Este sábado 20 de marzo se cumple un año desde que el Gobierno decretó el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para prevenir los contagios por coronavirus. La pandemia afectó considerablemente a la economía, como en casi todo el mundo, e impactó en el empleo y los ingresos de los argentinos.
Respecto a la actividad económica, el país sufrió en 2020 su peor caída desde la crisis de 2002 aunque fue similar a lo que ocurrió en el resto del mundo por el efecto de la pandemia de Covid-19. La economía retrocedió 10%, según el EMAE del INDEC, una cifra menor a la que se llegó a prever tras los derrumbes de abril y mayo, que alcanzaron el 25% y 20% anual, respectivamente. Cabe recordar que el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio tuvo su mayor intensidad en esos meses.
Sin embargo, al ritmo de la reapertura de muchas actividades, en diciembre la economía arrojó su octava mejora mensual y se ubicó a sólo 3% de los niveles pre pandemia. En los últimos meses se destacaron significativas mejoras en la industria manufacturera y en la construcción (4,4% y 23,3% anual en enero, respectivamente), dos de los sectores más relevantes en la estructura productiva local, así como también en el comercio. Este último fue uno de los rubros más afectados en el acumulado de 2020, junto a otros como restaurant y hoteles, que aún no logran recuperarse.
Empleo
Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en cuanto al empleo, arrojaron que el año pasado el país terminó con 11,9 millones de trabajadores registrados. Si bien la cantidad de puestos de trabajo disminuyó en comparación con 2019, entre junio y diciembre se recuperaron casi 200.000 empleos formales de los 400.000 que se habían perdido hasta mayo por la pandemia. Adicionalmente, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de enero, en ese mes el empleo tuvo su segunda mejora mensual desde la llegada del virus.
La pérdida de 2020 fue explicada por menores nóminas en los asalariados del sector privado, ya que el empleo público y el trabajo por cuenta propia arrojó leves subas. Los rubros más afectados fueron hoteles y restaurantes (con 50.000 empleos menos), comercio (-25.000) y transporte y almacenamiento (-21.000). Por el contrario, la industria manufacturera logró sumar más de 7.000 puestos de trabajo en el año a pesar de la crisis, lo cual también demuestra la heterogeneidad en la recuperación por sectores.
Paralelamente, los últimos datos del INDEC mostraron que en el tercer trimestre de 2020 la desocupación fue del 11,7%, cuando un año antes era del 9,7%. No obstante, la cifra mejoró respecto del segundo trimestre (13,1%), el período más crítico de la pandemia debido a que las estrictas restricciones a la movilidad y a la producción.
Este repunte se debió no a una menor cantidad de desocupados sino a una mayor cantidad de gente que decidió volver a buscar trabajo, lo que se reflejó en una mayor Población Económicamente Activa (PEA), y que finalmente terminó encontrando algún tipo de ocupación, principalmente dentro del cuentapropismo. En el mismo sentido, dentro de los asalariados ganaron terreno los trabajadores informales y además subió la tasa de subocupación, que contempla a las personas que están dispuestas a trabajar más horas.
En ese contexto, los salarios mantuvieron la tendencia negativa que vienen mostrando desde 2018 ya que volvieron a retroceder en términos reales, más de 5 puntos porcentuales. De cara a un 2021 con reactivación económica, el Gobierno ya declaró en varias oportunidades su deseo de que los ingresos le ganen a la inflación. En ese sentido, y en el marco del acuerdo de precios y salarios que impulsa el Poder Ejecutivo, algunos acuerdos salariales ya rondan el 35%.
La cifra supera a la inflación anual estimada oficialmente según la Ley de Presupuesto (en torno al 30%) pero los niveles actuales de los aumentos de precios parecen indicar que es casi una utopía cumplir con esa meta.
Inflación
La inflación se desaceleró de manera significativa en los primeros meses de la pandemia, hasta el punto de alcanzar los niveles mensuales más bajos desde fines de 2017 en abril y mayo. Esto sucedió en un marco de una política de control de precios de alimentos y congelamiento de tarifas de servicios públicos. A eso se sumaron las dificultades para llevar a cabo el relevamiento de precios debido a la ausencia de oferta en varios rubros por las restricciones que trajo el coronavirus.
