Ante opiniones y declaraciones públicas reproducidas en los últimos días en distintos medios de comunicación referidas a las islas Malvinas, la Defensoría del Público y la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur destacaron la continuidad histórica de la
soberanía sobre esos territorios y se manifestaron a favor de un abordaje periodístico respetuoso y preciso de esta temática, que no ponga en cuestión la posición adoptada por el Estado Argentino.
Es pertinente aclarar que ambos organismos vienen trabajando en la elaboración de unas recomendaciones para el abordaje periodístico respetuoso de esta temática. En ese marco, se puntualizan algunas cuestiones, tanto referidas al plano histórico-legal, como al
geopolítico, el económico y el humanitario.
Respecto de los títulos de soberanía argentinos y los datos
históricos.
Entre otras expresiones de similar tenor, escritores e intelectuales dijeron que “las Malvinas son territorio británico” y se refirió a “tierras que, aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX, es decir, cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina”.
Sobre este punto, consideramos de importancia describir la continuidad histórica de la soberanía sobre estos territorios para un correcto abordaje del tema. Lo cierto es que España tenía la posesión material y ejercía su soberanía plena sobre las Islas Malvinas al momento en que las Provincias del Río de la Plata se separaron de la metrópoli el 25 de mayo de 1810. Y así fue reconocido en los tratados bilaterales entre España y el Reino Unido del siglo XVII y XVIII que confirmaban la exclusividad de España sobre las regiones del Atlántico Sur. En este sentido, es muy importante el reconocimiento de la soberanía española por el rey de Francia en
1767. Desde entonces hubo una autoridad residente en el ejercicio continuado de la jurisdicción española a través de una sucesión de 32 gobernadores en las islas, dependientes de Buenos Aires.
El Estado que sucedió a España en la soberanía sobre Malvinas es el que se conoció con el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata y más tarde con el de República Argentina. El 6 de noviembre de 1820 la Argentina tomó públicamente posesión oficial de las Islas Malvinas e izó por primera vez el pabellón nacional en ellas, lo que significó el ejercicio del título de soberanía existente desde 1810 por medio de la posesión efectiva.
El posterior decreto del 10 de junio de 1829 que creó la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas se sustentó en esa realidad preexistente. Se trató del ejercicio de pleno derecho de la sucesión argentina a los derechos de España. Una regla consuetudinaria de carácter general aplicable a los territorios de los nuevos Estados, ampliamente aceptada y oponible a terceros.
Hasta el momento de la usurpación británica en 1833 la Argentina continuó realizando innumerables actos de soberanía y la ejerció de forma pública, pacífica, ininterrumpida y de buena fe. Y la usurpación jamás fue aceptada o consentida, constituyendo el reclamo un mandato constitucional.
Respecto de la extensión y los intereses en juego
En relación a la extensión territorial que se encuentra abarcada por la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, es importante destacar que involucra más de dos millones de kilómetros cuadrados entre territorio y espacios marítimos, una superficie mayor que la de la Argentina continental y casi diez veces la del Reino Unido, y no “ alrededor de 12 mil kilómetros cuadrados.” como se manifestó en una entrevista reciente.
La disputa con el Reino Unido en el Atlántico Sur no se limita al territorio del archipiélago de Malvinas. Si tomamos en cuenta Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos
correspondientes, se trata de más de 2.000.000 de kilómetros cuadrados de una de las regiones más ricas del planeta.
Estos datos no se pueden desconocer entre las razones por las cuales Reino Unido usurpó en 1833 las Malvinas y hoy mantiene su dominio colonial, y desde ya que no se limitan a la tutela de quienes hoy viven en ellas. A las mismas podríamos sumar sus pretensiones respecto de la Antártida, el control del pasaje bioceánico y los cuantiosos recursos naturales. Lo que además justifica la permanencia de una enorme base militar británica en las islas.
Respecto de los isleños y la soberanía.
Otras declaraciones recientes señalaron que “hay gente que vive ahí hace varias generaciones y también habría que tomarlo en cuenta”. Las posiciones del Estado Argentino no solo contemplan las necesidades y los derechos humanos de los actuales habitantes, sino que expresó la intención de sostener y profundizar esta posición. Ahora bien, en ningún caso se debería interpretar esto como forma de justificar un supuesto derecho de libre determinación de los
pueblos a los actuales habitantes de las Islas.
En la Cuestión Malvinas se trata de la ocupación a un joven Estado independiente de una parte de su territorio por la máxima potencia colonial de la época. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que la forma de poner fin a la situación colonial es la negociación entre Argentina y el Reino Unido para resolver la disputa sobre la soberanía, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas. Y Argentina inscribió en su Constitución que el respeto
del modo de vida de los habitantes es una condición a la que se obliga.
Una comunicación responsable no debe obviar que el territorio en disputa y sus cuantiosos recursos, que corresponden por derecho a todos los argentinos, siguen siendo objeto de un anacronismo en pleno siglo XXI como lo es un dominio colonial.
Respecto de quiénes reivindican la soberanía
Según las mencionadas declaraciones públicas, la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas sólo interesaría a “sectores pro malvineros”. Esta afirmación desconoce gran parte de la historia
argentina que indica que este tema no fue patrimonio de un sector político sino de todo el arco político en su conjunto:
– El tema está expresado en la Constitución Nacional mediante su Disposición Transitoria Primera: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de esos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino” .
– Todas las fuerzas políticas de ambas Cámaras del Congreso ratificaron, a través de la declaración de Ushuaia firmada en 2012, la soberanía argentina sobre las Malvinas,
agradecieron la solidaridad de los países latinoamericanos y rechazaron el proceso de militarización de las Islas por parte del Reino Unido.
– En 2020 se aprobó por unanimidad la Ley 27.558 que crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, con el objeto de constituir un espacio plural con el máximo nivel institucional que diseñe estrategias de mediano y largo plazo;
– Por otra parte, ya a nivel internacional, el consenso mundial respecto a la necesidad de poner fin al colonialismo en Malvinas se expresó en las Naciones Unidas cuando se aprobó la
Resolución 2065 (XX) sin ningún voto en contra, ni siquiera el del Reino Unido.
