Afectados
La mayor parte de los nombres de los magistrados afectados es desconocido por el público en general. Pero en el listado sobresalen camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal y los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº2 que actualmente tiene a su cargo el juicio oral por la denominada causa “Vialidad” en la que está acusada la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Los camaristas de Casación son el integrante de la Sala I Diego Barroetaveña y de la Sala IV Gustavo Hornos. El presidente del TOF 2 Jorge Gorini y sus vocales, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. No trascendió a qué año correspondían las declaraciones cuyo secreto se vulneró. Inmediatamente se sorteó una causa penal por averiguación de delito que ya registró avances. En paralelo, se activó ayer la Resolución 36/2022 por parte de Rosatti en la que encomendó remitir las actuaciones al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial para una investigación sumarial. Dato: inmediatamente se recurrió a la verificación de las cámaras de seguridad del Consejo. Allí también hay sorpresas que se develarán conforme avance el expediente. La denuncia formal remitida a la Cámara Federal para su sorteo fue firmada por el vicepresidente Carlos Matterson, que no solo se involucró en cerrar filas con el cuerpo. Eso también previene cualquier suspicacia que pueda sembrarse si eventualmente la causa tiene una escala superior y se acerca a la comarca de la propia Corte.
Los “mini clanes”
Pero el contexto es todavía más amplio y despertó múltiples suspicacias en los pasillos del Consejo, internamente revolucionado desde que la Corte Suprema desembarcó en la presidencia y hubo diversos movimientos administrativos y de pedidos de información que inquietaron a las líneas jerarquizadas del Consejo que vieron irrumpir en su ecosistema lo que perciben como agentes extraños. Allí emergió a la superficie el accionar de grupos internos que eran quienes, en los hechos, comandaban el funcionamiento orgánico del Consejo en etapas previas, más allá de la conducción política y de las sucesivas presidencias que tuvo el cuerpo en su anterior integración. El “corazón” del Consejo -como ocurre en muchos otros organismos del Estado- los domina una burocracia invisible que es independiente a las distintas gestiones. La conformación de un tablero de control en las últimas semanas, la creación de nuevas comisiones, y consulta cruzadas hacia lo que podría ser el equivalente a Recursos Humanos dispararon ciertas alertas. No había mucha gente que tuviera llave habilitada como para ingresar sin violentar un despacho desde el exterior a la zona de Declaraciones Juradas.
Curiosidades
En esa secuencia, podría advertirse como llamativa la sucesión de ascensos meteóricos que hubo de personal jerarquizado dentro del Consejo en un lapso de 90 días previos a que la Corte asumiera la presidencia. Es decir, mientras la lupa estaba puesta en qué haría el Gobierno ante el vencimiento del plazo que había fijado el máximo Tribunal para el retorno al formato de 20 miembros, en realidad hubo una serie de reacomodamientos internos en el Consejo que pasaron debajo del radar. Para graficar lo gigantesco de los ascensos, hubo empleados medios que pasaron automáticamente a un escalafón que los equipara en rango y salario a un juez de primera instancia o al de camaristas. No fueron pocos los empleados del Consejo que comentaron que parte de esos “mini-clanes” dentro del Consejo se jactaban de algo más que tener a su mando la botonera del órgano, sino de tener relación directa con los servicios de inteligencia. Más mugre.
El inicio de la investigación movilizó a las “fuerzas vivas” del Consejo. Es solo el comienzo de lo que podría ser una nueva “Caja de Pandora” cuyo primer objetivo tuvo éxito: generar cierto terror entre los jueces en un aspecto sensible como el patrimonial. Y mostrar al Consejo como vulnerable en términos de seguridad. El tercero, es hacer eclosionar una interna que hasta ahora, estaba silenciada.