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jueves, 1 diciembre, 2022
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    La Corte se fue a las Cruzadas, y nada menos que contra el Papa

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    Volvió el tiempo de las Cruzadas, pero al revés. Ahora no las impulsa el Vaticano: son contra el Vaticano. Una simple carta del Papa Francisco a una asociación de Derecho Penal con sede en la Argentina despertó la reacción, explícita en muy pocos casos y sorda en la mayoría, de quienes ven al Pontífice como el jefe de una unidad básica. Que sería, para colmo, una unidad básica garantista, o sea pasible de ser acusada de pedir el respeto a las garantías individuales.

    Lo que detonó las Cruzadas al revés fue una carta enviada por el Papa al presidente de la, AAPDP, Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Alejandro Slokar.

    Slokar es el actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia judicial en la especialidad si no se cuenta a la Corte Suprema. Llegó al cargo en el 2011, hace 11 años, después de haber obtenido el primer lugar en el concurso pertinente.

    Tal como publicó este diario, la carta de Francisco está fechada en el Vaticano el 9 de noviembre último. El texto contiene un agradecimiento por una carta de ida, la que había enviado Slokar en nombre de la AAPDP, entidad a la que el Papa define como “un interesante núcleo que permite a los docentes de Derecho Penal de toda la Argentina convocarse, intercambiar puntos de vista, compartir preocupaciones, dialogar acerca de temas comunes y atender a sus problemáticas locales y regionales”.

    “Es menester recordar que la ley por sí sola nunca puede alcanzar los objetivos reales de la función penal”, escribió el Papa. También pidió “abordar los problemas éticos y morales que se derivan de la conflictividad y de la injusticia, comprender el sufrimiento de las personas concretas involucradas y llegar a otras soluciones que no profundicen sus padecimientos”. Para ello, “para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal”, escribió el Papa que “necesitamos personas nutridas en formación técnica, pero sobre todo apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen”. Según Francisco, “solo así ninguna norma será un fin en sí mismo, sino que todas estarán al servicio de las personas implicadas, ya sean los autores de los delitos o las víctimas que han sido ofendidas”.

    La reacción de la Corte Suprema ante la carta fue realmente impactante: la silenció. De la Corte depende el Centro de Información Judicial. Si en el buscador se pone la palabra “Slokar” la última noticia que aparece es una del 26 de setiembre último, cuando el presidente de la Casación presenció el juramento de jueces de tribunales orales. Si la búsqueda es “Papa”, habrá que remontarse al 7 de marzo, cuando aparece este título: “Lorenzetti fue recibido en Roma por el Papa Francisco, con eje en la agenda ambiental”. Aclara el CIJ que “la conversación estuvo enfocada exclusivamente en la cuestión ambiental, dado el liderazgo global que ejerce el Papa Francisco en esta materia”.

    La Corte tuvo una semana agitada. El 8 de noviembre, un día antes de la carta papal, revocó la designación del senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura. El fallo favoreció al precandidato PRO a la gobernación de Córdoba Luis Juez, que había interpuesto un amparo. La sentencia llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti opinó, en contrario, que se trataba de una intromisión del Poder Judicial sobre las facultades de otro poder, el Legislativo.

    El silencio en la cumbre del Poder Judicial lució amplificado en los últimos días si se tiene en cuenta que en la propia Casación revistan jueces que son docentes o directivos de universidades confesionales. Guillermo Yacobucci es director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Carlos Mahiques es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina. La Casación, sin embargo, no tiene un CIJ como la Corte.

    Por la decisión suprema de silenciar la carta, las voces que sonaron de modo más estridente fueron las del PRO y sus aledaños. “El Papa, Slokar y Justicia Legítima son tan ‘apasionados’ por la justicia que la vienen implosionando”, tuiteó Diana Cohen Agrest, integrante de la entidad Usina de Justicia. En otro tuit pareció encarnar la nueva táctica de la ultraderecha mundial: el apócope. Si hasta hace poco la extrema derecha atacaba doctrinas, ahora se ahorra un paso y reprocha delitos. “El Papa Vintage y Alejandro Slokar (Justicia Legítima que sostiene el lawfare) son dos de los mayores responsables de las muertes en la Argentina”, escribió Cohen Agrest.

    Usina de Justicia publicó en Twitter un hilo que termina así: “Visten ropajes ‘humanistas’ pero los derechos humanos de los que sufrieron el delito los ignoran por completo”.

    Sergio Fabián Doormann, que se autopercibe como “afiliado al PRO La Provincial Pato Bullrich presidente Iguacel gobernador”, escribió para sus 11.424 seguidores un tuit con la elegencia que sigue: “La carta de Bergoglio a Slokar es una guachada. El Papa no puede convertirse en un mero operador judicial kirchnerista por la impunidad”.

    Slokar fue mencionado también por otra operadora del PRO, pero que no revista en las filas de Bullrich sino en las de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Escribió Florencia Arietto: “Que te cuiden un poco. Que decadencia. Ni Slokar te sostiene semejante locura jurídica”. La destinataria de ese texto, al que le falta un acento ortográfico, es Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta fue cuestionada por el solo hecho de haber anunciado que recusaría a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa por intento de asesinato.

    Justicia Legítima se limitó a compartir la carta completa dirigida a Slokar, miembro fundador de la entidad lanzada en diciembre de 2012 con una solicitada en la que sostenía la idea de que “los magistrados deben ser independientes no solo de los otros poderes del Estado, sino también de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e, incluso, deben ser independientes de las organizaciones que los representan”.

    Ya sea con el silencio o con el insulto, las críticas a la carta del Papa, escritas como si su radio de acción terminase en el barrio natal de Flores, fueron hechas en la misma semana de tres hechos de perfil alto:

    *El Papa encargó a dos obispos uruguayos, Milton Troccoli y Arturo Fajardo, que investigaran qué sucede con los 70 centros de formación de sacerdotes españoles. Según informó elDiario.es, un cuarto de los seminarios responden al Opus Dei.

    *Francisco rezó por “la atormentada Ucrania”, según sus palabras, y dijo en la Plaza San Pedro que “la paz es posible, no nos resignemos a la guerra”.

    *En la basílica de San Pedro repleta de gente sin techo, inmigrantes y pobres, llamó a no confiar “en fantasiosas teorías propuestas por algún ‘mesías’ de última hora, generalmente siempre derrotistas y conspirativas”.

    Página/12 pudo establecer que, además de estos gestos públicos, quienes visitaron al Papa en el último mes recogieron su preocupación no solo por la miseria y la crisis ambiental, que en la carta a Slokar está presente por la sugerencia de debatir “nuevas formas de protección jurídica de la Naturaleza” para salvaguardar “el derecho humano a un medio ambiente saludable”. También por el avance de extrema derecha y la ola de xenofobia en países de Europa y en Brasil, aunque en este último caso se mostró satisfecho con la victoria de Lula.

    Uno de los párrafos de la carta del Papa, que alude a otra carta a penalistas escrita por él en 2014, señala: “En anteriores ocasiones señalé la misión que tienen los juristas para contrarrestar la irracionalidad punitiva y observé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva, la prisión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías penales y procesales más elementales”.

    Y concluye: “Desde entonces, algunos de los problemas solo han empeorado”.

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