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viernes, 26 abril, 2024
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    Senado busca acelerar plan para que se puedan jubilar más de 700.000 personas

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    La comisión de Trabajo de la Cámara alta, que preside la legisladora cristinista Juliana di Tullio -volvió del exterior tras un viaje a la OIT-, empujará desde esta tarde un dictamen del proyecto que establece un plan de pagos de deudas previsionales, con el objetivo de que más de 740.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año.

    Desde Juntos por el Cambio ya deslizaron el rechazo a la iniciativa en cuestión y criticaron que no se convoque a la comisión de Presupuesto o, por ejemplo, que no se conozca la opinión sobre todo esto del ministro de Economía, Martín Guzmán.

    En caso de aprobarse, la norma permitirá regularizar períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008 inclusive con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

    Durante la presentación de la iniciativa -en mayo pasado-, la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos y firmante de la iniciativa, Anabel Fernández Sagasti, consideró que se trata de “una medida urgente” que el Senado debe abordar y aclaró que el costo fiscal que tendrá la norma “es casi nulo”, de un 0,02%.

    “Se hace dificultoso que las personas que cumplen este año 60 y 65 años puedan cumplir con los requisitos de los 30 años de aportes para poder jubilarse este año y el año que viene”, argumentó la mendocina.

    De acuerdo con las estimaciones, en lo que resta de 2022 aproximadamente 500.000 personas en la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la norma. Además, otras 300.000 estarían en condiciones de adherir en 2023.

    En caso de avanzar con un despacho de mayoría, el Frente de Todos sumará un tema más para la sesión que piensa, en principio, para el jueves 30. Para dicho encuentro ya están en bandeja, entre otras cuestiones, los pliegos de Oscar Laborde, Gabriel Fuks y Pablo Vilas como embajadores argentinos en Venezuela, Ecuador y Honduras, respectivamente. También aparecen proyectos sobre “oncopediatría” y la nueva ley de HIV, que ya tuvieron luz verde en Diputados y podrían ser sancionadas.

    Diputados

    La Cámara baja sesionará mañana, desde las 11, para aprobar y girar al Senado un alivio fiscal a favor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 trabajadores autónomos de todo el país. El texto permite a los primeros adelantar, al 1 de julio, el ajuste para los montos máximos de facturación. Sobre el total de los involucrados, el beneficio está dividido en el 39% de la región del AMBA y el 61% de las provincias del interior.

    En tanto, para los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias -140.000 contribuyentes-, la solución que evalúa el proyecto se centra en incrementar las deducciones, a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia.

    De esa manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. Así, la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicará de $707.181,58 a $454.616,72. Además, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible. Los detalles de la iniciativa fueron explicados en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja por la legisladora massista Mónica Litza (Frente de Todos-Buenos Aires).

    El proyecto fue propuesto por el presidente de Diputados, Sergio Massa, y fue firmado también por opositores como Alejandro Rodríguez (interbloque Federal) y Margarita Stolbizer.

    Durante el debate en comisión, y desde Juntos por el Cambio, el radical Alejandro Cacace reclamó “igual trato” para autónomos y monotributistas que los trabajadores en relación de dependencia y anunció un dictamen de minoría.

    Para la sesión de mañana, Diputados además intentará sancionar un proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen la función pública, y aprobar otra iniciativa para que se coloque la frase “Las Malvinas son argentinas” en todas las dependencias del Estado.

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