Por otro lado, el oficialismo presentó otros cambios, como ampliar las facultades de la AFIP para aplicar la ley (referida, principalmente, a la documentación respaldatoria), para cobrar el aporte (permite que sea hasta en 12 cuotas) y para que pueda pedirle al Banco Central que sancione a aquellos bancos cuyas filiales en el exterior no colaborasen con información sobre los bienes no declarados que tienen argentinos allí.
Uno de los puntos de debate giró en torno a la figura del “colaborador”, una de las novedades del proyecto que ofrece incentivos (hasta 30 por ciento de lo recaudado) para aquellas personas, físicas o no, que ofrezcan información que permita acceder a bienes no declarados en el exterior por más de 15 millones de pesos. “Es una figura interesante que existe en otros países pero que requiere de un marco reglamentario e institucional profundo que pueda permitir que estas figuras se desarrollen en un buen sentido, de lo contrario las consecuencias colaterales pueden ser graves”, advirtió el contador Andrés Edelstein. El encargado de responderle fue el autor de los proyectos, el senador del oficialismo Oscar Parrilli: “El colaborador debe dar una información veraz, confiable, contundente y sincera. No irá a la AFIP a denunciar, sino que pretendemos crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. Si da información falsa comete un delito”.
Otro de los puntos giró en torno al debate de si el proyecto del oficialismo era o no un blanqueo. Mientras que el FdT lo niega tajantemente —”No es un blanqueo porque no es voluntario”, repitieron durante la reunión—, JxC lo utiliza argumentalmente para oponerse a las iniciativas (ya que, además de blanqueo, consideran que está “mal hecho”). “Si no es un blanqueo se le parece bastante porque el proyecto señala que quienes se acojan voluntariamente accederán a beneficios a cambio de un aporte”, sostuvieron, mientras tanto, les dos expositores convocados por la oposición.
Por otro lado, también expusieron el doctor en Ciencias Sociales, Pablo Manzanelli, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el economista y periodista de Página12, Alfredo Zaiat. Manzanelli se abocó a indagar sobre “la crisis de la deuda” heredada del gobierno de Mauricio Macri y destacó que, para resolverla sin caer en “una devaluación o un ajuste recesivo”, era necesario “desplegar iniciativas como este proyecto”. “Este proyecto abarca solo una parte de la fuga de capitales, la ilegal y la que está en el exterior”, aclaró, de modo de evitar las confusiones que se generaron durante la primera reunión plenaria.
“El tema de los capitales no declarados derivados a guaridas fiscales que tienen oscurantismo financiero no es algo exclusivo de la Argentina, es un gran debate a nivel mundial. Este proyecto puede ser mejorado, pero no se puede minimizar el debate sobre cómo capturar los capitales no declarados y fugados porque es un debate mundial, de todas las potencias e incluso del FMI”, advirtió, al cierre, Alfredo Zaiat. Zaiat aprovechó para enmarcar el proyecto en la discusión internacional que se está dando respecto a qué hacer para evitar ese desvío de fondos y, destacando que la Argentina “ocupa los primeros lugares de capitales no declarados en guaridas fiscales”, instó a la necesidad de buscar soluciones: “El primer paso es tener voluntad política”, concluyó.
