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viernes, 9 diciembre, 2022
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    El FdT presentó en el Senado el proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema

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    El presidente del interbloque del Frente de Todos, el senador José Mayans, junto a Anabel Fernández Sagasti, presentaron en la Cámara alta el proyecto que un grupo de gobernadores consensuó con el Poder Ejecutivo para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 25. Según habían explicado los líderes provinciales en una conferencia de prensa que dieron en Casa Rosada el jueves pasado, ese número permitiría que haya un juez por cada provincia más uno en representación de Nación. Sin embargo, esa especificación no figura en el escrito y tampoco la equidad de género –que también había sido anunciada por los gobernadores–. Según explicaron a este diario, eso se hizo para evitar que la oposición busque impugnar el proyecto y declarar su inconstitucionalidad bajo la excusa de que se limitaría la atribución del presidente para proponer a los candidatos.

    Ante la consulta de este diario sobre la ausencia del cupo de género y por provincia, algunos gobernadores plantearon que hubo un acuerdo entre los líderes provinciales y el presidente Alberto Fernández para que, tal como hizo el expresidente Néstor Kirchner en 2003 mediante el decreto 222, luego de establecida la norma, el mandatario emita un decreto en el que se autolimite y establezca que las provincias tienen que presentar dos representantes por territorio, un varón y una mujer.

    Por otra parte, según adelantaron fuentes del bloque oficialista en el Senado , el escrito de los gobernadores se incorpora a la discusión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, que ya comenzó a trabajar sobre la base de cuatro proyectos que refieren al mismo tema, y que actualmente se encuentra en estudio. La idea del oficialismo en la cámara Alta es poder unificar los cinco proyectos. Sobre la no especificación en el escrito de los gobernadores sobre el tema de género, expresaron que “no importa, porque hay otros proyectos en discusión y varios de ellos atacan específicamente el tema, uno de ellos el de la senadora Clara Vega. Lo que se va a hacer en la comisión que preside el senador Oscar Parrilli unificar teniendo en cuenta las particularidades de cada uno”. Una de las posibilidades es que la semana que viene la comisión realice una convocatoria a una reunión pero recién para las semanas siguientes.

    Desde el Senado también resaltaron que es factible que se realice en los próximos días una invitación a diferentes gobernadores que participaron de la redacción final de la norma para que puedan explicar el espíritu de la propuesta.

    El proyecto

    El escrito presentado por Mayans y Sagasti, con el respaldo del Poder Ejecutivo y de los gobernadores, especifica que los actuales jueces de la Corte “conservarán sus puestos”, y que el resto de los nombramientos se irán produciendo “conforme sean designados”. Además, contempla que la ampliación de la Corte se realice de forma progresiva, de acuerdo al mecanismo de nombramientos que regula la Constitución y que, durante ese proceso, las decisiones del máximo tribunal se adopten por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que lo integren al momento de resolver. En el artículo primero, el proyecto establece que “una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento de la Corte Suprema”.

    La nueva composición de 25 miembros, según especifica el escrito, “permitirá contar con un alto Tribunal en que se eviten los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces”. Uno de los objetivos, indicaron, es revertir “la práctica inveterada de la delegación de trabajo en secretarías y funcionarios judiciales”, y poder “abreviar los extensos plazos que lleva la tramitación de los recursos y demás presentaciones ante el alto Tribunal”.

    Otro de los argumentos de los gobernadores es que la Corte argentina tiene muy pocos miembros en comparación con otras cortes de la región y del mundo. “Con el número que aquí se propicia, la República Argentina seguirá la tendencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos y europeos, que se han mostrado exitosos en cuanto a los resultados obtenidos”, especificaron. Como ejemplo pusieron, entre otros, a la corte de Chile, con 20 miembros; la de Colombia con 23 y la de Costa Rica con 22. También mencionaron los casos de España, cuyo tribunal supremo está compuesto por un presidente, un vicepresidente y 79 magistrados y la Corte di Cassazione italiana, que se compone de seis secciones civiles y siete secciones penales, donde cada consejo tiene cinco miembros, incluido su presidente.

    Otro argumento que resaltaron es que es importante que el número de jueces de la Corte guarde alguna relación con la población. “Por cuanto a mayor número de habitantes genera una mayor litigiosidad que, lógicamente, llega al Tribunal por las vías procesales correspondientes”, indicaron. En el texto, los senadores aclaran que es facultad del Congreso fijar el número de integrantes de la Corte según lo que mejor considere de acuerdo a las circunstancias sociales imperantes en el momento histórico de que se trate. Explicaron que “cuando en 1863 se constituyó la primera Corte con cinco miembros, la población total era de aproximadamente un millón doscientos mil habitantes, número que hoy se multiplicó casi cuarenta veces”.

    Los gobernadores ligados al oficialismo, luego de reunirse el jueves pasado en Casa Rosada con el Presidente para conversar sobre el tema, tuvieron una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y como conclusión lanzaron un documento donde plantearon tres principios para impulsar el proyecto de transformación del máximo tribunal: “federalismo, equidad de género, especialidad en la materia”. En ese sentido, la semana pasada firmaron una declaración donde detallaron la iniciativa de crear un proyecto simple y federal para “elevar el número de integrantes de la Corte Suprema a 25 miembros, estableciendo además que será una ley especial la que determine el modo de organización y funcionamiento de la misma”. Esa declaración la firmaron 18 gobernadores peronistas –sin los gobernadores de Córdoba y Santa Fe– más la inclusión de Tierra del fuego.

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