Desde la periferia
Por Lavih Abraham (*)
La enorme movilización del 1 de mayo volvió a poner en el centro de la escena un debate sobre el trabajo en el país: el de la economía popular y los planes sociales. ¿Cuántos planes se van a mantener y cuál es el futuro de este tipo de política económica? Las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que insinuaron que no se ampliará el universo de gente que accede a planes sociales, potenció esta discusión desde los últimos meses. Aunque aparece como una opción lejana, se empezó a debatir el final de los planes sociales.
Una posibilidad abierta se relaciona con la que se buscó en los años posteriores a 2003: en aquel momento el empleo tradicional (formal e informal, pero asalariado y guiado por el mercado) ahogó a los viejos planes remanentes de la Alianza y el duhaldismo a fuerza de puro crecimiento económico. Esa solución parece más difícil de alcanzar en la actualidad: el proceso de crecimiento económico recién se está relanzando tras casi un lustro de golpes de neoliberalismo y pandemia y no tendrá, presumiblemente, un crecimiento a tasas chinas durante muchos años. La esperanza de que el mercado ocupe a la gente peca de exceso de optimismo.
Frente a esta visión, se planta otra: en la era en la que, se asegura, el pleno empleo no volverá, los planes deben transmutar en un ingreso universal e incondicional que permita una subsistencia al complementar otros ingresos laborales en el ámbito de la economía popular o economía social empoderando, al mismo tiempo, los ingresos de los trabajadores formales. En este escenario, el concepto de plan social se desvanecería quitándole también la carga negativa asociada a partir del constante golpeteo mediático. Como la AUH, la universalidad legitima ya que todos recibimos un ingreso universal.
El ingreso universal no es contradictorio, de todas maneras, con la visión anterior porque el crecimiento económico efectivamente puede crear puestos de trabajo. Se trata, sin embargo, de poner sobre la mesa los tiempos de las personas por sobre los de la economía: mientras que el segundo proyecto prioriza la inmediatez, es el mediano plazo el que guía al primero.
En relación con el debate, desde varios movimientos políticos y sociales se propone la creación de un ministerio de economía popular o, en todo caso, de una Secretaría que no dependa de ningún ministerio. La propuesta apunta a generar una autonomía respecto del Ministerio de Desarrollo Social, pero también de los ministerios de Trabajo (centrado en las problemáticas del trabajo asalariado más tradicional, en relación de dependencia y registrado) así como de Desarrollo Productivo y de Economía. El argumento no es nuevo, ya en la campaña de 2015 Daniel Scioli lo había incluido en su propuesta de gobierno, e intenta quitar a la economía popular del lugar incómodo en el que se encuentra: no se trata de una economía alternativa, sino de una práctica concreta que requiere herramientas de política específicas.
En efecto, la economía popular abarca a millones de personas que ejecutan las más diversas tareas a un punto pocas veces dimensionado. El último informe del Registro de Trabajadorxs de la Economía Popular (RENATEP, de la Secretaría de Economía Social) contabilizó 3.039.000 personas contra los (en ese momento) 5.867.000 registrados en el sector privado en el SIPA. Es decir, una relación de apenas 2 a 1 que, además, al ser un total nacional, no nos describe que en nueve provincias hay más personas registradas en el RENATEP que en el SIPA. Y no se trata de una diferencia mínima: en algunas provincias hay entre 3,5 personas inscriptas en el RENATEP por cada persona que trabaja en el sector privado registrado. En el otro extremo, alejado de esta realidad, la CABA tiene una relación de 14 a 1 a favor del SIPA. En otras palabras, la economía popular se desarrolla fuertemente lejos de la capital del país. Finalmente, cabe destacar la enorme variedad de trabajos que componen este universo que van desde personas que trabajan en merenderos y comedores (más de medio millón) y servicios de limpieza (211.000) o agricultura (130.000) hasta pintores (15.000), artistas callejeros (6.154) o productores de alimentos (casi 100.000 en varios subrubros).
El universo de la economía popular es enorme y el debate atañe a millones de personas aunque no se vean desde Buenos Aires.
