El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, anticipó la intención del gobierno de liberar la mano invisible del mercado en materia de precios. En una reunión con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), Lavigne sostuvo que el Ejecutivo tiene la decisión de derogar la Ley de Abastecimiento, herramienta estatal para asegurar “necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”.
La norma 20.680, sancionada durante el último gobierno de Perón, bajo la gestión económica de José Ber Gelbard, otorga al Poder Ejecutivo el marco jurídico para limitar los abusos de las empresas dominantes del mercado a través de sanciones económicas frente a situaciones de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios; y la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia, e incluso márgenes de utilidad.
En medio de un feroz aumento de precios –con remarcaciones que superan el 100 por ciento en los supermercados– y a horas de ser designado, Lavigne se reunió en la Secretaría de Comercio con el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y el director ejecutivo y economista jefe de la entidad, Diego Coatz, para confirmarles que el Estado no intervendrá en la escalada y que avanzará para eliminar la herramienta jurídica que tiene a mano.
Esta mirada del gobierno de Javier Milei fue expresada por la canciller Diana Mondino en una reciente entrevista cuando aseguró que los precios serán “los que defina el mercado” y calificó al programa Precios Cuidados como “un maquillaje”. “Si alguien pone un precio muy caro, nadie le va a comprar. No hace falta tener demasiada educación para eso. Si no tiene plata en el bolsillo, no va a comprar cosas muy caras”, se despachó Mondino como si hablara de bienes de lujo y no de necesidad básicas.
La Ley de Abastecimiento no está orientada a una intervención total del Estado sino que busca corregir el poder de las cadenas comerciales concentradas, lo que queda expresada en la norma que excluya de su ámbito de aplicación a agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs).
La norma fue modificada en septiembre de 2014, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando se quitó la posibilidad de llegar a penas privativas de la libertad, pero también otras como la posibilidad de realizar congelamiento de precios, intervenir en explotaciones, establecimientos industriales y comerciales así como en empresas de transporte, disponer de bienes de producción, comercialización y distribución, restringir o prohibir exportaciones y rebajar derechos de importación y disponer exenciones impositivas.
La norma sí permite establecer precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios; disponer normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción; y disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios.
Esos ejes fueron los que guiaron los programas de precios inaugurados por Néstor Kirchner e institucionalizados por el programa “Precios Cuidados” durante el mandato de Cristina Kirchner. Programa que ni siquiera fue eliminado durante la gestión de Mauricio Macri, que sí lo redujo a su mínima expresión. La anterior vez que la Ley de Abastecimiento fue limitad fue en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem.
Entonces, mediante un decreto de necesidad y urgencia, se dispuso la suspensión del ejercicio de las facultades establecidas en la ley de Abastecimiento, con excepción del artículo 2, inciso “c”, que habilitaba al Poder Ejecutivo a “dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
Uno de los ejemplos últimos y más claros de la aplicación de la ley fue durante la pandemia de Covid-19 en el gobierno de Alberto Fernández, cuando se estableció establece la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor, para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo de todo el territorio nacional, con incluso una retracción de los precios.
El argumento de la ultraderecha para avanzar con la eliminación total de la norma es el fracaso de los planes de control de precios, que no pudieron frenar el incremento de los precios, no fueron eficiente en el control ni limitaron los abusos y márgenes de ganancias de las empresas concentradas.
Fuente: Página 12
