Al ser una ley creada en 1988, se hace necesario adecuarla a “las necesidades del paso del tiempo y la experiencia de su aplicación”, explicó la diputada Natalia Rodríguez, autora del proyecto que tuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Representantes.
Rodríguez explicó que en la propuesta “se ha privilegiado la claridad de las normas, los derechos y deberes de los colegiados y su integración al ámbito natural de quienes ejercen una misma profesión”.
Si luego el dictamen es convertido en ley, se modificarían y eliminarían temas redundantes o contemplados en normas de mayor jerarquía, referencias a expresiones de difícil comprensión e interpretación y artículos que han perdido vigencia.
Para el caso particular de la cancelación o suspensión de la matrícula por parte de la Comisión Directiva o el Tribunal de ética, se admitiría una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, como sucede en otros colegios, y no ante el Ministerio de Gobierno, lo que significa el eventual agotamiento de la vía administrativa y el posterior proceso contencioso administrativo.
También se reglamentarían con mayor detalle temas relacionados con las asambleas y la elección de autoridades para aportar claridad a la interpretación y aplicación de la normativa, así como también respecto del número de los integrantes de la comisión directiva central y de las comisiones zonales.
La intención es “aportar al mejor funcionamiento del Colegio, así como también a la revalorización del profesional arquitecto, reafirmando sus incumbencias profesionales específicas”, argumentó Rodríguez.
