“La impunidad y voracidad de algunos empresarios agropecuarios deja en clara evidencia, que ni las medidas judiciales ni las multas alcanzan para frenar la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Necesitamos que en forma urgente se penalicen los desmontes“, manifiesta Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, la provincia de Chaco fue la más afectada con la pérdida de 130.487 hectáreas deforestadas entre 2016 y 2019.
En lo que va del año, la organización reveló, que a pesar de lo dictado por la Justicia, ya llevan 13.503 hectáreas desmontadas en la provincia.
“El gobernador de Chaco no puede seguir siendo cómplice de este crimen y debe aumentar fuertemente los controles para garantizar que se cumpla la suspensión establecida por la Justicia y no se siga desmontando. Ya es hora de que se penalicen los desmontes, son un crimen que pone en riesgo nuestra propia supervivencia”, declaró Cruz.
