l juez Alfredo López que suspendió esta semana la aplicación en todo el país de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no solo enciende controversia a través del dictamen de sus medidas sino que también lo sabe hacer en sus propias redes sociales, donde meses atrás difundió mensajes xenófobos y discriminatorios y hasta acusó al gobierno de Alberto Fernández de ser partícipe de un “crimen de Estado” por promover el debate de la despenalización del aborto en el Congreso.
El responsable del Juzgado Federal Nº4 de Mar del Plata suele mostrar una intensa actividad en Twitter: en los últimos días, a partir de la cautelar que lo puso en el centro de las miradas de todo el país, viralizó convocatorias “Provida” en apoyo a su persona — tal como se vio este miércoles, con la manifestación a la que adhirieron dirigentes neonazis— y compartió imágenes religiosas que lo ratifican como un ferviente católico. El 8 de junio (un día después del fallo contra la IVE) posteó, por ejemplo, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús con el lema: “Al final ÉL triunfará”.
El tweet más antiguo que deja ver la cuenta (@JuezLopezMDP) es de abril de este año pero los datos básicos del perfil dan cuenta que la creación del usuario refiere a agosto de 2016 y que el número de intervenciones ha sido frecuente en estos cinco años (en total, la plataforma contabiliza más de 40 mil tuits de su autoría). Y aunque permanecen ocultos todos los mensajes (los más polémicos y agraviantes) del funcionario público correspondientes a ese lapso, la información se puede rastrear sin dificultades en TweetTunnel, una herramienta que –a través de Google y sin ninguna clase de registro previo– guarda automáticamente los tuits borrados en la caché del buscador en un plazo reciente.
Con una rápida consulta, se descubre la faceta “hater” de López en redes sociales, en la que arremete, por ejemplo, contra las “femibolches” o lo que define como “patología femibolche” y “tiranía abortera”. “Las femibolches quieren el aborto y la liberación de los violadores porque militan el mal“, escribió el 11 de mayo de 2020, y agregó, el 2 de junio del 2020, bajo el mismo razonamiento: “Las feministas abortistas que dicen ‘niñas no madres’ son las mismas que fomentan la ‘sexualización’ de la infancia”.
En otros posteos de twitter, el magistrado marplatense acusó al presidente Alberto Fernández y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, de participar de un “crimen de Estado” por impulsar el proyecto que el 30 de diciembre derivó en la sanción del aborto legal, seguro y gratuito. Y a los funcionarios de Amnistía Internacional los tildó de “mercenarios y criminales” por difundir la importancia del protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Capital Federal.
El hombre de la Justicia Federal también demostró un encono recurrente contra Pedro Cahn, reconocido infectólogo que colaboró con el Gobierno en las estrategias para mitigar los efectos de la pandemia de la covid-19 y titular de la Fundación Huésped, a la cual López bautiza como “Fundación Muerte”. Incluso, en mayo del 2020, a dos meses de la cuarentena, difundió una encuesta entre sus seguidores preguntando si Cahn es “confiable”. “Buen momento para recordar que Pedro Cahn miente descaradamente”, sostuvo después, el 13 de junio del 2020.
López tampoco ocultó su rechazo hacia la diversidad sexual y el movimiento LGTBIQ+, al cual define como un “lobby” que “somete el nuevo orden mundial”. “La perversión de estos degenerados no tiene límites“, advirtió el magistrado, frente a un tweet del canal de dibujos animados Nickelodeon que mostraba la empatía con el colectivo, y en otra publicación, ironizó: “¿Cuánto falta para que la OMS (Organización Mundial de la Salud) considere la heterosexualidad una enfermedad?”.
El magistrado, además, se molestó con la investigación de Página/12 que llevó adelante la periodista Mariana Carbajal sobre el “adoctrinamiento” que se inculca en las escuelas de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), que dispone de una importante sede en Mar del Plata. En las intervenciones que hizo en junio del 2020 a través de la red social, el funcionario judicial dijo que este medio era un “sponsor” de la institución educativa y definió como “comisarios políticos” a los responsables del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que prometieron acciones contra el establecimiento.
Para suspender la aplicación de la ley de la IVE en todo el país, López se amparó en el artículo 19 del Código Civil y el artículo 75 incisos 22 y 23 de la Carta Magna, donde se le otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales incorporados durante la reforma del ’94 en el Gobierno de Carlos Menem, haciendo específica referencia a la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica.
En las diferentes explicaciones que dio a la prensa a lo largo esta semana, el juez garantizó “absoluta imparcialidad” y dijo que su decisión está guiada por “criterios objetivos y no subjetivos” a pesar de las convicciones religiosas que evoca a menudo. En uno de los tuits ocultos que datan del 15 de mayo del 2020, el representante del Poder Judicial también confesó ser adherente al “nacionalismo católico” pero aclaró: “No es ideología, es doctrina. Viva la patria!!!”.
A raíz de la polémica cautelar de López, el derecho de las mujeres de todo el país de acceder, en determinadas circunstancias, a un aborto legal, seguro y gratuito queda vedado porque la posibilidad de apelación que se le concede al Ejecutivo es “en efecto devolutivo pero no en efecto suspensivo”. Entonces, hasta tanto no se resuelva la sentencia definitiva del planteo de constitucionalidad o no de la Ley 27.610, no se podrá llevar adelante esta práctica. Se estima una demora en el tratamiento de, al menos, veinte días. El Gobierno nacional, de todos modos, aclaró que, al tratarse de un juzgado federal, el fallo sólo alcanza a los efectores nacionales, pero no a las provincias, municipios o privados.
De todos modos, las autoridades bonaerenses aclararon que sí se podrán realizar este tipo de procedimientos en el marco de la aplicación de la ILE, al igual que como sucedía en Argentina hasta antes de la aprobación de la legislación de la IVE. Es decir que podrán acceder al aborto aquellas personas que requieran hacerlo, ya sea por la causal salud (cuando la continuación del embarazo genera peligro o pone en riesgo la salud de la mujer) o en casos de violencia sexual.
La medida de suspensión de la práctica de aborto legal fue interpuesta a nivel federal este lunes a partir de la petición que elevó el 11 de mayo Héctor Adolfo Seri, un abogado de 69 años que pasó por la política en la década del ‘90, cuando fue primer candidato a diputado provincial por el partido de derecha Movimiento por la Dignidad y la Independencia liderado por el excarapintada Aldo Rico. El jubilado tuvo que concluir su carrera en la función pública en medio de un escándalo al quedar involucrado en la causa por estafa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que, se calcula, generó perjuicios fiscales por al menos 100 millones de pesos.