(*) Economista, integrante de MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) @mateconomia.
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Crecer desde abajo
Por Pablo Chena (**)
El gran desafío político, económico y social de la Argentina para la próxima década es bajar drástica y significativamente la pobreza y la desigualdad social. El crecimiento económico es condición necesaria para esto, pero no suficiente. La regla de oro es garantizar un sendero de crecimiento real y sostenido en los ingresos laborales de los sectores populares.
La propuesta tradicional de acompañar el crecimiento macroeconómico con políticas de redistribución del ingreso ha perdido efectividad con el tiempo y son cada vez más difíciles de sostener para Estados enfrentados a un capitalismo monopólico. La redistribución estatal de ingresos ya no compensa las desigualdades de origen productivo. La respuesta de fondo requiere un cambio en la forma de producir y distribuir. Donde el eje esté puesto en crecer desde abajo, desde la periferia, con un modelo meso-económico de producción desconcentrada y trabajo con derechos que enlace lo macro con lo micro. Algo que el modo de producción capitalista no está en condiciones de ofrecer.
En el heterogéneo mapa laboral de la Argentina podemos identificar cuatro grandes instituciones organizadoras del trabajo de 21.4 millones de personas pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA): 1) La Empresa Privada, expresión de un modo de producción capitalista que hoy ordena laboralmente (en forma registrada y no registrada) a 8,2 millones de personas (38 por ciento de la PEA, según Indec); 2) el Estado, quien organiza en forma directa el trabajo de 3,3 millones de personas en funciones públicas (15 por ciento de la PEA, según Indec); 3) el trabajo por cuenta propia guiado por el mercado; una categoría que en la Argentina involucra una población de al menos a 1, 1 millones de trabajadores; y 4) la Economía Popular (EP); un modo de producción con eje en el trabajo autogestivo, preponderantemente informalizado, que en Argentina ordena laboralmente a 8,3 millones de personas de la Población Económicamente Activa (39 por ciento de la PEA ) y 2,2 millones de personas consideradas inactivas por la EPH-Indec porque realizan tareas del hogar o de cuidado por fuera del mercado.
La Economía Popular es entonces una nueva forma de producir que desarrollaron los propios trabajadores de los sectores populares como alternativa ante la exclusión, el estancamiento y las crisis del capitalismo. El concepto hace referencia a un modo de producción donde los trabajadores de dichos barrios se inventan, en forma más o menos organizada, su trabajo con el objetivo primario de garantizar ingresos familiares por medio de la producción y venta de bienes y servicios en un mercado de baja institucionalidad o a través de tareas comunitarias. En su aspecto ético-social el desarrollo de la EP procura la protección comunitaria del barrio y la inclusión laboral sobre la base de la humanización de quien trabaja. Esto hace que se mueva organizadamente contra las prácticas laborales de precarización y de exclusión social, tanto del capitalismo como de la economía ilegal. En lo político promueve la auto organización popular para defender, reivindicar y valorizar un proceso de trabajo basado en los saberes populares que, por su baja institucionalización formal, se encuentra desvalorizados socialmente, tanto por la economía de mercado como por el Estado.
Desarrollar la economía popular es ordenar en el trabajo a la sociedad y potenciar su fuerza productiva crecer desde abajo. Para esto se requieren instituciones nuevas que la formalicen y garanticen el acceso a instrumentos claves del desarrollo como el crédito productivo, el desarrollo de nuevos canales de comercialización (público y privado), una política de certificación de saberes y de ingresos que “compense” la desvalorización que el mercado realiza de sus actividades y una estrategia de capitalización directa del Estado para integrar verticalmente sus ramas productivas y garantizar que el excedente económico generado circule dentro del sector.
Crecer distinto para distribuir mejor implica diseñar un modelo meso-económico, con nuevas instituciones políticas y económicas capaces de planificar un sendero de desarrollo para la economía popular, articulado con el resto de los organizadores del trabajo en la sociedad, en el marco de un proyecto de desarrollo nacional.
(**) Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local.
