La justicia rechazó el lunes el pedido de un fiscal para que la derechista Keiko Mujimori retorne a prisión preventiva por un caso de lavado de activos y corrupción, en momentos en que la candidata presidencial reclama la revisión de votos en su contra en la reciente elección en Perú.
Fujimori, la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, no admitió su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo, que se autoproclamó vencedor luego de que de la oficina electoral le dio una diferencia de 44.058 votos.
Para anunciar oficialmente al ganador, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe resolver la impugnación o anulación de 200.000 votos de zonas muy alejadas, solicitadas en su mayoría por Keiko Fujimori, alegando “fraude en mesa” sin mayores pruebas. La tarea podría demorar días o incluso semanas, según expertos.
El fiscal del caso, José Domingo Pérez, había pedido 11 meses y 22 días de prisión preventiva para Fujimori, alegando que incumplió restricciones como mantener comunicación con testigos en el caso, en el que se le acusa de recibir 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrechtpara sus campañas políticas del 2011 y 2016.
La candidata acudió a la audiencia del lunes junto a su abogada Giulliana Loza, quien afirmó a su turno que su defendida no había incumplido las restricciones, ni obstruye el proceso judicial, que aún no tiene fecha de inicio de audiencia.
“Se declara infundado el requerimiento del ministerio público”, dijo el juez Víctor Zúñiga, diciendo que no hubo un apercibimiento o advertencia previa sobre el incumplimiento de las reglas por parte de Keiko Fujimori en el proceso.
La audiencia de prisión preventiva se realizó mientras decenas de simpatizantes de la candidata derechista llegaron frente a la sede judicial, en otro momento de tensión en el país minero que aguarda el desenlace de la elección presidencial.
“Lo fundamental ahora es enfocarnos en el conteo de las actas. En ese esfuerzo vamos a continuar, para seguir y que se contabilice hasta la última acta”, dijo Keiko Fujimori a periodistas a su salida de la corte. “Voy a seguir defendiendo la voluntad popular y mi derecho a ser política”, agregó la candidata.
El fiscal Pérez pidió en marzo pasado 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori y la disolución de su partido político, por cargos que incluyen crimen organizado, obstrucción de la justicia tras más de dos años de investigaciones.
La candidata, que niega las acusaciones de lavado de activos y de corrupción, ha estado ya en prisión preventiva por el caso. La primera vez entre octubre del 2018 y noviembre del 2019 y la última entre enero y mayo del año pasado.
