En ese ecosistema el camarista que tiene mayor ascendencia sigue siendo Sergio Fernández aunque en los últimos años se han incorporado magistrados en concursos que fueron “reperfilados”, aunque sin sorpresas en los nombramientos, la mayor parte de la siembra que la propia Cámara viene haciendo con regularidad. Para notar su gravitación basta ver cómo esquivó el intento de reforma de Alberto Fernández que pretendía fusionarlo con el fuero Civil y Comercial Federal. En la discusión en comisión se borró ese artículo y no llegó ni siquiera la discusión en el recinto. Pero también es cierto –para quienes leen entre líneas- que fue el destinatario de los dardos del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias. No los nombró pero apuntó a que “algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”, dijo Fernández. La suspensión cautelar de seis artículos del DNU 69/20, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía fija y móvil, la televisión paga y a internet, y de tres resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que reglamentaban ese DNU terminó por ser impugnada a favor de las empresas demandantes por la misma Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Como se ve, el panorama es complejo, más allá de que el asunto hubiera pasado a la mesa de entradas de la Corte Suprema. El análisis es sobre la “foto”. La “película” vuelve el comportamiento de los tribunales más relevantes fuera del foco de Comodoro Py (que le importa a la política) mucho más rico en matices.
Para completar el esquema de poder que ubican a esos tribunales en el vértice cabe advertir que la decisión sobre el TSJ también se inscribe en la carrera por alcanzar una plaza más en el Consejo ahora, pero con la mirada puesta en noviembre cuando se debería reconfigurar, quizás, con una nueva ley. Marra Giménez es la jueza que avaló en primera instancia la demanda impulsada por la Asociación de Magistrados. Es candidata suplente de la lista Compromiso Judicial para estas elecciones del 7 de abril. El líder de ese espacio es López Castiñeira. La presidencia del Contencioso es de Jorge Morán, también titular de la Asociación de Jueces Federales, cuya secretaría está en manos del impulsor de la agrupación, el juez federal Ariel Lijo, quien a su vez tiene bajo su juzgado la causa penal por el “acuerdo” entre el Estado y la familia Macri por la deuda del Correo que está siendo investigado desde 2017 como un delito penal. Zoni sería el fiscal que deba retornar a la fiscalía N°8, donde se impulsó la acción penal. Responsabilizan al procurador interino Eduardo Casal por haberlo removido dado que su traslado definitivo fue objetado. Casal “perdió” de alguna manera la demanda que inició Zoni pero fue férrea su defensa en contra de la intervención del TSJ en los precedentes “Levinas” que fue el globo de ensayo para lo que sería luego la ley sancionada de apuro por la Legislatura y que acaba de volver a ser fulminada por el Contencioso.
La realidad es mucho más compleja de lo que parece. Sin embargo, en un contexto de dispersión absoluta, el Gobierno no debería despreciar los guiños.
