Como asesor de organizaciones sindicales tuvo un rol activo en la formación y difusión de la Asociación del Personal de Plataformas (APP) que se propuso como el primer gremio creado para representar específicamente a trabajadores de reparto bajo las nuevas tecnologías. También participó de los debates que desembocaron en el diseño de un anteproyecto de ley para regular el trabajo en aplicaciones y que la gestión de Moroni intentó llevar al Congreso sin éxito. Los cálculos más cautelosos señalaban en 2020 que una normativa de esas características apuntaría a establecer normas más estables para el desempeño de la tarea de al menos 60 mil repartidores. Fue además consejero del sindicato de aceiteros de San Lorenzo.
De todos modos la impronta de Tomada es el dato saliente del arribo de Ottaviano a Trabajo. El exministro estuvo en varias oportunidades en boca del kirchnerismo como candidato a suceder a Moroni en cada tembladeral que atravesó esa cartera, más allá de que las gestiones de ambos funcionarios no lucieran demasiado diferentes. Tanto Tomada en sus doce años como el antecesor de Olmos tuvieron un rol de monitoreo de las paritarias en la medida en que acompañaban los procesos inflacionarios y sólo se mostraron algo más rígidos cuando un sindicato sostenía con un conflicto un reclamo que saliera de la media. Olmos, de hecho, lo hizo la semana pasada al impugnar el pedido de aumento de 131% de Camioneros. Otro rasgo saliente de lo que va de la actual gestión es su negativa, al igual que Moroni, a la implementación de una suma fija para apuntalar los salarios más bajos como reclaman Cristina de Kirchner y La Cámpora.
La otra incorporación a la estructura de Trabajo es la de Javier Mouriño, también como asesor. En la actualidad es director del IFAP, una suerte de consejero político de Kelly Olmos y cuenta con una extensa trayectoria dentro de las diversas ramas del peronismo. Se desempeñó como diputado nacional en los 90 muy cercano al exministro del Interior Carlos Corach, y llegó a ser secretario general de la gobernación bonaerense durante el mandato de Daniel Scioli. Si Ottaviano cuenta con la responsabilidad primaria de velar por la firma y el ordenamiento jurídico de Trabajo, Mouriño tiene la premisa de cuidar las espaldas políticas de la funcionaria.
