El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, visitó a la dirigente social Milagro Sala en Jujuy capital, donde cumple prisión domiciliaria. En el marco de las presiones del gobernador Gerardo Morales para enviarla una cárcel, el funcionario sostuvo que se debe respetar lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su condición de arresto.
Pietragalla llegó a la provincia de Jujuy para conocer las condiciones de detención y el estado de salud de la dirigente de la Tupac Amaru ante el pedido de la Corte IDH a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalidó la condena a 13 años de prisión para Sala, en la causa conocida como “Pibes Villeros”.
“La Corte IDH tiene una medida a favor de Milagro Sala en relación al arresto domiciliario por su situación de salud y que cese la persecución que estaba sufriendo. Ante un nuevo pedido de la Corte IDH estamos elaborando un informe sobre su situación y su estado de salud”, explicó Pietragalla Corti sobre la visita.
En ese contexto, consideró que existe “una medida previsional de la Corte IDH que obliga al Estado argentino a cumplir lo que esa medida dicta, nosotros adherimos a los organismos de derechos humanos constitucionalmente, entonces tenemos que seguir manteniendo esa detención domiciliaria”.
Pietragalla también se expresó sobre el pedido del gobernador Morales, para que Sala cumpla condena en una cárcel común. “Hace ruido que el gobernador pida una cárcel común teniendo en cuenta que los poderes judiciales son independientes de los poderes ejecutivos”, sostuvo. “Le pedimos (a Morales) que no intervenga obligando o presionando a la Justicia para que traslade a Milagro a una cárcel común porque la Corte IDH nos obliga a respetar su mandato”, reafirmó el secretario de Derechos Humanos.
Durante la jornada, el funcionario nacional también encabezó una reunión con dirigentes de organizaciones de derechos humanos, con los cuales acordó conformar una comisión para avanzar sobre las denuncias de persecución política en la provincia, a través de causas judiciales y contravenciones. Entre otros casos, mostró su preocupación por el de Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, adolescente asesinada en septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, sobre quien pesa una causa contravencional por reclamar justicia en las calles de San Salvador.
“Creo que estamos llegando a un límite, los organismos están muy preocupados por esta situación”, manifestó sobre hechos de “violencia institucional”, ligados también a pueblos originarios y familias campesinas sobre la “lucha por las tierras que habitan”.
La comisión conformada buscará a partir de enero realizar “un relevamiento sobre las denuncias” al tiempo que oficiará de “interlocutor ante la Justicia y autoridades políticas” para enfrentar la persecución.
