El presidente Alberto Fernández estará personalmente este martes, a las 9.30, en Comodoro Py para declarar, bajo juramento, como testigo en la causa de mayor importancia contra Cristina Fernández de Kirchner: la relacionada con la obra pública de Santa Cruz. El mandatario tenía derecho a contestar las preguntas por escrito, pero optó por concurrir personalmente, lo que le da una fuerza adicional a su testimonio. En realidad, en los casi tres años del juicio en el que se escuchará al Presidente, a CFK casi ni se la mencionó, porque las obras se licitaron, adjudicaron y controlaron en la provincia sureña. Aún así es el expediente más importante porque, supuestamente, las irregularidades en las rutas de Santa Cruz fueron el origen de otras causas como Hotesur, Los Sauces y la increíble búsqueda que se hizo de bóvedas y dinero enterrado en la inmensidad del sur. Por ahora, en las audiencias del juicio, la acusación va naufragando jornada tras jornada. Es casi seguro que las preguntas iniciales serán: ¿hubo una concentración indebida de obra pública en Santa Cruz? ¿Cómo se adjudicaron los tramos de rutas?¿Cómo se armó la ley de presupuesto durante el mandato de Cristina? ¿Qué es lo que se hizo para redireccionar partidas? ¿Alguien le pidió que meta tal o cual obra para beneficiar a Lázaro Báez?
Expediente
El juicio que encabezan los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso es uno de los típicos de la factoría de Comodoro Py y de los jueces y fiscales que encabezaron la persecución de opositores durante el macrismo. En este caso, los protagonistas de la investigación original fueron el juez Julián Ercolini y los fiscales Germán Pollicita e Ignacio Mahiques.
El centro de la acusación es que se le dieron demasiadas obras a Santa Cruz y que, de los 81 tramos de rutas, 51 recayeron en empresas propiedad de Lázaro Báez. Algunas en su totalidad, otras como socio. De entrada se dijo, además, que las obras no se hicieron o que se hicieron mal. Estos últimos dos aspectos quedaron descartados tras una auditoría de Vialidad Nacional, cuando ya estaba en manos del macrismo, y se determinó que entre lo pagado y lo construido había sólo un 0,01 por ciento de diferencia, que las obras estaban bien hechas y que las demoras eran las habituales en todo el país.
Lo que queda ahora por definir es si Cristina –que en verdad no tenía buena relación con Báez– favoreció al constructor adjudicando más obras de las debidas a Santa Cruz y direccionándolas hacia Austral Construcciones o alguna de las empresas de Báez. Y habrá también un debate sobre la existencia o no de sobreprecios.
Firmas
La declaración de Alberto Fernández es de importancia porque fue jefe de Gabinete de CFK. Hasta ahora ya declararon otros ocupantes de ese cargo, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y la semana próxima será el turno de Sergio Massa. Todos los testimonios fueron pedidos por el abogado de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, que por esa razón será el primero en preguntar. Luego preguntarán los otros defensores y también los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Sucede que los jefes de Gabinete son quienes firman las leyes de presupuesto y quienes también rubrican las transferencias de partidas que estaban destinadas originalmente a un ministerio y que se redireccionaron a otro. Los jefes de Gabinete son los administradores del presupuesto. Pero lo fundamental es que la ley de leyes, el presupuesto, lo vota el Congreso, de manera que la responsabilidad penal es de las dos cámaras, no del presidente. Y la ejecución también es controlada por el Congreso porque se aprueba lo que se llama Cuenta de Inversión, que es el visto bueno del Congreso a todo lo que ingresó y egresó del estado. Además, hay un dictamen previo de la Auditoría General de la Nación, que aprobó lo hecho en cada uno de los años del gobierno de Cristina.
Para redondear, en la mayoría de las obras, todo el proceso se hizo en las provincias. Es decir que, en el caso de Santa Cruz, se licitaron en el Sur, se adjudicaron en el Sur y se controlaron en el Sur. El control de Vialidad Nacional, es decir de las autoridades nacionales, se hacía por muestreo o por denuncias. Ninguna de las licitaciones de Santa Cruz fue cuestionada, salvo la más grande de todas, la de las represas Néstor Kirchner y Jorge Capitanich, que las empresas de Lázaro Báez terminaron perdiendo, con la particularidad que el constructor estaba en sociedad con Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.
Política
Lo primero que seguramente le van a preguntar al Presidente es si hubo una concentración indebida de obras en Santa Cruz. La pregunta tiene un vicio de origen: las obras son una decisión política, que se discute en el Congreso y se aprueba en el Congreso. Y la cantidad de obras no tiene por qué ser proporcional ni a la cantidad de habitantes ni a la extensión de una provincia, porque puede ser que el distrito tenga mucho atraso y muy mala conexión, comparado con otro que tiene mejor desarrollo.
Esa es la razón por la que el presupuesto implica un enorme debate en el que intervienen todos los actores: intendentes, gobernadores, diputados, senadores y, por supuesto, el Poder Ejecutivo.
Legalidad
Es evidente que habrá una serie de preguntas a Alberto Fernández sobre la legalidad de todos los pasos. Por ejemplo, si hubo alguna anomalía en la elaboración del presupuesto o se hizo como en todos los años anteriores y posteriores. Lo mismo respecto de las reasignaciones de partidas. En la última audiencia se exhibió documentación que probaba, curiosamente, que a Santa Cruz se le sacaron partidas porque el invierno impidió avanzar en las obras y por lo tanto se redireccionaron a provincias del Litoral.
En algunos casos, la reasignación de fondos se hizo por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de manera que tuvieron que firmar todos los ministros, incluyendo en aquel momento a la hoy opositora furibunda Graciela Ocaña. Pero es seguro que al Presidente le van a preguntar por la forma en que se originaban esos DNU.
Finalmente, se le preguntará si alguien pidió que se beneficiara a Báez o si vio indicios de existencia de una asociación ilícita en las obras del sur. Hay un detalle de importancia: Báez era un adversario de la Cámara de la Construcción, en la que revistaban todos los empresarios del rubro, y que está acusada desde hace décadas de repartirse las obras mediante un sistema de cartelización. El Grupo Macri siempre fue gran protagonista del llamado Club de la Obra Pública, y Báez era considerado un outsider, enemigo.
El argumento de Báez es que ganó las licitaciones porque tenía los trabajadores y las maquinarias en Santa Cruz, por lo que podía ofrecer valores más bajos por las obras, mientras que otras empresas tenían que trasladar a sus empleados y máquinas a 1.800 kilómetros.
Voz
Es probable que Alberto Fernández se salga del libreto, porque el juicio es una de las expresiones de la persecución política de la que el Presidente viene hablando desde que asumió. Y, además, la justicia es lo que conoce como la palma de su mano, porque es abogado y profesor de Derecho de la UBA desde hace más de 30 años. Todo indica que el mandatario no sólo dará respuestas rutinarias a las preguntas.
