En el marco del paso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Argentina para supervisar el cumplimiento de sus sentencias, Página/12 pudo saber que la Procuración dispuso la creación del Área de Desaparición Forzada de Personas dentro de la estructura interna de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), cuya organización dependerá de su titular, el fiscal Alberto Gentili. No hay precisiones sobre la partida presupuestaria otorgada ni quiénes serán los encargados. Sí se presentó un “manual de investigaciones” para este tipo de delitos, denominado “crimen de crímenes” por su complejidad.
La visita de la Corte IDH, que pasó por Buenos Aires la semana pasada, tuvo como objetivo la supervisión del cumplimiento de sentencias en los casos Garrido y Baigorria, de Mendoza; Torres Millacura, de Chubut; y Acosta Martínez contra la Argentina, entre otros. El pasado martes el procurador interino Eduardo Casal se reunió con una comitiva del organismo internacional especial integrada por la jueza Nancy Hernández López, el secretario ejecutivo, Pablo Saavedra Alessandri, y la coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, María Alejandra Pacheco Arias. Según se informó, la Corte IDH tuvo un contacto directo con autoridades y funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en lo que respecta a “la implementación de las medidas de reparación ordenadas en las sentencias del Tribunal internacional, en especial, respecto de la obligación de investigar, juzgar y, eventualmente, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas”.
En el encuentro, también estuvieron presentes la directora nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Gabriela Kletzel, el titular y los secretarios de la Procuvin, Alberto Gentili, Emiliano Decanini y Gabriel Laino, y el auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, Juan José Taboada Areu. De manera remota, participaron el fiscal de Mendoza, Fernando Alcaraz Miguez, y los fiscales subrogantes ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Silvina Ávila y Mariano Sánchez.
Para reforzar su especialidad temática y brindar un abordaje con criterios específicos en el análisis, investigación y juzgamiento sobre los delitos como los que analiza la Corte IDH, el jefe de los fiscales anunció que se creó un área específica de “Desaparición Forzada de Personas”. Según explicaron desde la Procuración, esa decisión se tomó en función de que este tipo de investigaciones representa uno de los ejes principales de las intervenciones de la Procuvin, marcado por una creciente cantidad de solicitudes de colaboración realizadas por las fiscalías y, especialmente, por “el compromiso de llevar adelante investigaciones por desaparición forzada de personas dentro de un plazo razonable, con seriedad y eficiencia”.
En el caso Torres Millacura, por sentencia del 26 de agosto de 2011, la Corte IDH instó al Estado a iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la desaparición de Iván Eladio Torres Millacura. Sin embargo, a casi 20 años de la última vez que fue visto con vida no se sabe nada sobre él ni quiénes fueron los responsables –a pesar de las sentencias condenatorias dictadas 2016 y 2021 contra cuatro oficiales de la Comisaría 1ª de Comodoro Rivadavia–, y su búsqueda está estancada, tal como afirmó a Página/12 la abogada de María Millacura, Alejandra Gonza.
En los considerandos de la resolución 64/22 a los que accedió este diario, el procurador interino recordó que la Procuvin tiene por principal objetivo lograr el avance en la prevención, investigación y eventual sanción de hechos de violencia perpetrados por acción, omisión o anuencia de funcionarios de fuerzas federales de seguridad y penitenciarias, cuando sean competentes los órganos de la Justicia nacional o federal. Y destacó que “uno de los ejes principales de las intervenciones de la Procuvin son las investigaciones por desaparición forzada de personas, una clase de delito que suele cometerse buscando el amparo estatal en el encubrimiento, obstruir o desviar las investigaciones”. En este sentido, afirmó que “el hallazgo de una prueba directa especialmente complejo y su investigación no responde al paradigma de reconstrucción forense de un hecho ya fenecido, adquiriendo especial relevancia los datos relativos al contexto en que se verifican dichos eventos para lograr su esclarecimiento”.
