Los gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas
manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida
por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención
respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden.
Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el
inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo
establecido para la conciliación entre las partes.
No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de
recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de
parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes. Cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al
estado nacional. Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del
decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto
total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias que fue
modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016
elevando el coeficiente al 3,75%. Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial
del presupuesto nacional en la CABA.
Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación
centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que
consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan.
Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras
fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para
afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone.
¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que
violen flagrantemente nuestro federalismo.
Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como
amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales
complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en
diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.
Nosotros vamos a defender a nuestras provincias.
Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que
el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las
consecuencias de sus actos.
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Raúl Jalil, gobernador de
Catamarca; Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; Mariano Arcioni,
gobernador de Chubut; Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Gildo
Insfrán, gobernador de Formosa; Sergio Ziliotto, gobernador de La
Pampa; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad,
gobernador de Misiones; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Sergio
Uñac, gobernador de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San
Luis; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Omar Perotti,
gobernador de Santa Fe; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del
Estero; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo,
gobernador de Tucumán.
