La falta de formación ciudadana (alguna vez llamada Instrucción Cívica en la educación obligatoria), hoy nos pone en debate de por qué las universidades argentinas son autónomas y, como tales, sostienen su autarquía. Un debate, otra vez, que el Gobierno nacional puso en la agenda pública, al amenazar con auditorías continuas sobre los gastos de las casas de estudio estatales, a cambio de mejorarles los recursos este año.
Cabe recordar que hoy, en todo el país, se realizarán marchas en defensa no solo de la educación universitaria gratuita, la investigación científica y tecnológica que tuvo su última reforma universitaria en la Constitución de 1994.
Sin embargo, 30 años después, en el Gabinete nacional, representantes políticos de todas las vertientes parecen no haber leído el inciso 19 del artículo 75 de carta magna nacional. El mismo, faculta al Congreso nacional a decidir sobre varias cuestiones institucionales en el Estado. Y, en el final del inciso 19, deja en claro la postura que los convencionales de entonces (peronistas, radicales, de centro derecha) consensuaron para la educación superior universitaria del país: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación (…) que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.
