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miércoles, 5 octubre, 2022
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    Pese a la crisis de vacantes, hace un año que en Argentina no se nombran jueces

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    En Argentina, hace un año que no se nombran jueces y fiscales federales o nacionales. El 19 de agosto de 2021 fue la última audiencia en el Senado donde se prestó acuerdo para la designación de una treintena de pliegos y desde entonces, no se cubren vacantes pese a ser uno de los problemas críticos para el funcionamiento del Poder Judicial. Los trámites para los cargos ya concursados están varados en distintas instancias. El Consejo de la Magistratura pulsea por elevar algunas ternas y no logra destrabar la de la estratégica Cámara Federal de comodoro Py, los senadores tienen a estudio otros 47 postulantes que fueron remitidos este año. Pero el Poder Ejecutivo también adeuda un puñado importante de elección de candidatos. Antes de la feria de invierno, se presumía que el presidente Alberto Fernández iba a desagotar parte de ese stock con los pliegos que ya estaban para la firma. No ocurrió. La Comisión de Acuerdos del Senado se puso en marcha el 5 de julio pasado pero todavía no hay novedades para el recinto. El cálculo asciende a 90 plazas en juego que están trabadas en las distintas instancias. Algunos de esos cargos, son clave. El Frente de Todos, en los distintos resortes de poder que ocupa dejó pasar un año entero para una cuestión que siempre es considerada medular.

    En el camino hubo dos novedades para ser leídas con atención. Ambas provinieron del órgano de selección y remoción de jueces en las últimas horas. Y preanuncian que las discusiones podrían volverse todavía más friccionadas. La relevante tiene como eje a la Cámara Federal de Casación Penal, donde hay un concurso en marcha por la plaza que dejó vacante Liliana Catucci por jubilación. Es el mismo proceso por el que se excluyó del concurso al juez mendocino Walter Bento. Si bien hay un cargo sobre la mesa, podrían transformarse en 3, con la posibilidad de designar al 25% del máximo tribunal penal del país adonde, por ejemplo, desembocan las principales causas que están en juicio oral, además de haberse transformado en el tribunal que interviene en el proceso de instrucción como una extensión de su poderío. La novedad quedó plasmada en la agenda que tiene por delante la Comisión de Selección del Consejo prevista para este jueves, presidida por el académico Diego Molea.

    El punto 19 del temario propuesto (que no significa que se logre abordar pero que ya queda planteado) refiere a las consecuencias del fallo de la Corte Suprema respecto a los traslados de jueces, especialmente la situación de Leopoldo Bruglia y de Pablo Bertuzzi. El Consejo se puso por delante definir una cuestión no menor: qué hacer con los “traslados no horizontales con acuerdo del Senado posterior”. Esa situación solo describe a uno de los jueces que habían sido trasladados por Mauricio Macri: el camarista Carlos Mahiques, que hoy preside la Sala II pero que ocupa la vocalía N°7. El ítem hace referencia puntual a “la consideración de la vacante existente en la vocalía 7 de la Cámara Federal de Casación Penal y la eventual comunicación al Poder Ejecutivo Nacional”. Es decir, si consideran que pese a haber obtenido acuerdo del Senado, ese traslado colisiona con alguno de los criterios del fallo de la Corte. Si bien hipotética, abre la posibilidad de una segunda vacante para un concurso en marcha. La tercera tiene relación con una cuestión cronológica. El tope de edad que alcanzará el camarista Eduardo Riggi a partir de febrero.

    Hace rato que Casación se volvió el tribunal más estratégico de Comodoro Py por su intervención en los distintos procesos de instrucción de los jueces federales bajo su jurisdicción como por tener casi la última palabra en cuanto a la realización o revisión de si deben realizarse determinados juicios orales.

