Desde el pasado 23 de febrero, la Provincia litiga ante la Corte Suprema de Justicia (CSJN) contra la Casa Rosada para que remita a la jurisdicción los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador Salarial y la Conectividad, que suspendió el presidente Javier Milei apenas asumió.
El máximo Tribunal judicial, que debe decidir si es su competencia, dividió en dos el reclamo del gobierno de Hugo Passalacqua: por un lado la cuestión de fondo de la vigencia de los programas de Educación de la Nación; y por el otro el efecto suspensivo del recorte de fondos.
Desde que ingresó el escrito, el único movimiento del pedido de amparo ocurrió el primero de marzo. Entonces, la CSJN tuvo a Misiones por presentada con los abogados de la Fiscalía de Estado de la provincia y ordenó remitir por oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación la copia de la demanda y de la prueba documental acompañada.
En la misma fecha, se envió para dictamen a la Procuración de la Corte, para que opine sobre la competencia. En este largo camino judicial, donde Misiones presentó dos demandas (la primera contra el recorte de funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la desregulación del mercado yerbatero) se accedió a los fundamentos que esgrimió la Fiscalía de Estado por los fondos docentes.
El cálculo inicial de deuda por los tres componentes (al 5 de febrero) que figuran en la presentación judicial fue de 2.969.022.020 pesos, más intereses. A ello, deberá sumarse el acumulado de marzo con lo cual se superarán los 3.000 millones de pesos.
Misiones le pidió a la Corte que falle a su favor y “establezca los mecanismos presupuestarios pertinentes para garantizar que la Provincia reciba en forma periódica durante todo el ejercicio del año 2024 los fondos establecidos en las leyes antes citadas”. Recordó que el 15 de febrero de 2024 se reclamó a Economía de la Nación el pago de los importes adeudados en todos los conceptos, lo cual no ocurrió: ni siquiera se respondió.
Dos fundamentos
Los letrados de la Fiscalía de Estado sostuvieron dos puntos fundamentales para el juicio:
• La sanción de las leyes que establecieron un tributo para el FONID y el reparto del mismo; otra de 2006 que creó el Compensador salarial; y el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo con el convenio del 8 de septiembre de 2023 que consagró la paritaria nacional en el ámbito del Consejo Federal. Es decir que Passalacqua no pide un aporte a crear o nuevo sino el cumplimiento de depósito de los fondos comprometidos por decisiones del Congreso y promulgadas por el Ejecutivo.
• La vigencia de las normas al estar vigente la ley de Presupuesto 2023: “Más allá de las prórrogas que ha tenido el FONID, las cuales se abordarán más adelante, cabe señalar que está vigente para el ejercicio 2023 y 2024, adeudando la Nación las transferencias a la Provincia de Misiones por dichos períodos”. Es decir que, al no haber una ley específica de Presupuesto 2024 que haya derogado los programas y su financiamiento, queda explícita la continuidad establecida un año atrás. Para ello, remitió copia de las planillas anexas a la Ley de Presupuesto promulgada el año pasado, donde se muestra la distribución de partidas también para los tres ítems en litigio.
Para Misiones, “la falta de pago del FONID, el Programa de Compensación y Conectividad violenta la autonomía provincial consagrada en los arts. 5, 124 y 125 de la Constitución Nacional, al frustrar sus actividades económicas, perturbación difícil de mensurar, pero sin dudas objeto de tanta protección como las garantías constitucionales mencionadas anteriormente. Ello, por sobre todo, el carácter esencial que tiene la educación en la Constitución Nacional, bien público al que están destinadas dichas partidas presupuestarias”.
Fondos intangibles
Los letrados misioneros le recordaron a la Corte Suprema de Justicia que “de no hacerse lugar a la demanda se generaría un grave daño económico para la provincia de Misiones, toda vez que se verían reducidos sus recursos, violando la intangibilidad de los recursos de la provincia de Misiones conforme las normativas citadas, tanto del FONID como del Programa de Compensación y Conectividad”.
“Los recursos fiscales que se encuentran en partidas presupuestarias de la Nación asignadas a los ejercicios 2023 y 2024 deben permanecer inmodificables hasta tanto exista la sanción de una nueva ley de presupuesto emitida por el Congreso de la Nación. Lo expuesto demuestra que, de las propias disposiciones constitucionales, surge con evidencia la intangibilidad de los recursos de la provincia de Misiones, los cuales se verían afectados de no prosperar la acción intentada”.
Perjuicio y violación de derechos
La Provincia advirtió a la Corte que se perjudica a los educadores de sus derechos con la suspensión de los recursos: “Subrayamos que, cuando nos referimos a los perjuicios a la Provincia de Misiones, en realidad nos estamos refiriendo a perjuicios que se ocasionan directamente a la gente del pueblo de esta provincia. A los misioneros, al ejercicio pleno de acceder y tener educación. Derecho esencial consagrado tanto en la Constitución Nacional como Provincial. Esto es así desde que, al privársele a Misiones, en virtud de las faltas en envío de fondos derivados de normas vigentes, de recursos propios y presupuestados para sus gastos, se está perjudicando directamente a los misioneros que contarán con menos recursos para el funcionamiento cotidiano de sus servicios de enseñanza pública y privada”, sentenciaron.
Y agregaron que “el FONID es un componente de relevancia en el sueldo docente, que promedia aproximadamente el 10% del salario inicial, que en la provincia lo cobran todos los docentes de la Provincia sin distinción”.
Misiones sostuvo que en la motosierra del presidente Milei, “la pretensa tentativa de eliminar el FONID, ilustra claramente las diferencias que hay entre ajustar y ordenar el Estado. Eliminar el FONID, sin una estrategia coherente de mejora en la calidad de los servicios educacionales termina aportando poco y nada en términos de ahorro fiscal y mucho en términos de profundización del deterioro de la educación y la conflictividad docente”.
En la acusación, la Fiscalía de Estado provincial aseguró: “Una vez más, estamos en presencia de la violación de un derecho de contenido social, en el cual nuevamente se ve menoscabada a la docencia, fundamentalmente a nuestros docentes que con inmensa vocación y sacrificio personal la desarrollan. Por ello consideramos, que ante la falta de cumplimiento en el pago de los conceptos adeudados, la Nación no solamente pone en crisis la economía de la Provincia de Misiones, sino también la prestación de un servicio esencial como la educación, vulnerando los derechos del personal docente”.
