Que la pandemia transformó nuestras vidas es una afirmación que no necesita mayor explicación. Las rutinas personales, familiares y laborales cambiaron en un marco de angustias que se profundizan con el paso del tiempo. En un contexto de gran incertidumbre en muchos frentes, las políticas públicas tienen el desafío de promover las condiciones para el ejercicio de los derechos; así como también acompañar, proteger y reparar frente a sus vulneraciones.
En el año que pasó quedó claro que las violencias por razones de género no se detienen sino que parecen intensificarse con las medidas de aislamiento y las distintas consecuencias que de ellas se derivan. Además, hemos comprobado que en muchos casos las medidas que se adoptaron en las instituciones públicas fueron insuficientes para quienes enfrentaron violencias crecientes en las relaciones de parejas actuales o pasadas, que explican la gran mayoría de los femicidios y transfemicidios ocurridos durante la pandemia. Los datos de 2020 en Argentina y en toda la región muestran claramente que para los femicidios no hay cuarentena que valga.
A más de un año del inicio de las medidas que adoptó el Estado Nacional y las provincias durante la pandemia, desde la sociedad civil y en particular los movimientos de mujeres y de derechos humanos hemos acompañado de distintas maneras a las mujeres, niñas, jóvenes y personas LGBTIQ+ frente a las distintas expresiones de las violencias basadas en el género y las sexualidades. Desde la iniciativa Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres participamos en espacios para compartir estrategias, conocimientos, experiencias procurando apoyar a quienes brindan asesoramiento, acompañamiento y contención frente a las violencias.
Ahora que vuelven a adoptarse nuevas medidas ante el aumento de contagios en distintas jurisdicciones del país, hicimos llegar a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) diez recomendaciones para que puedan tener en cuenta en las medidas que se adopten en adelante, basadas en los aprendizajes de la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y los desafíos por delante en el marco de las disposiciones del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).
PRIMERO. Se debe promover una respuesta estatal capacitada y sensibilizada, interseccional y efectiva con atención presencial en la medida de lo posible. A lo largo de este año se avanzó en la implementación de capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, generando espacios de formación importantes y necesarios que contribuyen de manera significativa a la sensibilización y capacitación de agentes estatales. Sin embargo, el esfuerzo es insuficiente en sí mismo sin una evaluación de su impacto para lograr cambios socioculturales en los abordajes estatales de las violencias y desigualdades de género. Es fundamental garantizar la oferta de una respuesta interseccional, integral y efectiva frente a las situaciones de violencias. Como sabemos, las mujeres se encuentran en una situación agravada de vulnerabilidad afrontando extensos periodos sin ingresos económicos regulares y enfrentando los obstáculos adicionales que supone el acceso a las comunicaciones. El Estado debe responder con debida diligencia a las denuncias y medidas de protección solicitadas y debe garantizar el cumplimiento de las medidas vigentes. Debe garantizarse el funcionamiento presencial de todos los espacios que atienden, asesoran y acompañan a mujeres y LGBTIQ+ en casos de violencias, coordinando con las provincias y municipios el acceso a recursos materiales y humanos que resguarden el derecho a una vida sin violencias en el marco de los programas que impulsa el MMGyD.
SEGUNDO. Se debe fortalecer un abordaje integral e interseccional de las violencias de género. Los índices de violencia aumentaron durante el ASPO y las líneas de atención telefónica registraron un gran incremento de llamadas. Las estadísticas disponibles de la Línea 144 registran que entre el 20 de marzo y el 6 de noviembre de 2020 se recibió un promedio diario de comunicaciones que evidencia un aumento del 17% respecto al mismo lapso de tiempo anterior a las medidas de aislamiento. Aunque importantes, las acciones de escucha y asesoramiento necesitan ser acompañadas por políticas que permitan garantizar la autonomía física, económica y social de las mujeres. En este sentido, observamos con preocupación los obstáculos que dificultan un abordaje de las situaciones de violencias como el acceso a la vivienda, la necesidad de acompañamiento psicológico, la inserción económica sostenida para lograr autonomía económica así como también el cumplimiento de las obligaciones de cuidado y alimentarias por parte de los progenitores no convivientes, que muchas veces ejercen violencia económica hacia las mujeres que no reciben la protección de la justicia.
TERCERO. Garantizar el acceso a la justicia debe ser una prioridad. Durante el ASPO el acceso a las vías de ayuda promovidas por el Estado fue muy heterogéneo según el lugar de residencia, el acceso a documentos de identidad, las condiciones de pobreza y la condición de discapacidad, entre otros factores. La distancia espacial en este contexto se tornó en un problema aún mayor. La accesibilidad a los espacios de denuncia es clave y, en algunos casos, las oficinas del Estado encargadas de brindar atención en estos casos se encontraban a kilómetros de distancia de las mujeres que requerían asistencia. A ello se sumó la imposibilidad de acceder al acompañamiento necesario para el fortalecimiento de las mujeres antes de hacer la denuncia y la consecuente evaluación de estrategias para hacer la denuncia sin aumentar el riesgo de las denunciantes. En esta nueva etapa, las instituciones vinculadas con el servicio de justicia deben ampliar sus espacios y posibilidades de atención presencial ya que las herramientas tecnológicas (si bien útiles) mostraron sus limitaciones para brindar efectivo acceso a la justicia.
