El Senado comenzó a tratar en comisión los proyectos presentados por el Frente de Todos para modificar la Ley de Consulta Popular, con el objetivo de eliminar y reducir restricciones para la convocatoria de una de las instancias de “democracia directa” donde “la ciudadanía pueda expresar su opinión en todo tema de trascendencia para la República”. Las iniciativas impulsadas por los senadores kirchneristas Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio buscan, entre otras cosas, someter al plebiscito ciudadano dos proyectos del oficialismo que la oposición frena en el Congreso: la reforma de la Corte Suprema de Justicia y del secreto fiscal y bancario para avanzar en la creación del Fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con los divisas fugadas al exterior. El debate continuará con la participación de especialistas y expertos sobre consulta popular, tras lo cual el FdT intentará emitir dictamen para llevar al proyecto rápidamente al recinto de la Cámara alta.
La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista jujeño Guillermo Snopek, no fue extensa. El objetivo del FdT fue abrir el debate. En el encuentro que se realizó en el Salón Arturo Illia, Parrilli fue el encargado de exponer los ejes de los proyectos. “Las leyes que rigen actualmente datan del 2000-2002 aproximadamente y desde entonces nunca se hizo una consulta popular”, recordó el senador neuquino y aseguró que “esto quiere decir que el mecanismo no funcionó”. “Evidentemente algún problema tenían esas leyes”, evaluó Parrilli para destacar que “a través de la consulta popular y la iniciativa popular lo que se plantea es más democracia directa, más participación de la población” y dijo que con los proyectos se busca “hacer más ágiles, más dinámicos, los mecanismos para la participación del pueblo”.
El proyecto presentado en noviembre del año pasado por Parrilli apunta a modificar cinco artículos de la Ley 25.432 de Consulta Popular y eliminar restricciones para su convocatoria, “ampliar la posibilidad de participación de la ciudadanía en todos los temas inherentes a nuestra República con excepción de los relacionados a las reformas de nuestra Constitución, materia tributaria, presupuestaria o penal y tratados internacionales”.
“La consulta popular vinculante tiene por finalidad depositar en el electorado la decisión última sobre la sanción de un proyecto de ley”, sostiene el primer artículo del proyecto respecto de la convocatoria que podría realizar el Poder Ejecutivo o el Legislativo.
Las otras modificaciones proponen reducir la “mayoría absoluta” de los miembros de las dos Cámaras del Congreso que estable la ley vigente (en caso que la iniciativa sea parlamentaria) y establecer que la convocatoria a un “consulta vinculante” sea aprobada “con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Es decir, mayoría simple de los legisladores que participen de la votación y no la mitad más uno de todos sus miembros, como hoy requiere la ley. Así, el FdT aspira a sortear el obstáculo que ahora impone el interbloque de Juntos por el Cambio –en medio de la paridad de fuerzas parlamentarias entre oficialismo y oposición– a las principales iniciativas del oficialismo.
Otro cambio propuesto en el proyecto es dejar de lado la restricción que rige sobre la convocatoria a la consulta popular junto con otra elección. “El día fijado para la realización de una consulta popular podrá coincidir con otro acto eleccionario”, plantea el proyecto.
En sus fundamentos, los senadores oficialistas también dejan en claro los temas sobre los que se podría impulsar una consulta popular. “Muchos proyectos de ley que sin duda favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras, la solución del problema habitacional de millones de compatriotas, deben ser sometidos a consulta pública y de esta forma dejar en poder de las mayorías las decisiones que afectarán su futuro”, sostiene en uno de sus párrafos del proyecto de ley.
“La intención es iniciar el debate y, en un plazo no mayor a una o dos reuniones, poder sacar dictamen”, sostuvo Parrilli al término de su intervención ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. Su presidente, Snopek, informó que se convocará a una nueva reunión para que expongan especialistas en la materia, que surgirán de acuerdo a la solicitud que hagan los bloques partidarios. La discusión sobre una mayor participación ciudadana en los temas que puedan comprometer su futuro quedó abierta.
