Al día de hoy, la Justicia recibió cerca de 100 presentaciones contra el Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Si se considera que unos 13 mil argentinos deben pagar el tributo por única vez, la cifra se vislumbra insignificante. Pero esos 100 controlan buena parte de la agenda, los negocios, y movieron a los abogados más allá de las cuestiones económicas. La rebelión fiscal VIP es una señal clara al Gobierno de Alberto Fernández por parte de una porción del establishment que blanquea pertenencia opositora y ya mira a las elecciones de medio término. El gesto se acentúa con la división de aguas que se generó entre ceos: una gran mayoría que pagó, aún a desgano, y una minoría intensa, con poder de lobby, que irá a fondo.
El 16 de abril, mismo día en el que venció el plazo para anotarse y pagar ante AFIP, un grupo de empresarios presentaron cautelares: desde el futbolista Carlos Tévez al ítalo argentino de la FIAT, Cristiano Rattazzi, y las descendencias de los Pérez Companc, dueños, entre otras firmas, de Molinos Río de la Plata.
También se sumó al pelotón Enrique Piñeyro, el ex piloto de avión y documentalista, que sorprendió en el inicio pero que entró, en realidad, como heredero de Paolo Rocca. Es hijo de Marcela, hermana del dueño de Techint. Además de Inés Bengolea, nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, el ceo de Clarín, Héctor Magnetto, y los Saguier de La Nación.
Fue una segunda tanda que se sumó detrás de los que judicializaron antes del plazo: entre ellos la familia de polistas de la Ellerstina, los Pieres; los familiares de Nicolás Caputo, el mejor amigo de Macri y empresario mutipropósito, y los dueños de la Constructora Rovella Carranza. La guía de los casos presentados es una posición que se expande en grupos de Whatsapp de abogados y tributaristas: un planteo de inconstitucionalidad, que busca patear el pago hasta que haya una resolución que lleve el asunto a la Corte Suprema. “Son juicios que, además, dan dinero”, explicó un tributarista que trabaja con litigantes. Para ellos, además, es plata fresca de un fee fijo y luego el proporcional de un juicio ganado.
En la otra esquina, los que pagaron son más y algunos muy visibles. Algunos casos, varios directivos fabriles, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y hasta banqueros. Algunos nombres conocidos, el ex legislador, directivo de UIA y presidente del Banco Bice, José Ignacio De Mendiguren; el rey de la soja, Gustavo Grobocopatel, el desarrollador de Nordelta, Eduardo Costantini; y el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. Algunos que también pagaron y no lo hicieron público contaron a este diario que “si bien creemos que estos impuestos empobrecen y perjudican, con Macri muchos de nosotros perdimos la mitad de nuestra fortuna. Entonces, ahora que empezamos a recuperar algo, tampoco es justo no pagar”.
Aún en una dinámica global que debate y concreta tributos de este estilo, como se ha visto en avances que reclamaron el FMI y el Banco Mundial, detrás de la rebelión hay especulación y quita de respaldo. Fuentes del sector que se niega a pagar hacen el cálculo de la relevancia que tiene el dinero de ese tributo para el Gobierno, para llegar más estable a las elecciones legislativas. Es una quita de apoyo que haría más ruido si no fuera por la estabilidad que empezaron a tener las reservas por varios factores, sumadas a la posibilidad de un acuerdo de extensión de pagos con el FMI y el Club de París. Pero es la señal que, según los propios rebeldes, se le quiere dar al gobierno.
La ruptura con el poder de estos grupos fue bastante más lenta con Mauricio Macri que, a pesar de haber jugado para los ceos, pero también los padeció. En el caso de Techint, se acabó cuando el ex presidente levantó los subsidios al gas en Vaca Muerta. Con Fernández, se intensificó en los últimos meses una campaña que dejó al descubierto a los que apuestan al crecimiento y quienes, aún en pandemia, decidieron que las cartas del Ejecutivo ya están jugados y no son, para ellos, una buena mano.