CUARTO. Garantizar el acceso a la información y a una comunicación responsable. Durante el ASPO, la difusión de información ha supuesto la existencia de un acceso a la tecnología y/o centros especializados que no se condice con las realidades de muchas mujeres y personas LGBTIQ+ que viven en situaciones de pobreza y/o en lugares alejados de centros urbanos, que poseen alguna discapacidad, sufren barreras idiomáticas como migrantes, no tienen conocimientos sobre uso de tecnología o que cuentan con poco o nulo acceso a conexión internet. La estrategia de comunicación debe reflejar las distintas condiciones tecnológicas e idiomáticas de las personas y multiplicarse a través de espacios territoriales y comunitarios. Insistimos en que las línea telefónicas no remplazan otras formas de acompañamiento territorial, indispensable para un verdadero abordaje integral.
QUINTO. Contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sostenimiento del trabajo en el territorio. En muchos territorios, estas organizaciones son las únicas que tienen llegada directa a personas en situación de exclusión y violencia. Durante el 2020 enfrentaron grandes dificultades para poder garantizar la continuidad del trabajo esencial que muchas realizan y que en reiteradas oportunidades es la única opción a la que acceden las mujeres y personas LGBTIQ+ aún cuando trabajan en un contexto de muchas dificultades. De acuerdo con el relevamiento que hicimos en 2020 el 75% de las organizaciones vio como un gran obstáculo el “acceso a recursos económicos para solventar las actividades y/o el personal de la organización” y el 61% vio como un gran obstáculo para desarrollar su trabajo la falta de “claridad en el funcionamiento del poder judicial durante el ASPO”. Los gobiernos locales, provinciales y nacional deben fortalecer su vínculo y coordinación con todas las organizaciones locales, sin sesgos ni exclusiones, y ayudar a garantizar la continuación de su trabajo.
SEXTO. Promover políticas de reactivación económica con perspectiva de género. Durante el ASPO la precarización laboral, el desempleo y los altos índices de inflación han tenido un impacto diferencial en las mujeres y personas LGBTIQ+. Las medidas de apoyos económicos como el IFE fueron positivas pero no lograron cubrir a toda la población por igual, reforzando exclusiones y discriminaciones. Un informe revela que solo un 22,2% de las mujeres trans/travesti recibió el IFE mientras que un 66,7% no recibió ningún subsidio. Algo similar ocurre con las mujeres migrantes: el 12,3% recibieron el IFE, el 12,3% percibe la AUH y el 79,7% no recibió ningún subsidio, siendo el grupo que, junto con las mujeres afrodescendientes, presentaron mayores dificultades en acceder a las políticas públicas y beneficios sociales. Esto se encuentra vinculado a las dificultades, agravadas durante el ASPO y DISPO, que pueden afrontan las personas migrantes para acceder a la documentación argentina y acreditar años de residencia en el país, requisitos para el ingreso a dichos programas. Durante el período de DISPO hubo una caída generalizada en términos de empleo y de sostenibilidad de los ingresos, pero los datos parecen mostrar que los indicadores de los varones se recuperan mucho más rápido que los de las mujeres, posiblemente debido al impacto de la distribución desigual del cuidado al interior de los hogares y de las familias. Es preciso que las políticas que adopten en esta nueva etapa atiendan a la grave situación sanitaria pero al mismo tiempo contribuyan a la reactivación económica atendiendo el impacto de género y las distintas realidades de las mujeres, en toda su diversidad.
SÉPTIMO. Fortalecer la respuesta de los gobiernos provinciales y municipales. Durante el ASPO la adaptación de las respuestas locales a las medidas nacionales, considerando las particularidades de cada territorio, fue lenta y en muchos casos estuvo mediada por las demandas de las organizaciones de la sociedad civil. La difusión de la información sobre cómo actuar frente a situaciones de violencia de género y/o las medidas habilitadas para proteger a las personas no llegaron a todos los territorios por igual, profundizando las relaciones de exclusión social y territorial de grupos que ya estaban en situaciones de precariedad. El Programa GENERAR impulsado desde el Estado nacional es una iniciativa positiva. Para que se cumpla con los objetivos propuestos es fundamental que se monitoreen y evalúen las acciones de transversalización de la perspectiva de género y su impacto en la elaboración de políticas aterrizadas en las particularidades del territorio. Para ello, debe promoverse una mayor participación social y política en el diseño e implementación de las políticas pública, con participación de las mujeres y personas LGBTIQ+ en el diseño e implementación de políticas orientadas al abordaje de la crisis sanitaria y la correspondiente reconstrucción económica, social y cultural.
