Por
Ingrid Beck
Gabriela Pepe
El Ejecutivo se alinea para criticar la actuación de los tribunales en los femicidios. El eco de la demanda de reforma judicial feminista.
Primero fue el presidente Alberto Fernández en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso. Después, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en un acto donde anunciaron una inversión para la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad destinados a mujeres y personas LGBTI+. Lo siguió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su declaración en la causa por dólar futuro.
A las habituales críticas que el Gobierno le hace al Poder Judicial, y que sostienen la necesidad de una reforma integral del sistema, se sumó, transversalmente, la demanda de incluir la perspectiva de género en todos y cada uno de los espacios reservados a la Justicia. Los últimos femicidios con repercusión mediática pusieron de manifiesto, una vez más, que ni las fuerzas de seguridad, ni los agentes judiciales reaccionan para proteger a las víctimas y evitar sus muertes a manos de varones violentos.
“La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, dijo Fernández promediando el discurso del 1º de marzo. Y, de inmediato, se refirió a la reforma del Poder Judicial “en su más amplia dimensión”.
Lo de De Pedro fue más lapidario: “Existen muchísimos casos donde por inacción o ineficacia, algunos actores del Poder Judicial tienen responsabilidad directa con los femicidios” y les reclamó que “se vayan de un poder que requiere perspectiva de género”. Días después, De Pedro se reunió con Néstor “Yuyo” García -papá de Micaela García, víctima de femicidio que da nombre a la Ley Micaela y funcionario del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires-, donde estuvo acompañado por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Ella también apuntó a funcionarios y funcionarias de la Justicia: “Tenemos que parar los femicidios y necesitamos jueces, juezas, fiscales que sepan hacerse cargo de esta situación, no podemos tener mujeres que van y no reciben protección, no podemos tener policías que no reciben denuncias, no podemos tener jueces que liberan a personas que matan”.
García, a cargo de las capacitaciones de la Ley Micaela en territorio bonaerense se lamentó de la negativa de la Corte Suprema a recibir capacitación en perspectiva de género por parte del Ministerio de Géneros nacional. “Me dolió mucho cuando los miembros de la Corte Suprema de Justicia sostuvieron que ellos se iban a autocapacitar porque no es lo que dice la Ley Micaela”, sostuvo. García se refería a un intercambio de cartas entre la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el presidente del tribunal supremo Carlos Rosenkrantz entre junio y octubre del año pasado, en una de las disputas entre el Ejecutivo y la Corte.
El remate vino de la mano de CFK, en su alegato ante los jueces de Casación: “Ustedes contribuyeron, ustedes también son responsables del sufrimiento de la gente. Ustedes sobreseyeron a los que endeudaron. El Poder Judicial incide en la vida de la gente. Vean los femicidios y la falta de respuestas de la Justicia”. “La Justicia tiene una lógica machista y eso se ve incluso en el tratamiento a Cristina”, le dijeron a Letra P desde el entorno de la vicepresidenta.
El de la lucha contra la violencia de género es un tema que genera consenso social. Desde 2015, a partir de la movilización masiva Ni Una Menos, está en la agenda pública y cada una de los femicidios genera repudios masivos, sin diferencias políticas. Y, en las acciones y omisiones de agentes judiciales en estos casos encontró el Gobierno un flanco débil para limar la imagen de un poder judicial que parece ignífugo a las presiones del Ejecutivo.
Ante la coincidencia de discursos, en distintas oficinas de la Casa Rosada reconocieron ante Letra P que había una decisión coordinada de apuntarle a la Justicia por la violencia de género. “La Justicia está muy desprestigiada. Y este es uno de los puntos que tiene que explicar y modificar”, apuntó un referente del Instituto Patria.
Justicia sin paridad
Desde la sociedad civil y los feminismos al interior de la Justicia reclaman, en principio, acciones afirmativas. El Mapa de Género 2020 elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema da cuenta de que, aunque el sistema de Justicia está conformado mayoritariamente por mujeres (56%), sólo el 31% son mujeres. El informe analiza la evolución de la distribución entre mujeres y varones en los cargos de magistrada/o, procurador/a o fiscal y defensor/a en el total del sistema de justicia -incluyendo a las máximas autoridades-. Allí se observa que, entre 2011 y 2020, la participación de las mujeres en estos cargos sólo aumentó en cinco puntos porcentuales: pasó de 39% en 2011 a 44% en 2020, todavía a varios puntos de la paridad de género. El techo de cristal aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al máximo nivel de autoridad. En el caso de la Justicia Federal y Nacional, por ejemplo, se calcula que los funcionarios varones tuvieron tres veces más chances relativas de ser magistrados y cuatro veces más de ser camaristas que sus pares mujeres.
Fuente:https://www.letrap.com.ar/
