La esposa del exjefe del Ejército de Chile Juan Miguel Fuente-Alba, Anita María Pinochet, será investigada por supuesto lavado de dinero, tras una larga investigación que constató un aumento de su patrimonio del 281% en siete años, por lo que no podrá salir del país. Anita María Pinochet, que no tiene relación familiar con el dictador Augusto Pinochet, quedó imputada junto a su esposo en la causa conocida como “Milicogate”, por patrimonio injustificado a través de los dineros asignados por la Ley Reservada del Cobre.
La investigación se abrió en 2016, cuando se informó que el exjefe del Ejército tendría un patrimonio personal de aproximadamente 1,7 millones de dólares, lo que no se condice con los ingresos durante su carrera, quien en los años 2000 fue agregado militar adjunto a las embajadas de Estados Unidos y Argentina.
En febrero de 2019, la jueza de la Fiscalía Militar, Rommy Rutherford, los acusó por el uso de fondos reservados del Ejército, ordenando su prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar, lo que luego fue reducido a una libertad condicional. Finalmente, en una audiencia realizada este viernes, el fiscal José Morales afirmó que el exjefe castrense junto a su esposa realizaron supuestamente el delito de lavado de dinero, en “forma reiterada”, entre 2010 y 2016.
Según un extenso perfil publicado en El Mostrador, en 2011, Anita Pinochet registró unas siete salidas de Chile. Entre ellas, según documentación de la causa, habría gastado 6.700 dólares en una estadía de dos semanas en París, donde compró ropa en tiendas exclusivas, muebles y joyas. Los gastos fueron abonados en efectivo a su tarjeta de crédito, que solo tenía un cupo internacional de 100 dólares.
En noviembre del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) querelló a Anita María Pinochet, al constatar que aumentó su patrimonio en un 281% en un período de siete años. La defensa de la mujer pidió al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que se declarara inadmisible la acción, lo que fue rechazado por el tribunal. En la audiencia, el fiscal Morales enumeró millonarios movimientos bancarios de la pareja, tanto en pesos como en dólares.
Morales afirmó que “la imputada e imputado con el dinero recibido como consecuencia del delito base realizaron una serie de inversiones, contratos y gestiones con ánimo de lucro, logrando integrarlo al sistema económico formal, vulnerando los sistemas de controles preventivos en materia de lavado de dinero”.
La pareja utilizó ocho modalidades para lavar el dinero, entre ellos, compra de acciones, adquisición de vehículos, operaciones de compra y venta de inmuebles. El fiscal adelantó que, probablemente, la próxima semana el Ministerio Público presentará una acusación formal contra la pareja, para luego ir a una audiencia de preparación de juicio oral.
