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martes, 7 febrero, 2023
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    Qué puede pasar con los precios en 2023

    Destacadas

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    PRODUCCIÓN: Natalí Risso

    TITULO 1:

    Desdolarizar la economía

    Por Sergio Arelovich *

    Es casi un lugar común decir que la inflación es multicausal. Puede coincidirse con tal afirmación, aunque es claro que Argentina tiene particularidades que obligan a afinar el diagnóstico. Sabemos que hay factores causantes de procesos inflacionarios, otros operando como reproductores de aquellos, por último, los que amplifican el crecimiento de los precios. Las argumentaciones neoclásicas tradicionales ponen el acento en el déficit fiscal y en la excesiva emisión monetaria como pilares explicativos. La praxis de la economía argentina y una mirada transfronteriza hacia otros países, no permiten dar crédito a ese diagnóstico simplificador.

    En el país hemos tenido períodos inflacionarios con contracción de la base monetaria y otros con baja inflación acompañados de expansión de aquella. La mayoría de las explicaciones, despersonalizan el proceso inflacionario: es el déficit, la emisión, el recalentamiento, el costo argentino, el costo salarial, las distorsiones regulatorias. A esa mirada le falta lo central: el sujeto, el rol de los sujetos en la explicación inflacionaria.

    Los sucesivos gobiernos, de diferente signo, han huido de una cuestión central: la necesaria desdolarización de la economía, dado el papel relevante que juega en la generación y reproducción inflacionaria. En cambio, y en el mejor de los casos, han implementado normas efímeras de restricción de acceso al mercado cambiario que jugaron como vectores de creación de alternativas legales e ilegales.

    Desdolarizar la economía argentina es un proceso que requiere fases y correcciones pero que -por ahora- no forma parte de la convicción de los gobiernos. Simplemente hay que empezar a dar esta batalla. La primera creencia a atacar es la naturalización del derecho consistente en que cualquier habitante puede llevarse una porción de las reservas internacionales a su casa y mayoritariamente fuera del sistema financiero.

    La argumentación asentada en la protección de los activos mediante la tenencia de moneda extranjera, es contrastada por el comportamiento de las alternativas. Sólo para ver 2022: una colocación en pesos en el sistema financiero a tasa regulada, renovada cada 30 días, superó con creces el aumento del precio del dólar en el mercado libre de cambios y también en el mercado ilegal, acercándose al crecimiento de los precios.

    La desdolarización, que debiera incluir normas en el mercado inmobiliario, en todos los contratos entre residentes en el país, en las políticas de toma de deuda pública y privada, en el estímulo de bancarización de las tenencias, en la composición y administración de las reservas internacionales, en la construcción de las posiciones de cambio en el sistema financiero, como parte de casi un centenar de disposiciones imaginables, podría reducir sensiblemente los niveles inflacionarios, aunque no sean suficientes para eliminar el crecimiento permanente del nivel general de los precios.

    La desdolarización debe ir acompañada del acceso a otro fruto prohibido: el monitoreo profundo y constante de las cadenas de valor en el proceso de construcción de los precios. Esto mostraría el rol de las asimetrías entre empresas formadoras y empresas tomadoras de precios en la reproducción de la inflación. No se trata de la oligopolización, que de hecho existe en todo el sistema capitalista, sino de la centralidad que tiene la sustitución del origen tradicional de la ganancia por otro basado en el recorte de las capacidades sufridas por las pequeñas y medianas empresas. Se trata de la centralidad que tiene en Argentina la ganancia por transferencia, en términos de lo que sostiene Anwar Shaikh.

    En el mundo empresarial está naturalizado el derecho de imposición de condiciones de las grandes empresas al resto del universo de los negocios, en cambio de manera unívoca se cuestiona cualquier intervención estatal en el terreno de los precios, que entre otros beneficiarios tendría a las empresas de menor porte. Otro erróneo lugar común: todo aumento de salarios genera inflación. En el mundo empresarial, cualquier aumento salarial se paga con ganancia preexistente o con ganancia futura. Este argumento falaz, ni siquiera es sostenible desde una perspectiva neoclásica porque no varía la cantidad de dinero, es la misma, pero en bolsillos diferentes.

    * Coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate).

    TÍTULO 2:

    Posible alivio en 2023

    Por Sergio Chouza *

    Cerró un período espantoso en materia inflacionaria; el peor en 31 años. Se explica por factores internos y externos, pero no hay mucho espacio para llorar sobre la leche derramada. Borrón y cuenta nueva. El Gobierno debe enfocar todos los cañones a generar un alivio significativo en 2023. La vara está baja: es muy difícil repetir un escenario tan aciago como el del año pasado.

