El auge de la extrema derecha que vive Europa del Este no es casual. El aumento de los ataques a las activistas feministas en el Estado español no es aislado. La fuerza de los fundamentalismos religiosos en diversos países de América Latina no es puntual. Desde finales del siglo XX existe una estrategia coordinada a escala internacional para hacer retroceder las democracias, los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
Que se haya limitado el derecho al aborto en Polonia tiene que ver con que en Bulgaria se haya decretado inconstitucional el Convenio de Estambul o que en Colombia se utilizara, hace ya cinco años, el argumento vacío de la “ideología de género” para atacar los Acuerdos de Paz; y todo ello está ligado con las manifestaciones que hubo en España en 2005 en contra de la aprobación del matrimonio igualitario.
El estudio ‘Ataques a la democracia en Europa y América Latina. Voces desde los feminismos’, impulsado el Fondo de Mujeres Calala junto con el Fondo Lunaria, el Fondo Alquimia y Bulgarian Women’s Fund, de Colombia, Chile y Bulgaria, desenreda la realidad del auge de los grupos antigénero, su articulación global y su financiación, en muchos casos ligada a Citizen Go.
“Desde los años 2000 los fundamentalismos políticos y religiosos atacan al género y pretender socavar las democracias”, apuntó Diana Granados Soler, una de las coordinadoras, durante la presentación online del informe, que analiza la situación en 28 países de América Latina y Europa.
Tres aspectos conectan los contextos de ambas regiones: el aumento de los gobiernos de derecha y de ultraderecha, la profundización de un modelo económico neoliberal voraz que empobrece y genera violencia, y la convergencia de algunos planteamientos de gobiernos de izquierda con posturas fundamentalistas ligadas a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y de género. Una tríada que galopa junta para mantener un statu quo que favorece a unos pocos y construir enemigos, sobre todo el movimiento feminista, cada vez más protagonista por su fuerza y por sus logros.
“Los avances en materia de igualdad tienen al movimiento feminista como motor. El feminismo en América Latina ha protagonizado las movilizaciones sociales de las últimas décadas. En Europa Occidental ha crecido la aceptación social de las reivindicaciones feministas, a partir de las movilizaciones de 2018 y 2019. Los medios incorporan sus discursos y análisis; incluso algunos Gobiernos se declaran feministas. Esto ha situado a las activistas en el foco de los fundamentalismos antigénero, ya que cuestionan el statu quo que estos defienden”, explica el estudio, en el que colaboran ocho fondos de mujeres de América Latina y diez europeos.
De la batalla cultural a la violencia
Este contexto puede tener cierta connotación de “batalla cultural”, muy reflejada por ejemplo en los debates sobre la educación sexual en las escuelas, como apuntó en la presentación Nuria Alabao, la otra coordinadora de la publicación. Y también hay una batalla jurídica, porque el litigio estratégico es una herramienta de las más de las utilizadas. “Dos de las organizaciones de juristas más influyentes en Europa son el European Centre for Law and Justice y la Alliance Defending Freedom, de origen estadounidense, que han estado vinculadas a la administración Trump. Han intervenido en docenas de casos judiciales europeos durante la última década: se han opuesto a la adopción por parte de personas del mismo sexo, han apoyado a médicos y empresas que se niegan a brindar servicios a mujeres y personas LGTBIQ+ y, en al menos siete casos, han presentado argumentaciones legales en apoyo a las posiciones del Gobierno polaco en tribunales europeos”, apunta la amplia investigación.
En otros casos se va más allá. El auge de esta agenda global antiderechos está teniendo como consecuencia formas de violencia similares en distintas latitudes contra activistas feministas y LGTBIQ: el estudio reporta que en algunos países de Europa el acoso ha llegado a comprometer la integridad corporal de las activistas, sin olvidar el acoso en redes, ya investigado por Calala para el caso del Estado español. “El espacio público sigue siendo hostil hacia las mujeres progresistas”, concluye la investigación.
“El feminismo es un objetivo claro”, subrayó en la presentación Alabao. “Los ataques al género están conectados con ataques a la democracia liberal”, añadió en su intervención en la rueda de prensa organizada de manera online.
