El fiscal Diego Luciani repitió minuciosamente y de manera vehemente la acusación inicial en el caso de las rutas de Santa Cruz. Sostuvo que las licitaciones fueron ficticias y que incluso contaron con la complicidad de otras empresas nacionales -mencionó a Esuco, del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y enemigo de Lázaro Báez, y Petersen, de la familia Esquenazi- que, según dijo, simularon presentar ofertas o sea habrían sido colaboradoras de un delito, pero que nunca se las imputó de nada.
También sostuvo que los funcionarios de Santa Cruz, empezando por los gobernadores, eran parte de la asociación ilícita que licitó, adjudicó y controló la construcción de las rutas. Sin embargo, tampoco ninguno fue imputado de nada. Luciani insistió en cuestiones ya desechadas por la auditoría que hizo el propio macrismo: aquel estudio determinó que nunca se pagó ninguna obra que no se haya terminado y que las demoras fueron las mismas que en las demás provincias. Lo más novedoso es que Luciani adelantó que hubo obras que no fueron votadas por el Congreso Nacional en las leyes de presupuesto, algo que por primera vez figura en la acusación.
Los puntos clave de la acusación de Luciani
Los puntos centrales de la acusación del Ministerio Público fueron las originales. Que de manera irregular se le adjudicaron 51 de las 81 rutas a empresas de Lázaro Báez, que con los años fue absorbiendo otras empresas constructoras de la provincia. Luciani hizo énfasis en que buena parte de las obras no se terminaron en tiempo, algo que ocurre en todo el país, entre otras cosas porque el estado no paga a tiempo o porque no mueve caños o cables que cruzan la traza o porque no se expropiaron los terrenos que corresponden. Y, también, porque en diciembre de 2015, el macrismo dejó de pagar todas las obras -no sólo las de Santa Cruz-, lo que produjo un durísimo conflicto gremial y la paralización de la construcción en casi la totalidad del territorio nacional.
La cuestión más general de la imputación fue que Báez era “un empleado bancario” cuando fundó Austral Construcciones, sin tener experiencia en el rubro. En realidad era el gerente general del Banco de Santa Cruz, no un empleado. Pero Luciani evaluó que como era amigo de Néstor Kirchner fue privilegiado y consiguió una cantidad enorme de contratos, algunos de ellos a través de otras empresas que fue absorbiendo, en algunos casos como socio mayoritario: Gotti Hermanos y Kank y Costilla, las principales. Lo que sucede con este enfoque es que los titulares de esas empresas rechazaron las versiones de que fueron “apretados” para vender. Dijeron exactamente lo contrario: que las negociaciones fueron difíciles, duras y ellos eran los que querían vender, más que Báez comprar.
Otro punto clave señalado por Luciani es que se hicieron numerosas modificaciones de obra, sin comparar lo que ocurrió con Báez con la experiencia de otras constructoras y otras provincias. Al mismo tiempo, el fiscal adelantó que utilizará la postura de dos de los tres peritos para sostener que hubo sobreprecios. Ambos peritos -Eloy Bona y Roberto Panizza- hicieron agua en las audiencias y no tuvieron forma de sostener sus afirmaciones.
Una acusación para la tribuna mediática-política-judicial
Luciani fue hábil en hacer un resumen de la acusación porque sabía que su chance mediática -casi una cadena nacional- era al principio. Mencionó a Cristina Kirchner sólo de manera general con el argumento más tradicional: “Esta estructura no se podía armar sin el visto bueno de las autoridades nacionales, empezando por los presidente Néstor y Cristina Kirchner”. Para el fiscal, un elemento clave es que Báez fue amigo de Néstor Kirchner, algo que era público y notorio al punto que el constructor donó el mausoleo que guarda los restos del expresidente. Sin embargo, Luciani utilizó el testimonio del actual presidente Alberto Fernández quien, cuando declaró como testigo, contó que fue a Calafate, en 2003 o 2004, y Néstor Kirchner le presentó a Báez. La anécdota ayuda al show, pero no tiene el menor peso judicial.
Desde el punto de vista judicial, Luciani sobreactuó la acusación inicial esencialmente para la tribuna mediática-política-judicial. Su problema más serio será demostrar que hubo alguna instrucción, alguna nota, alguna firma indebida para beneficiar a Báez. No será fácil porque todas las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras. No intervinieron autoridades nacionales. A eso -según dijo- dedicará buena parte de las nueve audiencias.
En la primera hora y media la emprendió contra José López, el hombre que tiró los bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Luciani no mencionó que existiera alguna prueba que relacionara a López con Báez -en verdad se odiaban-: más bien, las sospechas son las contrarias. Todo indica que al menos parte de los nueve millones de dólares provendrían de la obra más trascendental de esa época, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Los interesados en esa obra fueron empresas del Grupo Macri, o aliadas del grupo Macri. En principio, la más señalada es la brasileña Odebrecht, que reconoció el pago de coimas. De eso, Luciani no dijo nada.