    Entre los factores explicativos de la inflación 2022 sobresale el mal desempeño macro. En la primera mitad del año se verificó una expansión del gasto del 11,9 por ciento real, con el PBI viajando a un 10 por ciento interanual. Este aumento desmedido del gasto, con alta dependencia monetaria, profundizó los desequilibrios que se arrastraban desde la pandemia. Otro canal de conexión con los problemas de arrastre vino por el lado del mercado de cambios, de mal funcionamiento desde el cepo implementado en septiembre 2019. Con una brecha muy elevada (77 por ciento promedio en el primer semestre) y altas expectativas de devaluación, se vio alterado el flujo anual de exportaciones en el complejo cerealero oleaginoso. Este retraso agudizó las complicaciones financieras, con tensiones en los mercados libres de dólar.

    La corrida de mayo a junio tuvo evidentes efectos inflacionarios. En un contexto de escasez de dólares, las empresas locales adecuaron la cotización de muchos bienes y servicios en función a las cotizaciones alternativas de dólar. El punto más alto de este fenómeno se dio sobre fines de septiembre, cuando empezó a funcionar el sistema de importaciones SIRA.

    El aspecto político es insoslayable para entender los magros números del año pasado. El Gobierno tuvo su período más convulsionado por las peleas políticas, y la economía tomó el centro de la escena. La vocación fiscal expansiva de la primera parte del año estuvo íntimamente ligada a cuestionamientos internos sobre el rumbo de la política económica. La falta de una visión compartida sobre la política anti inflacionaria terminó de desanclar las expectativas y realimentó el ritmo del proceso.

    El IPC fue migrando hacia un equilibrio malo, en espiral ascendente. La voluntad torpe de forzar una mejora en el poder adquisitivo a partir de políticas de transferencias directas e indirectas se mostró contraproducente. La dificultad de establecer acuerdos con el sector privado para recuperar referencias fue la estocada final sobre el anterior gabinete económico. El cambio tras la salida de Guzmán descomprimió, aplacando las voces críticas. La unificación plena del mandato en materia económica fue bien recibido por la mayor parte de los agentes económicos.

    El panorama global implicó más combustible para la hoguera inflacionaria. La escalada en el precio de los commodities energéticos y agrarios ya había comenzado sobre fines de 2021, por las primeras señales de hostilidad diplomática entre Ucrania y Rusia. Tras cartón, la situación se desmadró una vez que inició la invasión en el mes de febrero. La aceleración en commodities golpeó a nuestro país de manera directa, dado el mayor volumen de importaciones energéticas.

    También ocurrió un efecto indirecto de segundo orden, conocido como “inflación importada” por la alta dependencia de insumos del exterior. El encarecimiento de las manufacturas intermedias se trasladó rápidamente a las mercancías elaboradas localmente. Este nuevo escenario de precios internacionales tuvo efecto sobre todas las economías. Países de desempeño macro históricamente equilibrado pasaron rápidamente a niveles de inflación cerca de los dos dígitos. Las nuevas condiciones exigieron el accionar de las instituciones monetarias, que adecuaron la estructura de tasas de interés para restar estímulos monetarios.

    El riesgo de híper por crisis política con carencia de anclas no era seguro, pero se hacía cada día más probable. El recambio de autoridades en el Ministerio de Economía puso paños fríos. Lejos de resolver alguno de los problemas estructurales o encarar un programa concertado para desinflar, Massa tiró fuerte al medio y diseñó el ‘Plan Aguantar’. Se caracterizó por un sinceramiento moderado de algunas variables (tarifas de servicios y transporte), más prudencia fiscal y martingalas sui generis para que ingresen dólares sin tener que devaluar. Después de cuatro meses consecutivos con inflación mayor al 6 por ciento, la descompresión era de esperar.

     

    De cara a este año se pinchan varios de los factores que le pusieron un piso alto al IPC 2022. Es difícil, parados en enero, evaluar factibilidad del deseo oficial de cerrar el año en 4 por ciento uniforme mensual, equivalente al 60 por ciento anual. Entre ese objetivo ambicioso y algo intermedio hay un margen de 35 puntos respecto de la vara 2022. El escenario base de la gran mayoría de los análisis es que la inflación va a bajar. ¿Alcanzará para ser perceptible? ¿El Gobierno lo podrá capitalizar? Hoy es poco probable, pero esta historia continuará.

    * Director de la Consultora Sarandí.

    Fuente: Pagina 12

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