Sin embargo, a partir de agosto los aumentos de precios comenzaron a acelerarse y desde el último trimestre del año pasado se asentaron por encima del 3% mensual, producto de la reapertura de muchas actividades, la aceleración en alimentos y combustibles, y el efecto de la elevada brecha cambiaria sobre las expectativas, entre otros factores.
En ese marco, la inflación de 2020 fue significativamente menor a la de 2019 (36,1% vs 53,3%) pero para este año el panorama parece más complicado. El Gobierno estimó en el Presupuesto un aumento anual de precios cercano al 30%, pero las cifras del primer trimestre y la inercia presionan la inflación al alza, por lo cual el mercado espera una suba anual en torno al 45%. Para evitar llegar a ese número, el gabinete Económico, liderado por Martín Guzmán, parece haber elegido la desaceleración en el ajuste del tipo de cambio oficial como principal ancla para reducir la inflación, mientras busca además coordinar expectativas a través del acuerdo de precios y salarios con empresarios y trabajadores.
Dólar
Con muchas restricciones para la compra de dólares en el mercado oficial, el principal problema que tuvo el Gobierno fueron los saltos de la brecha cambiaria, que tuvo tres grandes recalentamientos tras la llegada del Covid-19. El primero fue en abril, cuando trepó desde niveles cercanos al 30% hasta el 70% y el segundo fue en julio, cuando las expectativas de devaluación del peso generaron que casi 4 millones de personas fueran a comprar dólar ahorro por un monto agregado en torno a los u$s750 millones, marcando cifras récord.
Posteriormente, el último gran incremento de la brecha se generó luego de las nuevas trabas anunciadas por el Banco Central el 15 de septiembre (que incluyeron el impuesto adicional del 35% para la compra minorista). Las mismas lograron reducir abruptamente la salida de dólares para atesoramiento pero la reacción del mercado llevó el spread entre el tipo de cambio oficial y el CCL por encima del 130%, alimentando nuevamente las expectativas de devaluación, que se reflejó en una pérdida de reservas superior a u$s4.000 millones entre septiembre y noviembre.
La tendencia comenzó a revertirse a partir de la intervención de organismos oficiales en el segmento bursátil y señales por parte del ministro Martín Guzmán en sintonía con una mayor prudencia fiscal. La menor brecha le dio mayor aire al BCRA para acumular divisas y desalentó un poco la postergación de ventas al exterior, favoreciendo también la mayor liquidación por parte de sectores exportadores. Desde diciembre, la autoridad monetaria pudo comprar, en términos netos, casi u$s2.000 millones a raíz de su intervención en el mercado oficial.
En 2020 el tipo de cambio oficial subió apenas por encima de la inflación, cerca de 40%, y se mantuvo con niveles de competitividad razonables en términos históricos. Para 2021 Guzmán ya dijo que espera una suba del 25%, por debajo de la inflación proyectada.
Cuentas públicas
En 2020 Argentina registró un superávit comercial de u$s12.528 millones, el segundo más alto desde 2009. Sin embargo, fue producto de derrumbes cercanos al 15% anual tanto de las exportaciones como de las importaciones, en un contexto de menor intercambio comercial a nivel global por la pandemia y en medio de una recesión local que ya acumula tres años.
En enero de este año los datos se muestran alentadores, Las importaciones mostraron su tercer incremento anual consecutivo y las exportaciones arrojaron su primera mejora desde diciembre de 2019, a raíz de importantes subas en el precio de algunos commodities y una buena performance en los envíos de Manufacturas de Origen Agropecuario.
Por último, la pandemia dejó un déficit fiscal primario del 6,5% sobre el PBI, producto de un salto nominal del 63,5% en el gasto público, traccionado por programas de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y una leve suba del 23% en la recaudación, una cifra que se ubicó debajo de la inflación.