    El dato para considerar que puede replicarse una discusión espinosa tiene que ver con lo ocurrido el viernes último en la siempre parsimoniosa Comisión de Administración Financiera que comanda el abogado Diego Marías. Desapercibida en la discusión por la confección del presupuesto, quedó afuera el financiamiento para la Cámara Federal de Luis Piedrabuena, en Santa Cruz. El hecho tuvo una gestualidad que cruzó como un dardo hacia su verdadera destinataria: Cristina de Kirchner. Sencillamente, se excluyó incluir en el presupuesto la compra del inmueble donde debería funcionar ese tribunal, y junto a eso la previsión para cubrir los salarios del personal y de los magistrados asignados a esa jurisdicción. Una manera directa para que no pueda entrar en funciones. Esa Cámara esquivaría a Comodoro Rivadavia como la alzada de los expedientes tramitados en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Su diseño e impulso había sido protagonizado por el kirchnerismo. La decisión de la Comisión puso en suspenso ese proyecto, al menos hasta que deba ser refrendado por el plenario que definirá el número final de lo que consideran para pedir su presupuesto 2023 al flamante ministro de Economía Sergio Massa, que ya pidió que la previsión ya salga con alguna poda. Alberto Fernández envió a Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez con esa destinación que sigue deambulando en el Senado, ahora con el riesgo de quedar desfinanciada.

    La agenda de Selección se preconfigura jugosa y agrega un condimento extramuros. Todos los consejeros elegidos por los distintos estamentos ingresarán en breve en modo electoral. Y eso que deben renovar para noviembre sus sillas en representación de los estamentos de jueces, abogados y académicos. También ingresan en campaña con la necesidad de exhibir resultados para sus electores. Por eso la agenda cuenta con decisiones trascendentales en medio de un clima caldeado por lo ocurrido el viernes. Las definiciones van desde ampliar la convocatoria para entrevistas personales del concurso para un juzgado en lo Penal Económico hasta el llamado a concurso e integración del jurado para evaluar la vacante del también trasladado juez Germán Castelli, que ocupa el Tribunal Oral Federal que debe llevar adelante (algún día) el juicio por la causa “Cuadernos”. Está demás advertir que ese concurso será uno de los más mirados de los últimos tiempos.

    Adicionalmente, y como parte del paquete de traslados que resulta muy incómodo para resolver están los traslados “no horizontales pendientes de resolución”. Incluyen la jurisdicción de Lomas de Zamora y la consideración de la vacante existente en el juzgado Federal de Posadas, Misiones que, junto con el de Chaco, que también será analizado tienen como aditivo que se trata de juzgados con competencia electoral. Zunilda Nirempeger ya realizó una presentación.

    Si la interna del Frente de Todos se devoró también gran parte del tiempo en el que no se nombraron magistrados es una probable explicación, aunque incompleta. Cierto es que luego de los resultados de las PASO de 2021 y hasta el recambio en el Senado donde se achicó el margen que el oficialismo tenía para aprobar pliegos a sola firma, desde la oposición sobrevoló el mensaje de que no debían aprovechar la ventana temporal para liquidar el stock de nombramientos. Como si hubiese un código no escrito para sancionar ese comportamiento.

    El Ejecutivo tenía a mano unos 33 nombres para enviar al Senado. Del listado que la Casa Rosada estaba puliendo a fines de junio, el destino más relevante era el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario, Santa Fe que reeditaría a un candidato ya propuesto en 2018 durante la administración de Macri y cuyo pliego fue retirado en febrero de 2020. En la lista se contabiliza mayor densidad de lo penal en el cúmulo de nominaciones. Esto incluye dos integrantes para los Tribunales Orales Federales de Rosario (llevan adelante juicios contra el narcotráfico, y una plaza para el TOF de Comodoro Rivadavia, tribunales orales de la Capital, un juzgado federal de primera instancia en Córdoba, varias vacantes en la Cámara Nacional de Casación, entre otros.

    Su destino, a esta altura es incierto. Pero el récord ya se encuentra holgadamente cumplimentado merced a la acción u omisión de dos de los Poderes del Estado que más duramente suelen cuestionar al Judicial. Generalmente, los motivos no siempre acompañan la relevancia de los problemas.

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