Hace rato que Casación se volvió el tribunal más estratégico de Comodoro Py por su intervención en los distintos procesos de instrucción de los jueces federales bajo su jurisdicción como por tener casi la última palabra en cuanto a la realización o revisión de si deben realizarse determinados juicios orales.
El dato para considerar que puede replicarse una discusión espinosa tiene que ver con lo ocurrido el viernes último en la siempre parsimoniosa Comisión de Administración Financiera que comanda el abogado Diego Marías. Desapercibida en la discusión por la confección del presupuesto, quedó afuera el financiamiento para la Cámara Federal de Luis Piedrabuena, en Santa Cruz. El hecho tuvo una gestualidad que cruzó como un dardo hacia su verdadera destinataria: Cristina de Kirchner. Sencillamente, se excluyó incluir en el presupuesto la compra del inmueble donde debería funcionar ese tribunal, y junto a eso la previsión para cubrir los salarios del personal y de los magistrados asignados a esa jurisdicción. Una manera directa para que no pueda entrar en funciones. Esa Cámara esquivaría a Comodoro Rivadavia como la alzada de los expedientes tramitados en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Su diseño e impulso había sido protagonizado por el kirchnerismo. La decisión de la Comisión puso en suspenso ese proyecto, al menos hasta que deba ser refrendado por el plenario que definirá el número final de lo que consideran para pedir su presupuesto 2023 al flamante ministro de Economía Sergio Massa, que ya pidió que la previsión ya salga con alguna poda. Alberto Fernández envió a Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez con esa destinación que sigue deambulando en el Senado, ahora con el riesgo de quedar desfinanciada.
La agenda de Selección se preconfigura jugosa y agrega un condimento extramuros. Todos los consejeros elegidos por los distintos estamentos ingresarán en breve en modo electoral. Y eso que deben renovar para noviembre sus sillas en representación de los estamentos de jueces, abogados y académicos. También ingresan en campaña con la necesidad de exhibir resultados para sus electores. Por eso la agenda cuenta con decisiones trascendentales en medio de un clima caldeado por lo ocurrido el viernes. Las definiciones van desde ampliar la convocatoria para entrevistas personales del concurso para un juzgado en lo Penal Económico hasta el llamado a concurso e integración del jurado para evaluar la vacante del también trasladado juez Germán Castelli, que ocupa el Tribunal Oral Federal que debe llevar adelante (algún día) el juicio por la causa “Cuadernos”. Está demás advertir que ese concurso será uno de los más mirados de los últimos tiempos.
Adicionalmente, y como parte del paquete de traslados que resulta muy incómodo para resolver están los traslados “no horizontales pendientes de resolución”. Incluyen la jurisdicción de Lomas de Zamora y la consideración de la vacante existente en el juzgado Federal de Posadas, Misiones que, junto con el de Chaco, que también será analizado tienen como aditivo que se trata de juzgados con competencia electoral. Zunilda Nirempeger ya realizó una presentación.
Si la interna del Frente de Todos se devoró también gran parte del tiempo en el que no se nombraron magistrados es una probable explicación, aunque incompleta. Cierto es que luego de los resultados de las PASO de 2021 y hasta el recambio en el Senado donde se achicó el margen que el oficialismo tenía para aprobar pliegos a sola firma, desde la oposición sobrevoló el mensaje de que no debían aprovechar la ventana temporal para liquidar el stock de nombramientos. Como si hubiese un código no escrito para sancionar ese comportamiento.
El Ejecutivo tenía a mano unos 33 nombres para enviar al Senado. Del listado que la Casa Rosada estaba puliendo a fines de junio, el destino más relevante era el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario, Santa Fe que reeditaría a un candidato ya propuesto en 2018 durante la administración de Macri y cuyo pliego fue retirado en febrero de 2020. En la lista se contabiliza mayor densidad de lo penal en el cúmulo de nominaciones. Esto incluye dos integrantes para los Tribunales Orales Federales de Rosario (llevan adelante juicios contra el narcotráfico, y una plaza para el TOF de Comodoro Rivadavia, tribunales orales de la Capital, un juzgado federal de primera instancia en Córdoba, varias vacantes en la Cámara Nacional de Casación, entre otros.
Su destino, a esta altura es incierto. Pero el récord ya se encuentra holgadamente cumplimentado merced a la acción u omisión de dos de los Poderes del Estado que más duramente suelen cuestionar al Judicial. Generalmente, los motivos no siempre acompañan la relevancia de los problemas.
