A principios de abril pasado, en el marco de la reunión del G-20, el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, la necesidad de bajar los sobrecostos en los programas del FMI, que considera “regresivos y procíclicos”. Consultadas fuentes del organismo multilateral por Ámbito señalaron que aún no “tienen una fecha para el tratamiento de este tema”.
Según las normas del organismo multilateral, para créditos como el que tiene la Argentina, cuando el nivel de deuda excede el 187,5% de la cuota del país se pagan 200 puntos básicos más que la tasa base del FMI. Y si el programa se extiende por más de tres años, el sobrecosto sube a 300 puntos básicos.
La cuota argentina del FMI suma unos 4.540 millones de dólares (3.187 millones de DEG). El préstamo vigente con el país alcanza a 45.453 millones de dólares a valor presente, según señala Joaquín Waldman de Ecolatina. El 187,5% de la cuota equivale a 8.490 millones de dólares, de donde el país paga sobrecargos por U$S 36.963 millones. El 2% de sobretasa equivale a U$S 738 millones.
Ante el requerimiento de reducir los sobrecostos que formulara en ese momento el titular del Palacio de Hacienda, Georgieva declaró que “el pedido del ministro Guzmán sobre las tasas “llega en un momento donde se está rediscutiendo el sistema del Fondo. Está en revisión y escuchamos las propuestas de los miembros”. Sin embargo, la economista justificó los cargos al señalar que “las sobretasas se usan para financiar a los países cuando tienen problemas y eso implica un riesgo alto”.
En medios oficiales, en tanto, se comenta que se ha avanzado mucho en el entendimiento con el Fondo. La Argentina viene mostrando disciplina fiscal – el aspecto que más observa el organismo – al punto que las previsiones son que el déficit primario se ubicaría en el orden del 3% para el año en curso.
Si bien el nuevo acuerdo con el FMI tendría una duración de 10 años (dentro del Programa de Facilidades Extendidas) la conducción económica intentará que en el nuevo entendimiento se incluya una cláusula referida a que, en caso que el organismo adopte planes a más largo plazo, la Argentina pueda acceder a este beneficio. Se considera, además, que esta cláusula facilitaría la aprobación del Congreso que deberá tener el nuevo entendimiento con el FMI.
Se descuenta que el Gobierno hará el primer pago de capital de la deuda con el FMI por 1.880 millones de dólares que vence en septiembre, pero la incógnita es si se logrará un acuerdo antes del siguiente vencimiento, también por 1.880 millones de dólares, en diciembre venidero. Es que, según los tiempos del Parlamento, en la Casa Rosada se estima que el acuerdo podrá ser firmado recién el año que viene.
Si esto no sucediera, la Argentina deberá utilizar prácticamente la totalidad de los 4.335millones de dólares que se recibieron por la transferencia extraordinaria de los Derechos Especiales de Giro para hacer frente a sus compromisos con el Fondo.
Dificultades
No existen dudas, en cambio, en cuanto a la necesidad de alcanzar un entendimiento a corto plazo. Sucede que en el primer semestre del año que viene el pago de capital al FMI suma 7.100millones de dólares y el 22 de marzo venidero es la fecha límite para alcanzar un acuerdo con el Club de París (sujeto al acuerdo con el Fondo). “Con reservas netas terminando el año en torno a 7.000millones de dólares no habrá margen para seguir demorando un acuerdo”, sostiene un estudio de la consultora pxq.
En este contexto los mercados están apostando a que Argentina finalmente acordará con el FMI, como refleja la suba de los activos argentinos registrada en los últimos días.
De todas formas, llegar a un entendimiento con el FMI no parece tarea sencilla, según señalan los analistas. Se especula con que los técnicos del organismo multilateral pedirán que el programa fiscal argentino converja en el tiempo a un superávit primario del orden de 2% del PBI. Pero es de prever que “los mayores ajustes los pidan para el año que viene, ya que va a ser difícil que se apriete mucho el cinturón en 2023 porque hay elecciones”, según sostienen.
A ello se agrega que los técnicos del Fondo están siendo más estrictos en los análisis de las condiciones de endeudamiento de los países.
En los enfoques tradicionales del Fondo, cuando se hablaba de deuda se refería al sector público no financiero. Pero un trabajo elaborado por el Board de enero este año e – “Revisión del marco de sostenibilidad de la deuda para países de acceso al mercado”, particularmente en el punto 40 – se sostiene que cuando un país tiene déficit cuasi fiscal, es decir deuda relevante del Banco Central, esos pasivos deben ser incluidos en el análisis de sustentabilidad de la deuda.
Esto significa que el cálculo de la deuda del país resulta mayor que el que surgiría de los análisis tradicionales y, por lo tanto, el superávit que se requiere al país, el esfuerzo fiscal, para hacer frente a los compromisos, también es más alto. Análisis técnicos ubican este esfuerzo adicional entre 0,5 y 1% del PBI.
Es de prever que alguna de las pistas sobre el previsto acuerdo con el Fondo se incluya en el próximo proyecto de presupuesto que el Ministerio de Economía terminará de elaborar a mediados de septiembre.
Por lo pronto, fuentes de la Casa Rosada indican que no son partidarios de recortar el gasto público, de donde se infiere que posiblemente se avance en la presión impositiva. Aunque, en tiempos de campaña, las fuentes oficiales tienden a descartar la prórroga para el 2022 del Impuesto Impuesto a la Riqueza, cabe recordar que el propio Guzmán lo planteó como una posibilidad. Es que este impuesto representa una recaudación relevante (0,5% del PBI). Además, es un impuesto que es avalado por el FMI.
Por lo pronto, en fuentes oficiales también se adelanta que el Ejecutivo impulsará distintos proyectos en el Congreso tras las elecciones. Incluyen modificaciones impositivas, una nueva ley de hidrocarburos y la segmentación de las tarifas públicas.
A corto plazo, la alta fuente consultada por Ámbito reconoció que la marcha de los precios “es lo que más preocupa al Gobierno”. Si bien se confía en que la inflación tendrá una tendencia descendente, no se descartan algunos cambios.
Por caso, se prevé una mayor intervención del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para controlar la formación de precios entre los productores, en lugar de poner “tanto énfasis en la comercialización” como critican en algunos sectores del gobierno, viene sucediendo con la gestión de la secretaria de Comercio, Paula Español.
Ámbito
