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jueves, 29 julio, 2021
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    El eje del debate sobre el modelo productivo

    El Paraná y la llamada hidrovía

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    A fines de junio se resolvió que la gestión de la llamada “hidrovía” que circula por el Paraná esté a cargo de la Administración General de Puertos (AGP) y le asigna un año para convocar a una nueva licitación. Muchos festejaron la iniciativa y otros la criticaron. Cada quién con matices, en función del imaginario relativo al papel del curso de agua en el orden económico.

    Los que sustentan una concepción privatista denuncian que la medida y su ulterior desarrollo conspira contra la “libre circulación” del río, por donde transita el 80% de las importaciones y exportaciones del país. En la otra vereda se reivindica el manejo soberano, desde el Estado. Se sostiene el apoyo con argumentos que van desde la importancia de la gestión estatal hasta considerar a la medida como el punto de partida para discutir el conjunto del modelo productivo.

    El debate de fondo remite a si los bienes comunes, entre ellos el agua, ríos, mares, lagunas, lagos, son mercancías o derecho de los pueblos, trascendiendo a las generaciones actuales. La realidad devuelve la contaminación como resultado del accionar humano y la búsqueda por incluir al agua en los mercados de capitales, tal como ocurre con los derechos de uso en el mercado de California en EEUU.

    Los cursos de agua fueron históricamente buscados por los pueblos para satisfacer sus necesidades de producción y reproducción. De hecho, a la vera del Paraná conviven poblaciones que utilizan en su cotidianeidad el agua, para el consumo o la producción agraria, ganadera, pesquera, industrial, más allá del principal aporte en la argumentación relativa al comercio exterior.

    Para el caso del comercio exterior, la asociación nos lleva a las profundas modificaciones del modelo productivo en el último medio siglo, lo que supone la tendencia a la privatización de los puertos y las vías y medios de transporte de la producción para su colocación en el mercado mundial. Aun en esta consideración debe discutirse el modo de organizar la utilización del río. No es lo mismo en materia de empleo y cuidado del bien común el uso de barcazas para el traslado de la producción, que la draga permanente para facilitar el tránsito de grandes buques.

    Del mismo modo, no da lo mismo que la tarea portuaria o la llegada a puerto, transporte, sea gestionada de manera privada o bajo otras modalidades, estatales o asociativas, de gestión cooperativa o comunitaria. Más de fondo, la discusión incluye una crítica al orden vigente, que consolida un modelo productivo de inserción subordinada a la demanda de materias primas por el mercado mundial.

    ¿Es posible abandonar el rumbo de la liberalización?

    La respuesta por la negativa al interrogante es lo que está detrás de la crítica a la medida adoptada y supone la persistencia en el modelo de inserción subordinada en la lógica dominante del orden mundial. Desde otro ángulo y por la afirmativa a la pregunta, existe esperanza transformadora asumiendo la decisión como el inicio de cambios necesarios.

    En rigor, luego de casi medio siglo de un ordenamiento económico orientado desde 1975 por la “liberalización” de la economía, el país cosechó regresivos indicadores socioeconómicos, en un marco de lento crecimiento, recurrente tendencia inflacionaria y una condena a la fuga recurrente del excedente económico.

    Los intentos de corrección en tiempos constitucionales desde 1983 fueron transitorios y luego revertidos. Ocurre en esencia, que no hay acumulación local del excedente socialmente generado por la fuga de capitales. Esto ocurre por la recurrente demanda de excedente para su utilización en la cancelación de deuda; la remisión de utilidades al exterior; o la constitución de activos de residentes locales en el extranjero.

    Asegurar la aplicación del excedente económico en la producción y reproducción local habilita la discusión sobre el rumbo económico y el orden social en su conjunto. Es algo que trasciende la economía local y demanda recuperar consensos regionales para encarar profundas transformaciones estructurales.

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