Pero hubo un dato más curioso: el 4 de mayo, exactamente trece días antes de anunciar su exilio “político”, Rodríguez Simón había solicitado él mismo medidas de prueba en la causa, en la que ahora acusa a la jueza y al fiscal Guillermo Marijuan. A través de un escrito de 58 páginas –que son 7 reales más anexos de notas periodísticas y otros documentos- aseguraba que eran complementarias al descargo que iba a hacer el 17 de junio, fecha de la tercera prórroga de su indagatoria. “Pepín” pidió que declare el empresario Fernando Marín; uno de los accionistas del Banco Finansur, Jorge Sánchez Córdova (contacto frecuente en los entrecruzamientos realizados por la Dajudeco); y el gremialista de trabajadores de juego de azar, Daniel Amoroso. Nota al pie: jamás objetó la medida sobre su teléfono, lo que en términos procesales implica consentirla. Y solicitó que se compulse que una “Comisión de Enlace” creada ad hoc por Lotería de la Ciudad lo designó asesor con el objetivo de negociar el pago de Ingresos Brutos a empresas del juego. En rigor, solo existe una designación como asesor pero de Diego Santilli, por entonces, titular de la Legislatura. ¿Un asesor tenía poder de representación?
En ese mismo texto, dejó entrever que existía en ciernes una suerte de confabulación del juego y señaló a Federico de Achaval. El lunes, en una entrevista televisiva desde el apart en el que vive, utilizó un pasaje de la testimonial del empresario para defender su posición y desligar responsabilidad. Omitió mencionar que en el caso existe acta notarial donde De Achaval, el 18 de julio de 2016 testificó ante escribano que Rodríguez Simón lo hostigó en una reunión el 23 de junio y el 5 de julio de ese año, y lo amenazó con iniciarle causas penales con pérdida de libertad. En la quiebra de Oil Combustibles se extrajeron testimonios ante la primera denuncia sobre “Pepín” el 11 de abril de 2019. Marijuan lo imputó el 12 de mayo y el 15 amplió el requerimiento. Pero hubo dos hechos recientes que precipitaron la intempestiva jugada del asilo: la negativa de Casación a conceder un recurso extraordinario para que no se incorpore un peritaje más amplio sobre los teléfono de Macri & Cia y la inclusión como persona de interés del abogado Marcelo Rufino, externo a YPF pero encargado de negociar los activos petroleros de Oil en la quiebra, supuestamente representando los intereses de la petrolera estatal. El escenario empeora si, como confirman en Juntos por el Cambio, “Pepín” anunció su intención de pasar a la clandestinidad a Macri, a Carrió y a Horacio Rodríguez Larreta. Carrió ya lo había desconocido por “su modo de hacer política”.
La frase que atravesó tribunales ayer dejó flotando un interrogante: “Si por un entrecruzamiento de teléfonos pidió asilo…”.
