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lunes, 26 septiembre, 2022
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    Recta final en otro juicio buitre

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    El expediente que registra el paso a paso de la demanda del fondo buitre Burford contra YPF y el Estado argentino en el Segundo Distrito Sur de Nueva York transita su recta final a la espera de una definición. Los demandantes reclaman una indemnización de entre 8.500 y 20.000 millones de dólares por los supuestos daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la petrolera en ese momento, le provocó al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012. El 23 de junio es la tercera y última ronda de presentaciones de argumentos jurídicos para que la jueza Loretta Preska pueda resolver el caso por juicio sumario – sin necesidad de llegar a una etapa de un juicio convencional con testigos-

    A partir del 23 de junio, la jueza que reemplaza desde 2017 a un personaje que se hizo muy conocido en Argentina en temporadas anteriores de esta serie de largo aliento con los fondos buitre, Thomas Griesa, tendrá los elementos necesarios para dictar sentencia y resolver las pretensiones. En este caso, la jueza estaría fallando en primera instancia en favor de algunas de las partes: o Argentina e YPF, o bien el demandante Burford. Aunque también podría rechazar el juicio por sumario que piden las partes y solicitar ir a un juicio convencional.

    Lo que están presentando las partes desde el 14 de abril son los argumentos jurídicos para que la jueza pueda resolver el caso sin hacer un juicio que corrobore los hechos, ya que demandados y demandantes coinciden en que los mismos están claros, aunque tienen una interpretación jurídica distinta. La primera ronda de presentaciones fue el 14 de abril, la segunda el 26 de mayo y la tercera será el 23 de junio.

    Una vez presentadas, la jueza no cuenta con un plazo determinado para sentenciar, aunque se especula que debería ser entre octubre de este año y marzo de 2023. Como antecedente de tiempos, Preska se tomó cuatro meses en responder un planteo más sencillo que el actual, cuando Argentina pidió que el caso se siga en el país en vez de los tribunales de Nueva York. La República presentó el escrito en febrero y la jueza respondió negativamente en junio del mismo año. Por eso una fecha anterior a cuatro meses de presentado el último escrito pareciera ser apresurada. Tomando como referencia el corte semestral en septiembre y marzo que hace la justicia neoyorkina, con intenciones de que no queden tantos pendientes en cada corte, se podría poner marzo como fecha límite.

    Los escritos

    “Este caso se refiere a dos ex accionistas minoritarios de la energética argentina YPF S.A. que buscan una ganancia extraordinaria multimillonaria en reclamaciones que podrían haberse resuelto en Argentina”, comienza el escrito presentado por la República el 14 de abril.

    La República enumera seis razones por las cuales “las demandas fracasan como cuestión de derecho”. La más fuerte es que Argentina resalta que los demandantes no tienen derecho a presentar demandas por un supuesto incumplimiento de los Estatutos Sociales de YPF en 2012, porque Petersen y Eton Park no son tenedores de títulos de YPF, ni lo fueron cuando presentaron sus denuncias en 2015 y 2016.

    Otro punto importante que se conoció fue el cálculo que hicieron los demandantes. Usando el estatuto de YPF y calculando diferentes escenarios de intereses luego de siete años de juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre 8.500 millones y hasta unos 20.000 millones de dólares, “un retorno del 100.000 por ciento de su inversión”, aseguran los demandados.

    Alerta buitre

    La demanda contra YPF y el país radica en que los demandantes reclaman una indemnización por los supuestos daños económicos que el pago a los españoles de Repsol, dueño del 51 por ciento de las acciones de la petrolera en ese momento, le provocó al resto de los accionistas luego de la nacionalización de 2012. Se acusa a la Argentina por no ampliar la oferta hecha a Repsol a los otros accionistas privados de la petrolera. En particular, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora (del Grupo Petersen de los Eskenazi), dueñas del 25 por ciento del paquete accionario, que se manifestaron damnificadas por esta compra hostil y quebraron luego de la estatización.

    La demanda que aún espera resolución la inició el fondo buitre Burford Capital en 2015 tras adquirir el derecho de litigio de las empresas del Grupo Petersen de la familia Eskenazi, accionista minoritario de YPF al momento de la expropiación. Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha. Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios.

    Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que el juicio aún no resuelto contra YPF es el principal activo en su cartera: si llega a perderlo, su situación financiera se complicaría, hecho que puede impactar en su cotización en la bolsa y el valor de la empresa. El juicio multimillonario, que reclama un resarcimiento económico alegando que durante el proceso de expropiación se incumplieron las normas del Estatuto de la petrolera argentina, pide el doble del valor real de YPF. “Pero están expuestos de una forma peligrosa” informan analistas del caso.

    A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF (el grupo Petersen) para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales. En tanto, que Preska falle a favor de Burford resultaría un golpe importante para el país. El juicio multimillonario es uno de los más peligrosos que aún mantiene el país en tribunales internacionales.

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