“Desde la Aduana estamos haciendo una fiscalización masiva para que las empresas expliquen qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar, amparándose en medidas cautelares. Dentro de las acciones está la eliminación del registro de los agentes de comercio exterior si el operador no puede justificar la operatoria”, indicó el director general de Aduanas, Guillermo Michel.
El funcionario hizo referencia a la decisión de la Aduana de intimar a unas 500 empresas para que den explicaciones sobre el pedido, a través de medidas cautelares, de dólares oficiales para la importación de insumos. El organismo fiscaliza la existencia de posibles inconsistencias por el pedido de mercadería que estas firmas realizaron con urgencia a través de una demanda judicial.
Para justificar el pedido judicial, que les permitió saltar el sistema integral del monitoreo de importaciones (SIMI), a los importadores se les requiere documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería.
Además, las empresas tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido. Si lo vendieron, deberán informar el valor de colocación en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes. La notificación da Aduana ofrece un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada.
Justifique
“La acción de la Aduana se da después de hacer una fiscalización sistémica, con el objetivo de detectar inconsistencias de los importadores, tanto en la capacidad económica como en la necesidad de importar esa mercadería”, detalló Michel, quien ocupará un rol preponderante en el nuevo esquema de gobierno bajo el liderazgo de Sergio Massa. El titular de Aduana, especialista en temas fiscales, es uno de los economistas más consultados por el flamante Ministro de Economía.
El pedido de justificación por parte de la Aduana es la respuesta a un esquema empresario-judicial que permitió en muchos casos saltear el sistema de administración de las importaciones basado en las licencias no automáticas.
En su momento, el Gobierno advirtió hace tiempo que empresas importadoras sin acceso al SIMI en algunos casos terminan realizando la operación a través de una presentación judicial exitosa. En particular, en las oficinas de Aduana observaron que en los juzgados 6, 8 y 9 del fuero contencioso administrativo se produjeron fallos sistemáticos, en un 90 por ciento de causas, a favor de los importadores.
La Aduana puso el foco sobre esas operaciones y ahora las empresas intervinientes deberán presentar documentación relativa a la operación comercial, transferencias de titularidad realizadas, detalle de giros de divisas y destino dado a la mercadería. En caso de incumplimiento, “la inconducta será considerada incursa en la figura prevista y penada por el artículo 994 incisos a) y b) del Código Aduanero”, indica la normativa vigente. Se trata de una norma que prevé apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.
Colador
Se calcula que el mecanismo de ingreso de mercadería importada a través de medidas cautelares le costó al país 1850 millones de dólares desde enero del 2021 hasta marzo de este año. En todo 2021 y durante los primeros cinco meses de 2022, la Justicia aprobó más de 10.500 medidas cautelares que, en su mayoría, beneficiaron a importadoras.
Un caso testigo de maniobras ilegales asociadas a las presentaciones judiciales es para la Aduana el de la textil Yoko SA. Fueron cinco instancias en que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, autorizó a sortear la restricción de importaciones. Primero en abril de 2021, luego en septiembre de ese mismo año, después el 24 de noviembre, el 28 de marzo y el 13 de mayo de 2022. Sin embargo, no fue Yoko S.A. la empresa que utilizó las SIMI, sino que “transfirió” este beneficio a otra importadora textil, Tropea. En concreto, la Aduana considera que Yoko le habría “alquilado” la cautelar a Tropea para que importe alrededor de 200 mil dólares de mercadería. Por ello, el organismo bajo la conducción de Michel realizará una denuncia en el fuero penal económico por estafa procesal.