OCTAVO. Garantizar el derecho a la protección y autonomía física. La prevención y protección de las personas en situaciones de violencias de género demandan un accionar capacitado, sensible y efectivo de las fuerzas de seguridad. En el contexto del ASPO se denunciaron muchos casos de detección arbitraria que reforzaron los estereotipos de persecución sobre personas LGBTIQ+ y de grupos sociales excluidos. Por ejemplo, los colectivos trans y travestis que vivían en la calle, y quienes vivían en barrios en los márgenes de la ciudad y debían trasladarse para el abastecimiento reportaron casos de discriminación, violencia policial y abuso de autoridad, en donde las mujeres trans y travestis fueron criminalizadas y detenidas arbitrariamente. Asimismo, la falta de información y homogeneización entre disposiciones nacionales y provinciales vio afectado el derecho a la protección ya que se desconocían en muchos casos la extensión de medidas de protección y no se respondieron en tiempo ante denuncias y situaciones de riesgo. Otro punto a trabajar es el hecho de que según reporta Mumalá el 4% de los femicidas pertenecía a alguna fuerza de seguridad. El Ministerio de Seguridad debe no solo avanzar en las capacitaciones sobre temas de géneros y diversidades, sino monitorear y sancionar a los integrantes de las fuerzas que tengan antecedentes en estas violencias.
NOVENO. Poner en agenda el cuidado como responsabilidad social. El ASPO visibilizó y aumentó la carga de trabajo no remunerado que las mujeres asumen cotidianamente. En el marco de las medidas adoptadas, se produjo una intensificación y una re-familiarización de los cuidados debido al cierre de los establecimientos educativos y de cuidado, el aumento de las tareas de higiene requeridas para la prevención de los contagios, sumado a las limitaciones para contar con el apoyo de redes familiares o el servicio de trabajadoras de casas particulares. Durante el DISPO no hay claridad sobre cómo van a resolver el cuidado las familias con hijos e hijas en edad escolar, que deberán hacer frente a un esquema alternado de clases presenciales y virtuales (especialmente para quienes no gozan del beneficio de no tener que concurrir al espacio de trabajo, no tienen redes familiares que les puedan asistir). Ante la ausencia de políticas públicas que prevean esta situación, se asume que son las familias quienes deberán resolver estas tensiones, lo cual oficia como un vector de reproducción de las desigualdades de género y socioeconómicas al interior de las familias. La reactivación económica y los planes post pandemia deben contener como un componente central a los cuidados en sus distintas expresiones, incluyendo la posibilidad de contar con licencias, espacios de cuidado, compensaciones económicas para poder pagar servicios de cuidado y modificación de las dinámicas de empleo para permitir la compatibilización de responsabilidades laborales y familiares.
DÉCIMO. Poner en agenda la precarización de las profesiones relacionadas al cuidado que se encuentran mayormente feminizadas. El ASPO dejó en evidencia las condiciones precarias en las que se llevan a cabo las tareas en los ámbitos de salud, educación y centros de atención de personas mayores. Estos sectores tuvieron un rol clave en las medidas dirigidas a la prevención y atención de la emergencia sanitaria, y la respuesta resultó muchas veces en una mayor sobreexplotación de la carga de trabajo de mujeres trabajadoras. Además, hay que resaltar la precarización de las empleadas en casas particulares donde se registró una marcada pérdida de empleo y recorte de ingresos. Deben discutirse propuestas de mejora sobre las condiciones de precarización de las profesiones y ocupaciones mayormente feminizadas desde una perspectiva de género e interseccionalidad, que contribuya al fortalecimiento de las condiciones de empleo de sus trabajadoras y trabajadores (en muchos casos, migrantes). Asimismo se requieren políticas de apoyo a cuidados no remunerados y estrategias activas para la cobertura de las trabajadoras domésticas que se encuentran dentro del mercado informal.
No parece que estemos cerca del final de esta pandemia aunque los avances en los planes de vacunación al menos nos colocan en un camino que nos llevará a superar estos largos meses de pérdidas y dolor. Los desafíos que enfrenta el Estado son enormes y en muchas dimensiones. Deberá asumirlos teniendo muy presente el impacto que el aislamiento, las restricciones en los servicios y espacios de atención tiene en las mujeres en situación de violencia de género, en diversas circunstancias muchas veces agravadas por factores como la discapacidad, la migración, el contexto rural, la edad o las identidades de género. Hay aprendizajes muy valiosos adquiridos en los meses que pasaron y que podrían ayudarnos a afrontar los meses que siguen en mejores condiciones o (al menos) ayudando a las víctimas a tener menos exposición a las violencias que, como ya sabemos, no entran en cuarentena.
(*) Abogada, Directora Ejecutiva de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y del Proyecto Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres.
fuente:https://www.eldiarioar.com/
