El Estado recuperará el control sanitario sobre las cargas en buques y barcazas, que durante la gestión macrista se había tercerizado en el caso de los granos. Mediante un convenio de colaboración firmado esta semana entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Oficina Anticorrupción (OA), se dispuso “la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE) de la Oficina Anticorrupción, de todas las entidades certificadoras”.
Es decir, el servicio podrá ser prestado por un organismo privado, pero este deberá estar inscripto en el señalado registro a partir del 1º de abril de 2023, para poder seguir operando en los términos que la regulación oficial disponga.
De este modo, Senasa vuelve a tener presencia activa en los puertos, ya sea mediante el control directo de la mercadería (alimentos, productos vegetales y animales, etc) cargada en bodegas y tanques de las naves, o mediante la supervisión y control de la actividad que realizan las empresas privadas autorizadas para esa tarea.
“Todas aquellas empresas que trabajen en cumplímiento de algunas de las normas de Senasa deberán tener el RITE”, señaló una fuente de Senasa, en referencia a todas las empresas y serivicios que realizan la certificaciones sanitarias y de origen de los productos embarcados.
La plataforma de Registro de Integridad y Transparencia actualmente existe, pero su inscripción es voluntaria. A partir de ahora, Senasa exigirá estar inscripto para operar en certificación de la mercadería. “Iniciamos esta etapa con una primera resolución para las controladoras de aptitud de bodegas de buques para exportación de granos y subproductos”, describió la misma fuente.
Más allá de que las desregulaciones impulsadas por el macrismo buscaban anular los controles oficiales sobre los embarques, las nuevas regulaciones fueron bien recibidas por el sector privado. “Se trabajó con el sector privado en toda la implementación, hubo consultas, se atrendió la demanda de diferentes sectores y se fijó un régimen lo más amplio posible, donde todos los organismos privados que venían interviniendo en las certificaciones podrán seguir haciéndolos, con la condición de inscribirse en el Registro”, explicó un vocero oficial.
Para Senasa, el acuerdo firmado en la Oficina Anticorrupción “es muy importante orque se enmarca en nuestra política de incorporación de criterios de integridad y de transparencia pública”, explicó Diana Guillén, su titular. El trabajo conjunto realizado potr ambops organismos en los últimos dos meses generó fuertes expectativas de una tarea de control más fructífera. “Estos criterios son parte de las políticas públicas que estamos impulsando para el desarrollo de la labor del organismo”, agregó Guillén.
