Un conflicto diplomático entre España y Marruecos originado en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dar acogimiento humanitario a un líder del Frente Polisario de Liberación Nacional ha provocado una crisis migratoria sin precedentes en la ciudad española de Ceuta, un enclave norteafricano en la zona del Estrecho de Gibraltar de apenas 85.000 habitantes. Se trata de la mayor crisis política, diplomática y humanitaria entre ambos países de la que se tenga memoria desde que en 1975, en pleno proceso de descolonización, Marruecos movilizó a 50.000 civiles para invadir el Sahara Occidental, hasta ese momento dominio español y ocupado desde entonces por el reino alauita, que lo considera parte de su territorio.
Ese conflicto, que se ha prolongado hasta nuestros días, tiene desde entonces como fuerzas beligerantes al Reino de Marruecos y al Frente Polisario de Liberación Nacional, la fuerza que se arroga la representación del pueblo saharaui y libra desde entonces una guerra intermitente y desigual con el ejército marroquí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de la mayor parte de los países árabes.
Con vínculos históricos con los saharauis pero obligada a mantener buenas relaciones con sus vecinos marroquíes, la diplomacia española se mueve en un fino equilibrio que en las últimas semanas se rompió a raíz de un torpe movimiento del gobierno de Pedro Sánchez. Hace un mes, ingresó en un hospital de la ciudad de Logroño, en la norteña provincia de La Rioja, un anciano con pasaporte argelino a nombre de Mohamed Bentabouch aquejado de covid y en estado de gravedad. Fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos y tras unos días de terapia su salud fue mejorando.
Al parecer, fue la inteligencia marroquí la que desveló que el enfermo era en realidad Brahim Galli, de 71 años, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y líder histórico del Frente Polisario y a quien el gobierno de Marruecos considera terrorista.
España había accedido a acoger a Galli por razones humanitarias tras un acuerdo alcanzado con Argelia, vecino mal avenido de Marruecos y uno de los pocos países que aún brindan respaldo al Frente Polisario.
Esta actuación fue entendida como un acto hostil por parte de Marruecos, cuyo gobierno ha visto reforzada la reivindicación de soberanía sobre el Sahara después de que Donald Trump, antes de dejar la Casa Blanca y al igual que hiciera al admitir a Jerusalén como capital de Israel, diera un giro a la política exterior norteamericana y reconociera a los marroquíes en su reclamo de soberanía sobre el Sahara Occidental. Marruecos es uno de los pocos países árabes que mantienen relaciones normalizadas con Israel y es un aliado fundamental de Estados Unidos en el norte de África.
Envalentonada por este reconocimiento, que Joe Biden no ha rectificado, el régimen marroquí decidió dar un escarmiento a su vecino español. El lunes por la noche quitó todos sus controles fronterizos. En pocas horas, Ceuta se vio inundada por miles de marroquíes, la mayoría jóvenes, que cruzaron con la esperanza de huir de la miseria e iniciar una nueva vida en territorio europeo. “Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir”, dijo poco antes de ser llamada a consultas la embajadora en Madrid, Karima Benyaich, una persona considerada miembro del más estrecho círculo del rey alauita, Mohamed VI.
Marruecos sabe que cuenta con un arma de gran potencia. Las vallas que lo separan de las dos ciudades españolas del norte de África, Ceuta y Melilla (sobre las que también reivindica soberanía), son la frontera entre territorios con mayor brecha de renta de todo el mundo. Se trata de puntos calientes donde la presión migratoria es constante y en los que un gesto tan sencillo como quitar o relajar los controles puede provocarle al país vecino una crisis humanitaria difícil de manejar. Miles de africanos de todas las procedencias llegan cada año a esta frontera para intentar cruzarla. Sin la colaboración de Marruecos su control es imposible.
En sólo unas horas se calcula que entraron en Ceuta, ya sea a nado o a través de las zonas de paso donde no había controles, cerca de 8.000 personas. La ciudad, de apenas 18,5 kilómetros cuadrados y rodeada de mar, vio aumentada su población en un diez por ciento.
El Gobierno de Pedro Sánchez movilizó al Ejército para intentar contener la avalancha y este miércoles a última hora la situación parecía estar bajo control.
Las fuerzas de seguridad devolvieron a 5.600 de las más de 8.000 migrantes, pero el problema político tendrá un desarrollo de difícil diagnóstico. Cientos de jóvenes deambulan desde el martes por las calles de la ciudad española sin rumbo fijo y demandando agua y comida. Muchos de ellos se han refugiado en edificios abandonados a la espera de que se resuelva su situación y con la esperanza de poder dar el salto a Europa. No se sabe cuántos menores de edad hay entre ellos y ese es uno de los asuntos de más difícil resolución.
La legislación europea y los tratados internacionales de los que España es firmante prohíben expulsar a menores no acompañados, a los que el Estado está obligado a brindar amparo. Estos niños y jóvenes se han convertido en el blanco preferido de la extrema derecha, cuyo líder, Santiago Abascal, no tardó en presentarse en Ceuta para denunciar lo que considera una invasión, exigir mano dura con Marruecos y reclamar la devolución inmediata de todos los migrantes.
La Unión Europea, por su parte, endureció su tono con Marruecos. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, advirtió de que Europa “no se dejará intimidar ni chantajear” en materia migratoria y ofreció a España recursos para asegurar la frontera en ambas ciudades africanas.
Mientras tanto, Pedro Sánchez, aunque reconoció que el movimiento marroquí supone un desafío a España, ha comenzado a hacer concesiones que se acostumbran cuando se trata de aplacar al país vecino. Su gobierno ya ha aprobado una ayuda de 30 millones de euros que se destinará, supuestamente, a dotar a Marruecos de más medios para controlar su frontera.
Además, la Audiencia Nacional ha reactivado dos causas que se instruían contra Galli por supuestos delitos de genocidio, a raíz de una querella de Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos; y por otra de detención ilegal, torturas y lesa humanidad, por una denuncia de un activista. Según los saharauis, se trata de dos procedimientos iniciados a instancias de asociaciones pro-marroquíes.
