El 18 de julio de 1994, una bomba destruyó el histórico edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), marcando uno de los episodios más trágicos de la historia nacional como el mayor atentado terrorista en suelo local.
La explosión tuvo lugar a las 9:53 y, en apenas segundos, redujo a escombros a la AMIA y varios edificios aledaños. 85 personas fallecieron a causa del atentado y otras 300 quedaron heridas. Según se pudo reconstruir después, 67 de las víctimas fatales se encontraban dentro del edificio y otras 18 en la vereda, o en viviendas y lugares de trabajo cercanos.
La onda expansiva arrasó con toda la cuadra de la calle Pasteur ubicada en la numeración entre el 600 y el 700. Automóviles y árboles volaron por los aires, mientras que casas y negocios ubicados hasta a seis cuadras a la redonda vieron sus vidrios estallar.
El camino hacia la determinación de los culpables estuvo minado desde el principio. Durante los primeros años de investigación, la justicia argentina y los funcionarios del gobierno de Carlos Menem llenaron de trabas la causa.
El “primer juicio” se inició en 2001 contra 22 imputados acusados de formar parte de una conexión local hacia terroristas extranjeros, quienes habrían facilitado la camioneta que se convertiría ese día en eventual coche bomba.
Durante ese juicio los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos. Así, salió a la luz la amplia operación de encubrimiento en la que habían participado el juez de la causa, dos de los tres fiscales, altos funcionarios del gobierno de Menem y los servicios de inteligencia.
Finalmente, el 2 de septiembre de 2004 el tribunal absolvió a todos los acusados y ordenó su liberación en un fallo ampliamente marcado por las irregularidades en la investigación. El juez Juan José Galeano, y dos de los tres fiscales, José Barbaccia y Eamon Mullen, fueron destituidos por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación, especialmente el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldin, presunto facilitador de la camioneta utilizada como coche bomba.
A los 10 años del atentado, la investigación acumulaba unas 100 mil páginas y más de 1500 carpetas con escuchas. En el 2005, Kirchner denominó estas investigaciones como incompetentes y sin resolver, declarándolas una “deshonra nacional”.
El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos acusaron formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al grupo terrorista Hezbollah de ejecutarlo. Un año después, el Gobierno argentino le pidió a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero.
Esta nueva investigación apuntaba al libanés Ibrahim Hussein Berro como el conductor suicida del coche bomba. Sin embargo, Radio Nur del Líbano aseguró el 9 de septiembre de 1994 que Berro falleció en un combate contra el ejército israelí en su tierra natal.
En 2013, el Congreso argentino ratificó un Memorándum de entendimiento Argentina-Irán, buscando destrabar la causa estableciendo un mecanismo para tomar declaración indagatoria a los iraníes acusados en su país.
A causa de esta movida diplomática, en 2015 el fiscal Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios apuntando que el memorándum constituía parte de un plan orientado a encubrir a los iraníes acusados en la causa. Sin embargo, horas antes de tener que presentarse ante el Congreso para informar sobre su denuncia, Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento.
Pocos meses después de la muerte del fiscal, comenzó el segundo juicio de la AMIA con Menem como principal imputado. En ese proceso fueron condenados por encubrimiento y corrupción el ex juez Galeano, el ex jefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, el reducidor de autos Telleldin y otros funcionarios del Estado argentino. Menem y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, fueron absueltos.
En mayo de 2019 se sumó un tercer juicio, con Telleldin otra vez en el banquillo, acusado de acondicionar y entregar el coche bomba al autor o autores directos del atentado, cargo del cual terminó absuelto.
En una de las últimas noticias relacionadas con el caso, en julio de 2019, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos anunció que el libanés Salman Raouf Salman, perteneciente a Hezbollah, fue quien coordinó el atentado. Actualmente hay una recompensa de siete millones de dólares por información que permita detenerlo.
