En una decisión inédita, el Poder Judicial decidió respaldar públicamente el reclamo de Misiones por una mejor distribución de la coparticipación federal. Acompañada por su par el ministro Cristian Marcelo Benitez, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Venchiarutti Sartori puso en manos del gobernador Oscar Herrera Ahuad un documento en el que los miembros del STJ advierten que “Misiones se encuentra en el puesto 21° en la tabla de reparto de fondos entre las 24 jurisdicciones del país“.
“Ese porcentaje de coparticipación federal, resulta menor al recibido por otras provincias del país, con menor cantidad de habitantes pero con realidades sociales parecidas a la nuestra, lo cual es injusto y violatorio de la Constitución Nacional”, señala el escrito.
Desde el Poder Judicial entienden que “como uno de los Poderes del Estado misionero, corresponde expresemos nuestro apoyo y solidaridad ante dicha situación y respaldar las gestiones realizadas en tal sentido por Usted ante el gobierno nacional”.
En la nota solicitan que “si eventualmente se recibe un aumento en la coparticipación federal, ya sea la misma por Compensación Especial por Situación de Injusticia (Decreto del PEN) o por Ley del Presupuesto Nacional, tenga a bien destinar los montos suficientes para que se pueda ir aumentando paulatinamente los haberes del Poder Judicial, teniendo en miras llegar a la media nacional salarial respecto de los montos percibidos como remuneración neta por los demás poderes judiciales provinciales del país.”.
Finalmente los miembros del STJ vuelven a destacar que acompañan los reclamos del Gobierno provincial que soporta con fondos propios los gastos destinados a haberes salariales del Poder Judicial, pero entendiendo que la diferencia pretendida para mitigar la situación de iniquidad vivida por los misioneros, que afecta a los trabajadores judiciales, es motivada en la falta de aumento en el porcentaje recibido en concepto de coparticipación federal por parte del Gobierno Nacional, lo que es una cuestión que debe afrontarse por el gobierno nacional conjuntamente con el provincial, ya que la injusticia sufrida en el erario público provincial se derrama también en los trabajadores judiciales.
