Por primera vez el Estado argentino le pedirá disculpas públicas a una sobreviviente de un intento de femicidio por no haberle dado protección cuando denunció a su marido, que la venía maltratando, amenazando, y hostigando hacía años.
“Estoy todavía en una nebulosa: este pedido no es solo por mí. El Estado les debe disculpas a muchas mujeres que no fueron escuchadas. Tengo la bendición de estar viva. Acepto estas disculpas en nombre de todas ellas, a las que hoy lamentablemente sus familias las lloran. Eso entristece”, me dijo ayer Olga del Rosario Díaz. Tiene 65 años y vive en el barrio porteño de Villa Pueyrredón.
A ella, el Estado le pedirá disculpas este jueves en un acto público y asumirá su responsabilidad internacional por no haberle brindado ninguna medida de protección cuando las pidió.
La mala praxis judicial correspondió al Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85, a cargo de Félix G. de Igarzábal, exponente del pensamiento clerical y antiderechos. Igarzabal sigue en su cargo.
Para ponerte en contexto te cuento que ese mismo juez, a comienzos de marzo de 2010, anuló uno de los primeros matrimonios igualitarios realizados en la Ciudad, previo a la sanción de la ley, resolución que le costó una denuncia de parte de otra colega, la jueza porteña Elena Liberatori, ante el Consejo de la Magistratura porteño y de la Nación, pero no prosperó. Su padre, Félix Romeo de Igarzábal fue un ex juez que integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma, y que fue condenado en 2012 a 8 años de prisión –en juicio abreviado– por abusar sexualmente de sus nietas en una historia espeluznante que escribí hace varios años. Si, ex camarista de Familia y condenado por abuso sexual.
Pero volvamos al acto en el que le pedirán disculpas a Olga. Se hará el jueves a las 11 –de manera virtual— coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD).
Es parte del acuerdo de solución amistosa que se alcanzó en el marco de una denuncia que llegó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), a partir de una presentación de la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. Olga me contó que en el acto va a invocar especialmente los nombres de Úrsula Bahillo y a Guadalupe Curual, las dos chicas víctimas de femicidios a manos de sus ex parejas en la localidad bonaerense de Rojas y en Villa La Angostura, como consecuencia de la mala actuación judicial, dos casos que nos sacudieron en febrero, por la cadena de ineptitudes de quienes tenían que protegerlas.
Olga es jubilada y hace casi cuatro años pudo haber sido también una víctima de femicidio, cuando su marido durante un matrimonio de 36 años –y padre de sus cuatro hijos– la atacó y le hizo varios cortes en el cuerpo, el más grave en el cuello. Olga lo había denunciado por violencia de género varias veces pero la justicia nunca llegó a dictar las medidas de protección que ella reclamaba y necesitaba. Se salvó de milagro. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo dos meses de rehabilitación. Por el intento de femicidio su marido fue condenado a 20 años de prisión y está en la cárcel.
Olga me contó que una integrante del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85 de la ciudad de Buenos Aires, cuando recibió la denuncia que ella había hecho en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, llamó delante suyo por teléfono a su esposo para plantearle que tenían que hacer una mediación.
Aunque en la OVD ella había pedido una orden perimetral, la expulsión de él del hogar –ella se había tenido que mudar a la casa de una hija por el contexto de violencia—y un botón antipánico. “Pobre hombre, hacerle esto a su edad…”: eso le dijeron en el juzgado, me contó.
Participarán del acto público de desagravio el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, además de la propia Olga y Stella Maris Martínez.
Se llega a esta instancia luego de que el 23 de octubre de 2019 se firmara el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.
El Acuerdo, que fue aprobado el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679, prevé además la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género, como la capacitación a jueces y personal policial. Otro de los puntos es la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a violencia de género, que, como te conté, ya se hizo efectiva el 8 de marzo por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El acto será transmitido a través youtube.com/sdhargentina por si querés seguirlo.
Y hablando de ese flamante Registro Público, ¿sabes quiénes fueron los dos jueces que lo acaban de inaugurar? Javier Anzoátegui y José María Rizzi, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 8, quienes denunciaron a funcionarios y organismos que garantizaron la atención de una interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña abusada sexualmente y llamaron a los médicos que la atendieron “sicarios” y “
Los dos jueces antiderechos se pronunciaron así en un fallo donde el hermanastro de la víctima fue condenado a 35 años por homicidio simple en concurso real con aquellos abusos. Es decir, la ILE no era tema del debate oral que llevaron adelante. Incluso, llegaron a decir en la sentencia que la niña había cometido un delito más grave que su hermanastro. Ambos jueces siguen en sus cargos, aunque pesan sobre ellos varios pedidos de juicio político “por mal desempeño”. Te dejo acá toda la info.
Los dos jueces ya habían sido separados de una causa en la que estaba imputada una joven trans –que luego fue absuelta— por no aplicar la perspectiva de género y el respeto a su identidad de género. No deberían ejercer más la magistratura. ¿No te parece?
Fuente: Mariana Carbajal