Y no es cosa de ahora. En 1994 sitúa la investigación el inicio de esta articulación antigénero y antidemocrática. Concretamente, en la III Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas celebrada en El Cairo (Egipto): “Hemos visto el impulso de estos fundamentalismos a través de una férrea política del Vaticano que situó la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos y la noción de género (…) llevó a cabo una importante estrategia de despliegue de estos discursos en ámbitos académicos, jurídicos, políticos y cotidianos, bajo la sombrilla discursiva de la ‘ideología de género’”, apunta el informe. Así titulaba El País una crónica previa a la conferencia de la ONU: “La reunión de El Cairo ha movido a Juan Pablo II a lanzar su mayor cruzada”. Una “ideología de género” tachada de “significante vacío” por Granados Soler. La memoria recoge que es un concepto usado por “todos los que parecen oponerse a la familia nuclear heteronormativa como modelo de organización social”.
El auge de estos discursos, por otra parte, entronca con otras situaciones, como “el empobrecimiento generalizado”, “el miedo al descenso social de las capas medias, que ha ido avanzando” y la “incapacidad de las democracias liberales para poner límites a la voracidad del capital”. Por ello, existe una conexión entre la lucha feminista y la lucha contra los extractivismos, en palabras de Alabao, periodista e investigadora. Esta intersección también queda clara cuando se apunta que en muchos territorios se unen posturas nacionalistas y, por tanto, antimigración. Esta agenda global antigénero también es racista.
La monografía, de casi 200 páginas, ha identificado cerca de 500 movimientos y organizaciones antiderechos que dicen defender a la familia en más de 30 países de Europa. No solo participan de esta “transnacional antigénero” partidos políticos y grupos religiosos, sino también periodistas, organizaciones no gubernamentales o centros académicos y jurídicos. Comparten espacios encuentro: “Los foros internacionales son un lugar destacado donde las y los activistas y la extrema derecha institucional estrechan lazos, así como una muestra de su creciente articulación política en el mundo; estos encuentros les permiten compartir recursos y establecer estrategias y discursos conjuntos. El más destacado es el Congreso Mundial de la Familia”. En el caso de América Latina, los lobbies también operan en espacios como la Organización de Estados Americanos (OEA), apunta Diana Granados Soler, trabajadora social y profesora de Antropología en la Universidad del Cauca de Colombia.
Respuestas feministas
Estos fundamentalismos son una respuesta a la fuerza feminista, afirma el informe, que también recoge que “se percibe un aumento de la polarización social en estas cuestiones”. La masiva huelga feminista en España del 8 de marzo 2018, las manifestaciones en Polonia contra las protestas legislativas que intentaban retroceder en el derecho al aborto, las movilizaciones argentinas Ni Una Menos, la lucha feminista en Nicaragua desde hace años contra el régimen de Ortega-Murillo o la reproducción infinita de la performance ‘Un violador en tu camino’ de Las Tesis son solo algunos ejemplos de la ampliación de la lucha feminista, y de su visibilidad, en diversos territorios.
Una de las claves de la investigación es registrar las estrategias antigénero para contrarrestarlas. Reforzar los movimientos feministas de base se apunta como una clave fundamental en este sentido, además de apoyar y acompañar a las activistas agredidas, generar redes, estar en las calles y usar la “imaginación política”.
La publicación, elaborada a partir de decenas de entrevistas, concluye también que la agresividad y la violencia de quienes cuestionan los derechos de las mujeres trans y su identidad de género están dificultando generar espacios de diálogo. “En algunos casos, la negación de los derechos trans acuñados por sectores del feminismo ha llegado a incorporarse al debate sobre posibles avances legislativos, como en Inglaterra y España”, dice el documento. Y ofrece otros ejemplos que dificultan el panorama: aquellos Gobiernos de América Latina, como fue el de Rafael Correa en Ecuador o como es el Daniel Ortega en Nicaragua, que se enuncian de izquierdas o progresistas y que han defendido posiciones conservadoras hacia los derechos sexuales y reproductivos, las luchas feministas y la diversidad sexual.
“Los ataques pueden ser momentos de construcción colectiva que lleven a dejar de lado las diferencias para impulsar frentes unidos entre diversos actores. La respuesta colectiva a determinados ataques puede ser una muestra de fuerza y una oportunidad para visibilizar alianzas”, concluye el informe.
Fuente : www.pikaramagazine.com
