“Sería irresponsable avanzar con la acusación”. Los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron la absolución de todos los imputados en la causa por las rutas de Santa Cruz, lo que incluye a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y todos los funcionarios de Vialidad Nacional durante el gobierno de CFK. También pidieron el sobreseimiento de Lázaro Báez, cuestionado por haber ganado 51 de las 81 licitaciones que se hicieron en la provincia. Los letrados, sobre todo, señalaron que no se hizo durante la investigación original ninguna pericia que demostrara que hubo sobreprecios o alguna irregularidad. Y cuando el Tribunal Oral ordenó el análisis de sólo cinco de las 51 obras, los peritos no se pusieron de acuerdo en la metodología. En esa situación, los magistrados no convocaron otros profesionales para dirimir las diferencias, por lo que los representantes de la UIF recurrieron a bibliografía especializada y sobre esa base destrozaron al perito oficial, Eloy Bona, aquel que twiteaba contra CFK. Los representantes de la UIF acusaron por una pena menor a los titulares de Vialidad de Santa Cruz por no controlar si las empresas de Báez tenían capacidad de ejecución y contratación para todas esas obras y si utilizaron un mismo director técnico para varias de las rutas en construcción. Son penas menores y es probable que estén prescriptas.
Los abogados –Leandro Ventura y Alejandro Irachet– fueron los primeros en alegar en el juicio que encabeza el Tribunal Oral Federal número 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Con el pedido de sobreseimiento planteado por Ventura e Iratchet, la acusación quedará en manos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que ya le adelantaron a los medios alineados con el macrismo que apuntarán contra CFK y todos los demás imputados. A los jueces les adelantaron que necesitarán nueve jornadas de seis horas cada una para completar su alegato. Los fiscales arrancarán el 1 de agosto, después de la feria judicial.
Los abogados de la UIF dejaron claro, de entrada, que no iban a acusar. “La UIF debió desistir de esta acusación desde el principio porque en este caso no hay lavado de dinero, que es el objetivo del organismo. La UIF debió apartarse”. Éstos fundamentaron que hubo una causa específica por lavado de dinero en la que fue condenado Lázaro Báez y CFK está con falta de mérito: el juez Sebastián Casanello concluyó que el empresario sacó del país hacia Suiza, en cuentas a nombres de sociedades de Panamá, unos 55 millones de dólares. El magistrado no encontró ninguna vinculación de ese dinero con CFK.
A partir de ese punto inicial, Ventura arrasó con los peritos oficiales. Sostuvo que cada uno eligió una metodología distinta y que no se hizo nada para clarificar qué metodología correspondía. Eloy Bona –perito del tribunal– se basó en una comparación con otras obras; Roberto Panizza, perito de la fiscalía, utilizó los datos de la revista El Constructor, y la única que reconstruyó, item por item, los costos del momento en que se hicieron las obras, fue la perito de las defensas, Adriana Alperovich.
En algunos casos, Bona, presentó precios mayores en un 250 por ciento a los calculados por Alperovich. Pero la UIF consultó bibliografía norteamericana y argentina y señaló que lo afirmado por Bona era completamente incorrecto. Por ejemplo, el perito sostuvo que los criterios de los contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (CREMA) pueden asimilarse a los de construcción de una autovía, como el caso de la Ruta 3, la principal periciada. Sólo la compactación que requieren los terraplenes de una autovía tiene costos completamente distintos a las banquinas de una ruta común. Además, la UIF mencionó que el perito oficial ni siquiera tuvo en cuenta los costos superiores de mano de obra de Santa Cruz, comparados con los de Chubut, “algo que se podía verificar simplemente consultando las planillas de la Uocra, el sindicato de la construcción”.
“Bona sostuvo que el hormigón de mayor calidad era el de mayor precio, algo que es por supuesto equivocado y comparó las obras de Santa Cruz con rutas construidas sin puentes ni obras adicionales”. Este último cuestionamiento también valió para Panizza que usó los valores de la revista El Constructor, que se basan en una ruta construida en la Provincia de Buenos Aires, un escenario completamente distinto al santacruceño. Para dar una idea, el asfalto debe ser llevado desde Ensenada, la planta de YPF, hasta Santa Cruz, a altísima temperatura, lo que significa un enorme costo.
La conclusión de los representantes de la UIF fue que no están probados los sobreprecios y ratificaron lo señalado por una de las auditorías realizadas en tiempos del macrismo: “no se pagó nada que no se hubiera construido. La diferencia es muy menor, del 0,1 por ciento”. Es decir que consideraron falso lo que se publicó en tapa tras tapa de los grandes medios: las obras se realizaron con buena calidad, tuvieron los atrasos normales verificados en todas las provincias y no hubo ningún cobro que no tuviera certificados de obra que fueron controlados por los supervisores. “No se demostraron sobreprecios y por lo tanto no se demostró perjuicio para el estado. Por lo tanto no hubo fraude”, concluyeron.
El único punto en el que los representantes de la UIF formularon una acusación fue respecto de las autoridades de Vialidad de Santa Cruz. Les imputaron incumplimiento de los deberes de funcionario público porque, supuestamente, las empresas de Lázaro Báez –Austral Construcciones y Kank & Costilla– se excedieron en su capacidad de ejecución y contratación y no dispusieron de un director técnico distinto para cada ruta. Ese control le correspondía a la provincia, como casi todo lo relacionado con las obras de las rutas. La lógica indica que el delito -un año de pena- está prescripto.
Respecto de CFK, Ventura e Irachet señalaron que su intervención se desarrolló “en el marco de las facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución y las leyes. No es posible atribuir responsabilidad penal por una acción conforme a Derecho”. En otras palabras, no se puede asimilar un Poder Ejecutivo a una asociación ilícita, un esquema que jueces y fiscales amarillos vienen repitiendo desde siempre.
Página/12 siguió las audiencias de este juicio desde que comenzó, hace algo más de tres años. No hubo menciones de ningún tipo a la exmandataria y ni uno solo de los testigos la involucró en nada. Una de las acusaciones es que se le dieron demasiadas obras a Santa Cruz, pero las decisiones sobre la construcción de rutas las tomó –y las toma– el Congreso Nacional. Cuando se hace una reasignación de fondos, tampoco la decisión es del presidente o presidenta, sino de los jefes de Gabinete. Y los fiscales seguramente dirán que CFK nombró a personas en Vialidad Nacional que favorecieron a Lázaro Báez, algo indemostrable y que, en cualquier caso, la presidenta tenía entre sus facultades, como señalaron los abogados de la UIF. Pero lo más trascendente es que las obras se licitaron, se adjudicaron y se controlaron en Santa Cruz, o sea que ni siquiera CFK tenía poder sobre esos pasos esenciales de cualquier obra pública.
