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miércoles, 8 diciembre, 2021
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    ¿Por qué no bajan los femicidios?

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    En los primeros diez meses del año se cometieron 227 femicidios y 10 transfemicidios o travesticidios: uno cada 30 horas, de acuerdo con el registro del Observatorio Marisel Zambrano, que coordina la ONG La Casa del Encuentro. Las cifras se mantienen más o menos estables año a año. Varían poco. El problema es ese: los femicidios no bajan. Ese es el gran drama. En 2015, cuando salimos a las calles por primera vez con al grito de “Ni Una Menos” para decir basta a la violencia machista y su expresión más cruel, los femicidios, el mismo Observatorio daba cuenta de un femicidio cada 30 horas. Del total de víctimas de femicidio de este año, apenas 29 habían hecho una denuncia. Y solo 17, tenían medidas cautelares de prevención dictadas por la Justicia. Como viene ocurriendo desde que se registran estos asesinatos, seis de cada diez son ejecutados por la pareja o expareja de la víctima. ¿Por qué no se logra bajar el número de femicidios ¿Por qué hay mujeres que llegan a denunciar y el Estado no las puede –o no quiere– proteger? ¿Qué es lo que falla? Son preguntas que vuelven a resonar en las cercanías de otro #25N Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.

    Otro dato preocupante: el 12 por ciento de los femicidios fueron ejecutados por agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad como ocurrió con Úrsula Bahilo, de 18 años, de la localidad bonaerense de Rojas, el 8 febrero de este año, un caso que nos volvió a llevar a las calles –en medio de la pandemia— para volver a gritar Ni Una Menos, en medio de la indignación generalizada por la inacción judicial: Úrsula, le escribió a sus amigas, les contó ya en noviembre de 2020 con mensajes de audio y de WhatsApp las golpizas que le daba el oficial de la bonaerense Matías Ezequiel Martínez, de 25 años. Después de aguantar durante meses el maltrato y la violencia física de Martínez –como les sucede a otras mujeres que viven situaciones similares y la aguantan–, fue finalmente a denunciarlo el viernes 5 de febrero. Tenía miedo. Mucho miedo. Tres días antes de su femicidio pidió un botón antipánico. Pero el juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, recién mandó el lunes un oficio al municipio solicitando ese instrumento que podría, tal vez, haberle salvado la vida. Y en el municipio de Rojas, gobernado por Cambiemos, recién el martes tomaron nota del pedido, cuando Úrsula ya había sido asesinada, según reconstruyó Agostina Balastegui, directora de Intervención en Casos Críticos y Alto Riesgo del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que viajó en aquel momento para acompañar a la familia. Le iban a dar el botón antipático pero ya estaba muerta.

    A partir del femicidio de Úrsula, se creó a nivel nacional el Consejo Federal para la Prevención de femicidios, travesticidios y transfemicidios para coordinar protocolos de actuación entre las provincias. Lo llamativo es que todavía no existiera esa coordinación. En marzo, revelé que la Justicia usaba menos del cincuenta por ciento de las pulseras o dispositivos duales disponibles en el país para monitorear a varones denunciados por violencia de género. Aunque la justicia les había dictado prohibición de acercamiento, el policía que terminó asesinando a Úrsula no las cumplía (y además, luego se supo, tenía causas por violencia de género, amenazas y abuso, presentadas por otras mujeres). Y la justicia no había dispuesto ponerle una tobillera, como se conoce comúnmente a este dispositivo.

    En los últimos siete años, uno de cada 15 policías bonaerenses fue acusado de violencia de género, de acuerdo con datos publicados por el portal Perycia –Periodismo y Justicia, obtenidos a partir de un pedido de información pública y análisis de datos oficiales a la provincia. “El porcentaje de sanciones expulsivas es escasa: más del 80 por ciento de los investigados por Asuntos Internos siguen en funciones actualmente”, señalan lxs periodistas Verónica Liso y Laureano Barrera autores de la investigación. Y agregan: “a eso hay que sumarle un número imposible de precisar: quienes nunca serán denunciados. Por miedo”.

    Es otro costado del problema. El machismo y la naturalización de la violencia de género entre los propios uniformados, quienes tienen que tomar denuncias o actuar en algunos casos para proteger a quienes denuncian a otros hombres violentos.

    Los desafíos para prevenir y erradicar la violencia machista y los femicidios son enormes. ¿Alcanza ya la ley 26.485 de protección integral contra la violencia para abordar las otras formas como la violencia obstétrica, la mediática, el acoso sexual o la violencia política o hay que pensar en reformas para plantear otros mecanismos de actuación?

    La Educación Sexual Integral es la gran política a largo plazo para el cambio cultural pero sabemos que a 15 años de la sanción de la Ley de ESI, todavía no llega a todas las aulas.

    En la justicia falta un compromiso real con la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones: hasta hay aspirantes a jueces o juezas que se presentan a los concursos sin haber hecho cursos de capacitación sobre perspectiva de género sin tener ni siquiera vergüenza por reconocerlo –vi a varios en las últimas semanas–.

    También es imprescindible el trabajo territorial para llegar a las mujeres en los barrios, para ayudarlas a reconocer las violencias que sufren, y acompañarlas en la ruta crítica que significa iniciar una denuncia: en ese sentido, el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad está ocupando un lugar importante. Pero no alcanza. Todavía hay un porcentaje alto de municipios que carecen de áreas de género o mujer –hasta 2019 apenas el 30 por ciento tenía –y esto significa que no disponen de presupuesto y dispositivos apropiados para dar respuesta.

    El acceso a patrocinio jurídico gratuito es clave: todavía no está disponible en todo el país y es otro factor a tener en cuenta. Y es fundamental favorecer la autonomía económica necesaria para salir de situaciones de violencia: con la crisis generada por la pandemia de Covid-19, y el aumento de la desocupación, los riesgos se agravan.

    Apenas unos pincelazos, en trazos gruesos, para pensar el problema.

     

    Fuente:Página 12

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